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Al contrario de lo que ocurre en otras latitudes, en nuestro querido corralito de piedra a los políticos no les pareciera importar quedar expuestos al escarnio público, a un par de investigaciones disciplinarias, fiscales e incluso a la cárcel, después de que, efectivamente, obtengan los tres pesos prometidos a título de 'coima', 'picúa', 'mordida' o como se quiera llamar con nuestro vocabulario criollo al dinero obtenido como contraprestación por un acto de corrupción.

¿Será que -acaso - nuestros dirigentes no se quieren a sí mismos?; ¿carecen entonces de autoestima?; ¿por qué al menos no se preocupan por hacer las cosas bien? En ocasiones lo que molesta no es tanto el acto de corrupción en si, a los cuales nos hemos acostumbrado desafortunadamente. Como diría un amigo, lo que indigna es la 'burlita' con la sociedad cartagenera, ante la cual no tienen ni siquiera la delicadeza de disimular la forma como juegan con el dinero público.

Ya toda la ciudad tiene claro que el contrato de las basuras se quiere prorrogar y que lo que se está evitando al máximo es acudir a una licitación pública como mecanismo de selección contemplado por la ley para la adjudicación de este tipo de contratos, el cual podría culminar -eventualmente - con la adjudicación de este a operadores distintos de los actuales.

Al menos por respeto a los demás o, si se quiere, por ellos mismos, para no quedar expuestos al repudio público tan fácilmente, que al menos traten de hacer las cosas bien. Cómo se les puede ocurrir a unas personas prorrogar el plazo de un contrato de concesión por tres años alegando un desequilibrio económico a través de la firma de un 'Otro si' y peor aún, cómo se les ocurre insistir en ese tema después de que una funcionaria, hace menos de un mes, resultara destituida e inhabilitada por 12 años por el mismo tema... ¿Habrán encontrado otra carne de cañón que les sirva de escudo a los verdaderos beneficiarios?

La mutabilidad de los contratos estatales resulta común en la dinámica pública, más aún en los contratos de concesión concebidos como contratos incompletos en la medida que, por el extenso plazo que por lo general los caracteriza, se vuelve casi imposible proveer todas las contingencias que de alguna manera afectarán la ejecución contractual; es por ello que resulta de especial relevancia la posibilidad de modificar estos contratos ya sea para: I.) recuperar el equilibrio económico o II.) para adaptar la prestación del servicio a nuevas exigencias. Así se ha conceptuado tanto doctrinaria como jurisprudencialmente y es, al parecer, con base en la primera hipótesis, que se pretende obviar un nuevo procedimiento de adjudicación contractual obteniendo una prórroga del existente. ¿Por qué incorporo este aspecto subjetivo malicioso en lo que acabo de denominar como una situación normal en los contratos estatales? Justamente por el afán o urgencia desmedida evidenciada por algunos, y que los obliga a pasar por alto aspectos legales ante una situación común y previamente regulada en la ley.

El contrato de concesión es uno de los más complejos de la tipología contractual nacional, y con base en ellos un concesionario se obliga a desarrollar el objeto del contrato por su cuenta y riesgo bajo la supervisión del ente público. Esta explotación del objeto contractual, bajo cuenta y riesgo del concesionario, no resulta incompatible con la necesaria posibilidad de modificar eventualmente el contrato estatal; por el contrario, nos da luces y nos determina un límite que, esta vez sí, choca con la interpretación superficial y facilista que quieren darle algunos a la coyuntura presentada, queriendo corregir un supuesto desequilibrio económico a través de la ampliación o prorroga de un plazo con un simple 'Otro Si'.

Lo cierto es que el desequilibrio económico es una hipótesis fáctica prevista por la ley que eventualmente implicaría una modificación del contrato, pero ello indefectiblemente no tiene que ser así, ya que resulta necesario que ese desequilibrio se haya presentado por situaciones extraordinarias, que no resultaran posibles prever y que, además, no fueran imputables al contratista (Art. 27 Ley 80 de 1993).

No conozco las supuestas causas que han dado origen al presunto desequilibrio económico, y mucho menos si este es real, pero resulta sumamente importante resaltar que no es simplemente con la firma, ágil y sorpresiva, de un 'Otro si' caprichoso, como un contrato tan importante como es el de las basuras se debe prorrogar. Ello atentaría contra la libre competencia al cercenar el derecho fundamental que tienen todas las personas de celebrar contratos con la Administración. Para que dicha modificación pueda tener lugar se necesita un análisis serio, complejo, de todo el proceso en sus distintas etapas: pre contractual, contractual y de ejecución; y si del mismo se deduce una falta de previsión del contratista, desafortunadamente para él, la modificación al contrato deviene improcedente.





* Abogado.
Especialista en Derecho Penal y Criminalogía
y en Derecho Administrativo.

anthonysampayo@hotmail.com
Y vuelve la basura de los Otrosíes...
Por Anthony Sampayo Molina *

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