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Desde mi condición de ciudadano, rechazo la propuesta de la Federación Colombiana de Municipios -Fedemunicipios- de solicitarle al nuevo Congreso de la República, modificar la actual regulación al derecho y aplicación de las acciones populares. Argumentan que sus efectos han ocasionados graves problemas financieros a los entes municipales y que es necesario limitar su poder sobre los recursos públicos.

Si el legislativo llega a aprobar esta propuesta, estaríamos entrando en un retroceso histórico, dándole un reversazo a los avances en términos de democracia participativa que trajo nuestra constitución a finales del siglo pasado. Lo que busca la pretenciosa Federación es nada más que desconfigurar el Estado Social de Derecho.

Las acciones populares son un mecanismo constitucional para la protección de los derechos  e intereses colectivos. Su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre esos derechos y restituir las cosas a su estado anterior, cuando es posible. Bajo este marco, ha sido posible que la ciudadanía haya incidido sobre su realidad cuando los gobiernos han fallado.
 
En Cartagena de Indias, por ejemplo, destaco la acción popular en proceso de cumplimiento que falló el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena a favor de la comunidad de Paraíso II en el 2008. Este barrio hace parte de los llamados "pobres históricos". Está asentado en los alrededores de la falda de la Popa.

El mecanismo constitucional puso a soñar a sus habitantes: el Distrito tiene que mejorar la vía de acceso (la conocida calle "los cerderos"), el alcantarillado y otros servicios. Se cansaron de esperar 30 años al Estado colombiano y a la Alcaldía de Cartagena para tener una vida digna. Nunca llegaron las políticas públicas ni las promesas de los politiqueros. Pero sí llegó la justicia.

A través de este medio, le rendimos un merecido reconocimiento a la comunidad de Paraíso II y al liderazgo responsable de Javier Salcedo y Arnaldo Carmona. Estos dirigentes comunales tuvieron la valentía de enfrentar la incredulidad y el poder de la desesperanza.

Por experiencias como éstas, es que debemos proteger nuestra constitución y sus mecanismos de protección de derechos, de las manos de algunos Alcaldes que cometen permanentemente acciones impopulares. Señores de la Fedemunicipios, el problema no son las acciones populares. Son las impopulares las que dan pie a que la ciudadanía se vea obligada a exigir sus derechos colectivos.

No pretendan quitarle poder a la gente. Saben que, ese, es el mayor peligro de los poderosos irresponsables.


* Estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar



No son las populares. Son las impopulares
Por Luis Enrique Torres Fernández *


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