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CASO SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL

Se trata de un caso que involucra a personajes considerados como intocables por amplios sectores ciudadanos, pero cuyos nombres son mencionados insistentemente en los distintos corrillos como autores de hechos sobre los cuales, de acuerdo con reconocidos veedores ciudadanos, "aún no se ha dicho la última palabra".

La historia se remonta al año 1993, cuando por Escritura 3.427 del 25 de Junio de ese año, suscrita en a Notaria Tercera, se constituyó la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., cuyo objeto principal era encargarse de las operaciones que realizaba el Terminal Marítimo de Cartagena.  En esa oportunidad se suscribieron 3.670.000.oo acciones a un valor nominal de $ 500.oo cada una, para un capital suscrito de $ 1.835.000.000.oo.  Antes de finalizar ese año, de acuerdo con el veedor Piedrahita, una vez obtenida la concesión del puerto, "se disparó el precio de las acciones, ya que los socios no sólo recibieron gratuitamente terrenos, muelles, bodegas, edificios para oficinas, etc., sino además valiosísimas maquinarias como grúas, cargadores, tractores, volquetas, etc."

En dicha escritura, la Alcaldía de Cartagena, en ese entonces a cargo del médico Gabriel Antonio García, aparece suscribiendo 275.250 acciones y la Gobernación de Bolívar, cuyo titular era el abogado Carlos Mendivil Ciódaro, 36.700 acciones.  Entre los socios particulares aparecen, entre otros, Tractores del Caribe Ltda., que suscribió 55.050 acciones.  El representante de esta empresa era Simeón Paschalides Kalidou, un ciudadano de origen griego a quien recuerdan muy bien -¿o habrá que decir muy mal?- los damnificados del Mirador de Zaragocilla y otros conjuntos residenciales construidos por empresas de Héctor García Romero.  Simeón Paschalides kalidou fue la voz cantante del constructor en varios pleitos que éste tuvo que enfrentar.  Héctor García Romero es primo del ex alcalde Gabriel Gracia Romero y hermano del ex senador Juan José García Romero.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por Piedrahita Aduén "para apropiarse de las acciones del Distrito, el 8 de Noviembre de 1993, el alcalde Gabriel García le dirigió un oficio a Aníbal Ochoa, el gerente de la época, expresándole que la Alcaldía sólo podía pagar 42.141 acciones. En un segundo oficio, el mandatario presentó una lista de sociedades que, según dijo, tenían interés en adquirir el resto del paquete accionario. Esas sociedades fueron: F.J. Rumié y Cía., Inverlind Ltda., Promotora de Inversiones Cartagena Ltda., Enlace Ltda., Cartagena de Desarrollo Ltda., Bustamante Restrepo y Cía., Distribuidora la Marina y Aduanas Hubemar.  Al afirmar que el Distrito sólo estaba en condiciones de pagar 42.141 acciones, el alcalde García, habilidosamente, facilitó que el resto, un total de 233.109 acciones, fueran distribuidas el mismo año entre estas sociedades de amigos suyos, a un precio de tan sólo $ 500.oo cada una".

En concepto del veedor ciudadano "para vender estas acciones, el Distrito y la Sociedad Portuaria debían solicitar y obtener una autorización del Concejo de Cartagena y de la Superintendencia de Sociedades, hechos que no se dieron, tal como puede fácilmente demostrarse".  Según Piedrahita, "este tipo de acciones sólo pueden venderse por bolsa o martillo, ya que así lo ordena el Decreto 2155/92", lo que no se cumplió, tal como consta en las respectivas actas, lo que motivó a que la Superintendencia de Sociedades, como autoridad competente, declara en su momento que las negociaciones eran nulas.

En una extensa carta a la opinión pública, que fue distribuida profusamente entre numerosos dirigentes tanto de Cartagena como del resto del país, y vía internet a millares de ciudadanos de todo el mundo, el veedor ciudadano (para que nadie dude de la veracidad de lo que dice, suscribe el oficio anotando su número de cedula, la 9.050.514 de Cartagena) asegura que, ante la declaratoria de nulidad de las Supersociedades, en 1995, "ya consumado el ilícito, se pretendió corregir el error con otro error, lo cual fue otra farsa más, que nada legaliza".  En efecto, según Acta N° 23, la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria aprobó el 28 de Marzo de 1995 unas negociaciones que ya se habían realizado entre los meses de Noviembre de 1993 y Enero de 1994.  Para entendidos consultados, es claro que una decisión tomada en 1995 no puede legalizar unas negociaciones celebradas en 1993.

Según el veedor Jorge Piedrahita, al ,margen de que las acciones se vendieron antes del vencimiento del primer año, lo cual viola lo establecido en el Código de Comercio, y de que el Distrito, según los artículos 9° del Decreto 2.910/91 y 11° de la Resolución 113 de la Superintendencia de Puertos, podía adquirir las acciones suscritas mediante la fórmula de la contraprestación, por las ventajas de todo orden que otorgó a la nueva sociedad (lo cual, sospechosamente, no fue gestionado en ningún momento por el entonces alcalde  Gabriel Antonio García) existen otros hechos "bastante singulares" que hacen parte de una Acción Popular impetrada por el veedor ciudadano ante el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Entre estas "curiosas situaciones", como las denomina eufemísticamente el dirigente cívico, "se encuentra el hecho de que algunas de las empresas accionistas cambiaran abruptamente de nombre, como Tractores del Caribe, que tuvo diversas mutaciones antes de pasar a llamarse Inversiones Cubita, cuyos socios todos son parientes del ex alcalde García, y que otras desaparecieran como por encanto, como Traco Ltda., Asín Ltda., Distribuidora La Marina e Inversiones Córcega, entre otras".

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por Piedrahita Aduén "otra jugada maestra fue la repartición acomodaticia de las 36.700 acciones suscritas por la Gobernación".  Según el veedor, ante el hecho de que la Gobernación no pagó en su momento dichas acciones, el gerente Alfonso Salas decidió repartirlas entre los socios, sin pago alguno, tocándole a la Alcaldía de Cartagena 825 acciones, mientras que las restantes 35.850 fueron distribuidas entre los socios privados.

La extraña mutación de uno de los accionistas

En 1998, según la Escritura N° 4.253, uno de los accionistas de la SPRC es Tractores del Caribe Ltda.  de acuerdo con la Escritura 2.721 suscrita en la Notaria Tercera de Cartagena, la empresa se constituyó el 21 de Junio de 1990 y eran sus socios Simeón Paschalides kalidou y Cecilia Buelvas Olivera, mucama de la misma familia.  La dirección registrada por el primero fue el edificio de Concasa, oficina 18-01 y por la segunda el barrio El Prado, avenida Crisanto Luque, diagonal 22 N° 34-05.  El capital suscrito por esta empresa fue de $ 300.000.oo.  Cada socio pagó, según la Escritura, la mitad del capital.

El 11 de Julio de 1993, mediante Escritura pública N° 3.566 suscrita en la Notaria Tercera de Cartagena, Cecilia Buelvas Olivera vendió su interés en la sociedad a Favor de Distribuidora San Carlos Ltda.  Esta empresa, según Escritura 953 otorgada por la Notaria Primera de Cartagena, fue constituida el 21 de Abril de 1989 por Luz Ángela Duarte Briceño y el mismo Simeón Paschalides Kalidou, pero el 17 de Diciembre de 1998, de acuerdo con la Escritura 4.167 de la Notaria Segunda de Cartagena, los propietarios de la empresa la vendieron en su integridad a Frank Alberto García Romero, hermano del ex senador Juan José García, y a la sociedad García Zucardi S. en C., de la familia del mismo.

Como hecho curioso, para el otorgamiento de la Escritura se reunieron Simeón Paschalides Kalidou, quien actuó en su triple condición de socio cedente, representante legal de Tractores del Caribe y representante de Distribuidora San Carlos, Frank Alberto García Romero, en su calidad de nuevo socio, y Juan José García, en representación de la sociedad García Zucardi S. en C.

De un capital social de $ 300.000.oo con que contaba Tractores del Caribe se pasó a un capital de $ 10.000.000.oo.  La nueva empresa pasó a llamarse Inversiones Cubita.

El 10 de Julio de 2000, mediante Escritura 1.830 otorgada por la Notaria Segunda, se protocolizó el traspaso de las acciones que poseía Frank Alberto García Romero a nombre de teresa García Romero.

Denuncia a través de Internet

En una carta enviada a través de Internet a millares de cibernautas, el veedor Jorge Piedrahita denuncia lo que, según él, "es el más grande saqueo en la historia de Cartagena, perpetrado presuntamente por los socios privados de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, entre ellos Gabriel y Juancho García Romero, Doña Piedad, Alfonso Salas Trujillo, Aníbal Ochoa y Gerardo Rumié Sossa".  Tras refutar uno a uno los argumentos esgrimidos por el ex alcalde García al Tribunal Administrativo de Bolívar, Piedrahita manifiesta que "es falso que el Distrito no haya tenido con que pagar las 233.109 acciones de las que fue despojado.  Con el Decreto 2.910/91 y la resolución 113 de la Superintendencia de Puertos, el pago se facilitaba.  También es falso que la Junta Directiva y la Asamblea de accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena tuviesen facultades legales para aprobar la venta de las acciones del Distrito, ya que estas son un patrimonio público; con ese criterio, pueden vender también olímpicamente todo el Terminal Marítimo".

"Fue una vil expoliación"

El alcalde Gabriel Antonio García Romero, al constituir la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena mediante Escritura 3.427/93, se pasó por la faja lo que dice el Artículo 60 de la Constitución Política de Colombia, que ordena que cuando se constituyan este tipo de Sociedades, para democratizar la propiedad accionaria, se le debe dar participación a los trabajadores, el sector solidario y a las cooperativas", explicó el veedor ciudadano Piedrahita Aduén.

"Hoy tenemos necesidad de dos cosas: una, conseguir que el Distrito recupere las acciones expoliadas, y dos, que la Nación no pierda las que tiene".  Según el veedor, "para cerrar con broche de oro estas irregularidades, se pretende que la Sociedad Portuaria sea totalmente privada", y por ello no desaprovecha ningún escenario para advertir que las 58.000 acciones que en estos momentos tiene la Nación podrían estar en peligro de desaparecer, "tal como ocurrió con las acciones del Distrito y del Departamento. Esta gente hace maravillas y con la premisa de que la justicia no actúa contra ellos, a pesar de las contundentes evidencias, cometen toda clase de tropelías", agregó.

PERSONERÍA COADYUVA ACCIÓN POPULAR INSTAURADA POR PIEDRAHITA ADUEN

Tras analizar los argumentos expuestos por el veedor Jorge Piedrahita en la Acción Popular impetrada, el personero Fabio Castellanos Herrera le solicitó al Tribunal declarar ineficaz la colocación de las 233.109 acciones que el Distrito había suscrito pero extrañamente no pagó -lo que permitió que quedaran en manos de algunos particulares- y restituirlas a su legitimo propietario, con el fin de "evitar menoscabos al patrimonio del Estado".

Luego de narrar la serie de hechos que se han denunciado ante distintas autoridades, hasta la fecha de manera infructuosa, el agente del ministerio público expresó que "repugna el solo acto realizado por el señor alcalde: suscribir un numero de acciones especificas, no pagar un número importante de ellas y luego la Sociedad colocarlas a quienes él directamente decía, y en quienes en efecto quedaron".

Para el Personero del Distrito "no se explica cómo el señor Alcalde, sino tenia cómo pagar las acciones, por qué no hizo valer la herramienta que la misma ley había previsto para pagar señalada en el artículo 9° del decreto 2910 de 1991, esto es, por contraprestación de lo que le pagara la misma Sociedad Portuaria Regional de Cartagena".

QUIÉN ES QUIÉN EN LA SPRC

Según Escritura N° 3.427 de Junio de 1993 habían suscrito acciones la Alcaldía de Cartagena (275.250), la Gobernación de Bolívar (36.700) y Tractores del Caribe (55.050).

El 22 de Diciembre de 1998, mediante Escritura N° 4.253, se reforma la sociedad.  Ya no se encuentra entre los socios la Gobernación de Bolívar, y la Alcaldía aparece únicamente con 68.303 acciones.  Tractores del Caribe, representado por la época por Gerardo Rumié Sossa, figura con 89.28 acciones.  Por primera vez aparece la Nación con 58.719 acciones, así como F.J. Rumié & Cía. S. en C., con 136.910 y Promotora de Inversiones Cartagena Ltda., con 89.228.  Estas dos últimas también representadas por Gerardo Rumié Sossa.

El 5 de Agosto de 1999 se suscribió una nueva Escritura, la N° 1894, y en la misma no figura el Distrito de Cartagena como socio, ni tampoco Tractores del Caribe.  Este último accionista es reemplazado por Inversiones Cubita Ltda., representado por Gerardo Rumié Sossa, con 99.288 acciones; y continúan apareciendo F.J. Rumié & Cía. S. en C., con 152.061 acciones, y Promotora de Inversiones Cartagena Ltda., con 99.102, de igual forma representadas por el empresario Gerardo Rumié.

Ya en esta escritura aparecen Inverlind Ltda. con 143.901, Inversiones Salas Araujo con 310.454, Alfonso Salas, padre, con 106.451 y Alfonso Salas, hijo, con 33.052.

De igual forma, Aníbal Ochoa y Cía. con 196.197 acciones, Carlos Ochoa con 66.067 acciones y Ochoa Chávez y Cía. con 197.201.






En la mañana del viernes 27 de Febrero de 2004, en sus instalaciones en el barrio Manga, se realizó la Asamblea ordinaria de accionistas de la SPRC con el fin de elegir su nueva Junta Directiva. A dicha reunión, según consta en la correspondiente acta, asistieron el superintendente de Puertos y Transporte, Fernando Sanclemente Alzate, el viceministro de Transporte, Juan Ricardo Noero, y el alcalde de Cartagena, Alberto Barboza Senior.

ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR EX ALCALDE GARCÍA RECONOCE ERROR

En su declaración jurada ante la magistrada Norah Jiménez, Gabriel García fue reiterativo en asegurar que el Concejo sólo le había facultado para adquirir acciones hasta por $50 millones de pesos, pero no explicó por qué, a pesar de esa limitante, había suscrito acciones que representaban un pago de $ 137.625 millones, ni por qué no se acogió a lo dispuesto en la Ley 1 de 1991, el Decreto 2910 de 1991 y la Resolución 113 de 1992 de la Superintendencia de Puertos, en lo que respecta a la adquisición de acciones mediante la fórmula de la contraprestación.

Al ser inquirido sobre el tema, el ex alcalde contestó que "cuando hicieron esa escritura se cometió un error y no podía seguir avanzando en el error porque violaba el acuerdo y tenía problemas legales… en una parte hacen la escritura y en otra las leyes y en algunos sitios de esos ya sea en jurídica, o en la promotora o donde hicieron la escritura se cometió el error y había que corregirlo".

Pregúntenle a él.

"Nunca se han vendido acciones y de cómo obró el alcalde entiendo que hubo debates en el Concejo, investigaciones en la Fiscalía, Contraloría y tan sólo hago mención que el Acuerdo del Concejo limitaba al alcalde a una suma definida, más detalles están en esas investigaciones que son de fácil obtención y de responsabilidad del ente distrital o municipal.  Entiendo que en el día de mañana el alcalde de la época ha sido citado sobre estos temas": Cap. (r) Alfonso Salas Trujillo.

… SE OYERON VOCES CLAMANDO POR JUSTICIA

El denunciante: detenido. Los denunciados: bien, gracias

La mayoría de los cartageneros saben que cuando Jorge Piedrahita Aduén pone en conocimiento de la Justicia alguna irregularidad, es porque sus exhaustivas y rigurosas indagaciones lo han convencido de que el hecho existe y debe ser investigado por las respectivas autoridades.  Nadie lo ha acusado nunca de ser una persona deshonesta.  Por el contrario, muchos en la ciudad saben que se trata de un ciudadano correcto comprometido de manera sincera en una lucha frontal contra la corrupción.  Para varios veedores del país, el destacado medico ha sido siempre una constante guía y un ejemplo a imitar.

Sin embargo, a muy pocos sorprendió que los directivos de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Alfonso Salas y Aníbal Ochoa, ambos con problemas con la justicia de los Estados Unidos, denunciaran a Jorge Piedrahita ante la Fiscalía por los presuntos delitos de injuria y calumnia.  Tampoco sorprendió la denuncia interpuesta por Gerardo Rumié y Sergio Espinosa Posada.  Mucho menos que un abogado de los denunciantes fuese la muy conocida Dayra Galvis.

Si acaso, la extrañeza surge cuando se conoce que se le denunció también pro fraude procesal.  Y aumenta y se constituye en un hecho asombroso cuando el pasado 6 de Mayo, la Fiscal Seccional 5ª de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Nurys Márquez Rivero, ordenó confinar en su residencia a Jorge Piedrahita.  Y se convierte en estupefacción cuando la noche del pasado 23 de Junio, por orden de la misma Fiscal 5ª Seccional, en medio de un aparatoso operativo que escandalizó a decenas de habitantes de barrio Bocagrande, y en cuyo fragor el médico de 66 años se fracturó la tibia y el peroné, funcionarios del CTI de la Fiscalía intentaron trasladar al veedor a la cárcel de Ternera, donde se encuentran recluidos dos individuos que días antes intentaron secuestrarlo.

Para desconcierto de muchos, la detención domiciliaria había sido sustituida por reclusión en una penitenciaria donde purgan condena peligrosos delincuentes.  Con una celeridad que contrasta con la pasmosa lentitud con que avanzan en la misma entidad investigaciones por hechos en los cuales existe entre los ciudadanos la percepción de que si se cometió algún tipo de irregularidad, la Fiscalía había decidido despojar de la libertad a un hombre a quien nadie ha acusado de apropiarse de un peso del erario, sino por el contrario de denunciar con reconocido valor civil a quienes lo vienen haciendo.

A juicio de reconocidos veedores, destacados juristas y varios articulistas de el diario El Universal, el pecado de Piedrahita es pretender que se haga justicia en un caso donde están involucrados detentadores del poder político, económico y social de la ciudad.

LA HISTORIA

El caso se remonta al año 1993, cuando por Escritura 3.427 del 25 de Junio de ese año, suscrita en la Notaria 3ª, se constituyó la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena.  De acuerdo con las indagaciones del veedor, con el claro propósito de favorecer los intereses de un grupo reducido de inversionistas, el alcalde Gabriel Antonio García le dirigió un oficio al gerente de la época, expresándole que la Alcaldía sólo podía pagar 42.141 acciones. En un segundo oficio presentó una lista de sociedades que, según dijo, tenían interés en adquirir el saldo del paquete accionario.

Al afirmar que el Distrito no podía pagar la totalidad de las acciones, facilitó que el resto, un total de 233.109, fueran distribuidas el mismo año entre sociedades de amigos del entonces mandatario, a un precio de tan solo $ 500.oo cada una.

Entre los ciudadanos que aprovecharon dicha ganga figura Cecilia Buelvas, empleada domestica de una tía del ex alcalde, así como Simeón Paschalides, cuñado del ex senador Juan José García, primo del generoso mandatario.  Hoy, muchas de esas acciones, cuyo precio se ha multiplicado de manera desmedida, están en poder de familiares de Gabriel García, entre ellos la senadora Piedad Zucardi de García.

Por estos hechos, Piedrahita Aduén instauró hace más de 20 meses una Acción Popular ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual fue coadyuvada por la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Cartagena y varias organizaciones.  Ni el accionante, ni los coadyuvantes ni los ciudadanos del común conocen pronunciamiento alguno de los magistrados del Tribunal.

SOCIOS EN APUROS

Bajo el antetítulo de "Escándalo", el titulo de "Sociedad golpeada", y el sumario "Dos de los más altos directivos de la Sociedad Portuaria de Cartagena están en problemas con la justicia norteamericana", la revista Semana publicó un informe periodístico dando cuenta que "en los últimos días, al capitán (r) Alfonso Salas y al empresario Aníbal Ochoa, miembros de la junta directiva de la Sociedad Portuaria de Cartagena, se les acabó la tranquilidad.  Ambos están en problemas con la justicia norteamericana.  El primero, porque su esposa y dos de sus hijos están acusados por la DEA de pertenecer a una inmensa organización de narcotraficante y lavadores de dinero.  Y el segundo, porque en las pantallas de inmigración de Estados Unidos figura como un paramilitar y lo señalan como terrorista".

En la nota se informa sobre la 'Operación Mallorca', un gigantesco operativo policial realizado en forma simultánea en seis países, el cual permitió la captura de 94 personas, 13 de ellas en Colombia, acusada de lavado de activos y envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.  Según Semana, en Colombia se realizó el decomiso de siete millones de dólares y el seguimiento a 68 transferencias ilícitas por otros 12 millones de dólares.

"De las 94 personas capturadas", informó la revista, "se supo que 13 fueron detenidas en Barranquilla y dos más en Weston, Florida, quienes resultaron ser los hijos de Aníbal Ochoa, el presidente de la junta directiva de la Sociedad Portuaria de Cartagena y uno de los más reconocidos industriales del sector portuario.  Carlos Humberto de 43 años, y Mayra Ochoa, de 45, son señalados por la DEA, junto con su madre, Cecilia Chávez de Ochoa, de manejar cuentas bancarias en Miami en las que se habrían recibido transferencias de decenas de miles de dólares provenientes de narcotraficantes, según el indictment de un gran jurado del distrito sur de Nueva York".

El otro caso que reseña Semana "tiene que ver con un ex oficial de la Armada, el capitán Alfonso Salas, gerente de la Sociedad Portuaria.  En dialogo con SEMANA admitió que su institución personal no esté del todo clara con la justicia norteamericana.  Recientemente fue devuelto del aeropuerto de Atlanta porque en las pantallas de inmigración figuraba como paramilitar colombiano.  "No entiendo que pasa.  Aquí tengo una constancia firmada por el comandante de la Armada, el almirante Mauricio Soto de mi trayectoria, y lo más irónico es que fui invitado por el propio embajador de Estados Unidos en Colombia, William Wood, a la celebración del aniversario de su país el pasado 4 de Julio".

EL ROL DE LAS SUPERSOCIEDADES

La Alcaldía de Cartagena, en su oficio de coadyuvancia a la acción popular instaurada por le veedor Jorge Piedrahita, solicitó al Tribunal Administrativo de Bolívar que también vincule al proceso a la Superintendencia de Sociedades, en calidad de demanda, "para que explique el por qué permitió o autorizó la colocación de las 233.109 acciones si ya había constatado que se había vulnerado el artículo 390 del Código de Comercio y por qué permitió que la autorización fuera hecha a favor de ciertas personas".

El Metro indagó sobre el papel de dicha entidad en este caso, y supo que, en diversas ocasiones, funcionarios de la misma advirtieron sobre las irregularidades que se habían cometido en la colocación de las 233.109 acciones suscritas pero no pagadas por el entonces alcalde de Cartagena Gabriel, Antonio García.  Hoy, la vigilancia sobre la SPRG es competencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte, y será a esta entidad a la que le corresponda responder las inquietudes de los cartageneros.

La mirada del ente gubernamental se puso en la SPRG, inicialmente, de manera oficiosa, el 24 de Mayo de 1994, cuando la Intendencia Regional de Cartagena, mediante auto 650-005 ordenó la práctica de una visita para constatar la veracidad de unas denuncias hechas por Funcicar a través del diario El Universal.  Tras una inspección realizada el 5 de Junio del mismo año, la Intendencia advirtió que "respecto de las acciones suscritas por el Distrito de Cartagena de Indias y dejadas de pagar, la sociedad no solicitó autorización de esta superintendencia para colocar las respectivas acciones (233.109), en contravención a lo dispuesto en los artículos 390 y 397, inciso último del Código de Comercio".

Sobre este punto, la SPRC pretendió que la lectura de los nombres de las entidades que habían adquirido las acciones, durante la asamblea celebrada el 23 de Marzo de ese año, subsanara la omisión cometida, lo que fue rechazado por la Superintendencia al advertir que "efectuado el estudio jurídico al acta correspondiente a la asamblea del 23 de Marzo aludida, en ninguno de los puntos desarrollados por el máximo órgano social aparece que el mismo hubiese discutido el tema referente a la suscripción de las mencionadas acciones".

El 28 de Octubre de 1994, el Intendente Regional de Cartagena, mediante resolución 650-014, ordenó a la SPRC "1. Convocar a la Junta Directiva para que apruebe el reglamento de colocación de 233.109 acciones dejadas de pagar por el Distrito de Cartagena, a favor de ciertas y determinadas personas.  2. Remitir a esta entidad copia del acta correspondiente…  3. Obtener la autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades del reglamento de suscripción con base en la cual se colocarán las acciones".

El 31 de Marzo de 1995, la Asamblea general autorizó a la Junta Directiva de la SPRC para que expidiera el reglamento de colocaciones de las acciones, pero el 13 de Junio del mismo año la Superintendencia de Sociedades objetó dicha decisión, ya que la misma requería de la aprobación de por lo menos el 70% de los accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 420 del Código de Comercio.  Para obtener el porcentaje requerido, las directivas de la SPRC dispusieron sumar los votos en blanco como positivos, lo cual es contrario a derecho.

El 29 de Junio de 1995, nuevamente se reunió la Asamblea general de la SPRC, y en esta oportunidad la Junta Directiva si fue autorizada legalmente para expedir el reglamento de colocación de las 233.109 acciones sin sujeción al derecho de preferencia, lo cual se realizó el 28 de Julio siguiente, mediante el voto favorable de la totalidad de los directivos.

El 20 de Noviembre de 1995, mediante resolución 650-017, la Superintendencia de Sociedades, tras considerar que se habían superado las omisiones y se habían cumplido todas las formalidades legales y estatutarias, autorizó la colocación de las acciones que el Distrito suscribió pero no pagó, en beneficio de las empresas Inverlind Ltda., Promotora de Inversiones Cartagena Ltda., Enlace Ltda., Cartagena de Desarrollo Ltda., Bustamante Restrepo & Cía. S. en C., Distribuidora La Marina Ltda. y F. J. Rumié Ltda.


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