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Los escollos encontrados por el alcalde Dionisio Vélez en su primer mes de gobierno




        CARTAGENA
Cuando se posesionó, el pasado 22 de julio, como nuevo alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo tenía claro que no podía conformar todo su gabinete de manera inmediata: "así yo me posesione, debido a que el proceso de empalme durará un mes, en ese tiempo irán entrando y posesionándose los otros funcionarios", les había dicho Vélez a varios periodistas. Lo que sí creía que podía lograr en sus primeros días de gobierno, con la colaboración de sus más cercanos colaboradores, era poner la casa en orden. Esa fue, justamente, la directriz que les impartió a Carlos Coronado (su secretario General), Jaime Ramírez (su asesor Jurídico) y, Marcela Ariza (su secretaria Privada), los primeros funcionarios con quienes se reunió en su despacho el primer día de trabajo. El mandatario estaba seguro de lograrlo ya que "tenemos para Cartagena el mejor equipo de trabajo, el cual hemos venido conformando de acuerdo a las necesidades de la ciudad", como les dijo también a otros comunicadores. 

Como se recordará, desde su propia campaña, pero sobre todo desde su elección el pasado 14 de julio, Vélez Trujillo se comprometió también a poner en marcha el sistema masivo de transporte y los hospitales locales, a recuperar la seguridad ciudadana, a generar confianza ante el gobierno nacional con el fin de jalonar recursos para inversión social y a gobernar con absoluta independencia. Además -claro está - a solucionar en el término de la distancia los problemas más urgentes de cada una de las dependencias del Distrito. Metro.com les cuenta cuales son algunos de ellos. Los de EDURBE, como se supondrá, ameritan una nota aparte.

¿Qué encontró el alcalde?

No sólo para cumplir una disposición legal Vélez dispuso que se realizara un detallado proceso de empalme. De acuerdo con fuentes cercanas al mandatario, sus delegados en la respectiva comisión tenían -y aún tienen - la responsabilidad de acopiar información que les permita tener "algo así como una línea de base para que cada secretario arranque su trabajo realmente en serio y con fundamentos reales", como habría de decirnos uno de ellos.

Pero lo que se ha encontrado ha sido poco halagador. Una serie de problemas por resolver, entre ellos el hecho de que gran parte del presupuesto se encuentra comprometido, y de que la mayoría del personal vinculado por órdenes de prestación de servicios tienen asegurada su permanencia hasta el 31 de diciembre, se convirtieron en los primeros grandes escollos de los nuevos funcionarios en el propósito de poner la casa en orden.

En Hacienda

En materia financiera, las cifras, en términos generales, no preocupan al nuevo secretario de Hacienda, Carlos Granadillo; por lo menos, las presentadas durante el proceso de empalme por su antecesor, Luis Fernando Benedetti. Para varios entendidos, sin embargo, hay que tener en cuenta que, en materia de cifras, estas suelen interpretarse dependiendo del cristal con que se miren. El hecho es que la tasa de recaudos del impuesto predial unificado (IPU) tiende a la baja, y actualmente no sobrepasa el 40 % de lo facturado. La cartera por este concepto, sumada a la del Impuesto de Industria, Comercio y Avisos y Tableros (ICAT), casi alcanza el billón de pesos. Se sabe -asimismo - que la Administración afronta un déficit de tesorería en ingresos corrientes de libre destinación en 2011, que no fue cancelado en su totalidad en 2012.

En la Secretaría del Interior

En la Secretaría del Interior las preocupaciones son de otra naturaleza. Para el cumplimiento de sus fines misionales, esta dependencia cuenta con una nómina abultada de contratistas: 229 vinculadas bajo la figura de las Órdenes de Prestación de Servicios, las cuales suman $4.723'467.094,oo, y la mayoría de ellos, por lo pronto, son inamovibles. La entrante titular, María Elena Vélez Ospino, encontró -además - 19 procesos bajo la modalidad de contratación directa, seis procesos de mínima cuantía y un proceso de contratación directa de régimen especial, todos en etapa precontractual.

En el Instituto de Deportes y Recreación

El mayor problema del alcalde en esta dependencia es de tipo político, y tiene que ver con la renuncia de Fejed Alí Badrán y, consecuencialmente, la escogencia de su reemplazo. Desde ya, sin embargo, se prevé que, en cumplimiento de instrucciones del mandatario, el nuevo director deberá estudiar el escollo que implica contar con una nómina, de planta, de sólo 25 empleados (9 de carrera administrativa, 5 en provisionalidad y 11 de libre nombramiento y remoción), pero -al tiempo - 290 contratos vigentes. Otro problema es el que causa el hecho de que el IDER debe pagar los servicios de agua y luz de los escenarios deportivos, que representan cerca del 30 % de los recursos dispuestos para inversión, además de su vigilancia, representa algo más del 26 %, lo cual afecta el desarrollo de la inversión en materia de infraestructura.

En la Secretaría de Participación Ciudadana

En esta dependencia, según fuentes que participaron en el proceso de empalme, la preocupación gira alrededor de una serie de servicios presuntamente prestados por ONGs de dudosas capacidad y solvencia. A la nueva secretaria, Rocío Castillo García, le tocará revisar -además - unos convenios suscritos con EDURBE para la construcción de sentos Hogares Infantiles en Flor del Campo, Nelson Mandela y Rosedal, los cuales hacen parte de la serie de obras inconclusas (algunas sin arrancar), que hacen parte, a su vez, del rosario de irregularidades que actualmente investigan unos órganos de control.

En la Secretaría de Planeación

En esta dependencia, el 'chicharrón' más grande con el que se encuentra la secretaria Dolly González Espinosa es el impulso al proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito, en el cual se prevé que participarán disímiles sectores ciudadanos, cada uno con sus particulares intereses. Tres planes más: el de Gestión del Riesgo, el de Adaptación al Cambio Climático y el de Manejo de Zonas Costeras, deben ser atendidos por la nueva funcionaria. Y la escogencia de los dos Curadores Urbanos de Cartagena, proceso que estuvo plagado de irregularidades durante la administración de la exsecretaria de Planeación María Claudia Páez, y que hoy está suspendido por orden de un juzgado.  

En la Unidad de Servicios Públicos

En esta unidad se encontró con que, a pesar de existir 40 personas vinculadas por OPS al proyecto PGIRS, este no ha registrado avances, al igual que el proceso de certificación del Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico, que se debe adelantar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El principal escollo, sin embargo, para el cumplimiento de los fines de esta dependencia, es que no han podido remover a su titular, Liliana Muñoz Figueroa, porque esta, a pesar de ser una funcionaria de libre nombramiento y remoción, se afilió a un sindicato y actualmente cuenta -aunque se dice que irregularmente - con un fuero que la atornilla a su cargo mientras un juez no se lo levante.

En Transcaribe

Para cumplir una de sus más reiterativas promesas de campaña: terminar Transcaribe durante su administración, el alcalde no solo debe remover al actual gerente, José López Amarís, lo cual no ha podido hacer por no contar para ello con el apoyo del gobierno nacional, ni reiniciar las obras del Tramo 5-A, lo cual sí pudo cumplir, sino además demoler la llamada 'Loma de Bazurto' y construir el sistema de semaforización inteligente, con sus correspondientes acometidas de fibra óptica. De acuerdo con expertos, sin estos elementos el sistema no funcionará debidamente. Lo grave es que tanto la Administración como el Ministerio del Transporte han manifestado que no cuentan con los recursos requeridos: cerca de $20 mil millones, para cubrir esta necesidad.

En Corvivienda

En esta dependencia, el 'chicharrón' mayor es que, a pesar de las supuestas irregularidades presentadas durante administraciones anteriores, las cuales han sido valoradas por los distintos órganos de control, uno de los cuales: la Fiscalía, le dictó medida de aseguramiento a la exgerente de la entidad Marina Mosquera, varios de los servidores públicos sobre los cuales recaen todas las sospechas permanecen en sus cargos. Lo que se dice es que ni Campo Elías Terán ni Carlos Otero, ni los otros funcionarios que estuvieron encargados de la Alcaldía, pudieron mover a ninguno de ellos de sus puestos ante la fortaleza del apoyo político con que cuentan. El alcalde Dionisio Vélez, ante varios periodistas, aseguró -hace siete días - que ya le tenía reemplazo a la actual titular, Carmen García Bielsa. "Es una mujer", dijo.

En Valorización

El alcalde, a pesar de todas las presiones en contra, entre ellas -¡quién lo creyera! - de varios 'veedores' y algunos periodistas, le aceptó la renuncia a la exdirectora de Valorización, Clara Calderón Muñoz, y nombró en su reemplazo a la exprocuradora agraria y exdirectora de Cardique Cecilia Bermúdez Sagre. No obstante, al parecer por presiones no ya políticas sino de algunos concesionarios, varios de quienes contribuyeron a la comisión de varios protuberantes errores en procesos licitatorios que hoy están en entredicho, permanecen atornillados a sus cargos sin que los nuevos funcionarios, a pesar de querer removerlos, hayan podido hacer nada. El hecho es que la nueva directora de la entidad debe atender una directriz de su nominador: revisar con lupa las concesiones de la Transversal 90 A, de la Vía a Barú y del Corredor de Acceso Rápido a Mamonal, de tal manera que no se afecten los intereses del Distrito.








Ha pasado un mes desde cuando Dionisio Vélez se posesionó como alcalde de Cartagena e intentó, en primer lugar, poner la casa en orden. Hoy, cuando inicia el segundo mes de su mandato, Metro.com le cuenta qué tanto se ha avanzado en ese propósito.

Una de las primeras acciones de Vélez fue reunirse con los miembros de su primer círculo de colaboradores: la asesora de Despacho (con funciones de secretaria Privada) Marcela Ariza; el secretario General Carlos Coronado y el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jaime Ramírez.

Con la posesión de los primeros nueve funcionarios nombrados, tomó forma el gobierno del Distrito. Ellos fueron Wadi Romano, asesor de Despacho; Fidel Camilo Gómez, jefe de Prensa; Clara Inés Sagre, asesora de Educación; Marcela Ariza, asesora de Despacho; Carlos Coronado, secretario General; Carlos Granadillo, secretario de Hacienda; Jaime Ramírez, jefe de la Oficina Jurídica; Rocío Castillo, secretaria de Participación y Desarrollo Social; y Dolly González, secretaria de Planeación.