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TECNAR, primera institución tecnológica en recibir una certificación en Calidad Educativa
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, manifestó que la distinción obtenida por la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo -TECNAR es un reconocimiento a la alta calidad de las carreras técnicas y tecnológicas que ofrece la institución. 
Prensa TECNAR
'Veedor' denuncia que el plazo dispuesto en los pliegos "está subestimado"
Solicitan a Valorización explicar por qué incorporó "exigencias excluyentes" a procesos licitatorios
    CARTAGENA
El abogado y líder popular Domingo Puello Ripoll se sumó a quienes creen que el Departamento Administrativo de Valorización del Distrito - DAVD, a car- go de la ingeniera Clara Calderón Mu- ñoz, aun no ha explicado suficientemente por qué incluyó en los pliegos de las licitaciones para la construcciones de varios canales y box coulverts en diferentes barrios de la ciudad, una serie de requisitos desproporcionados, "exclu- yentes y/o direccionados".
Domingo Puello
Clara Calderón
En carta enviada a la directora de la entidad, el 'veedor' denuncia que la experiencia exigida en esta oportunidad es más de cuatro veces mayor que las requeridas en el pasado. De acuerdo con Puello, quien en diálogo con este portal reconoció que se viene asesorando de "ingenieros expertos en el tema", la ciudad necesita saber cuáles fueron las razones que se tuvieron para fijar como requisito, en materia de experiencia, que los oferentes hubieran manejado -como mínimo - unos 10.000 m2 de concreto rígido, "siendo que esa cantidad es la suma del concreto a aplicar pero para las cuatro obras y nunca para una obra de esas en particular".

Según él, indagó en varias partes y descubrió que "el Distrito acostumbra a utilizar un factor de 1.5 veces cualquier cantidad de trabajo a ejecutar, o sea que si una licitación demandará 5.000 m2 de concreto rígido, el requisito habilitante para ese rubro no pasaría de 7.500 m2".

Denunció el 'veedor', igualmente, que las cantidades de obras de cada una de las cuatro licitaciones "están sobreestimadas en un 10%, siendo que generalmente los imprevistos no superan el 2%, cuyos costos se encuentran calculados al momento del contratista preparar su AUI". En su carta, Puello solicita que se le informe si, de ser ciertas estas cifras, el departamento técnico de Valorización calculó bien las cantidades de obras a ejecutar.

Así mismo, para Puello, el plazo de 120 días está subestimado, ya que "el tiempo mínimo requerido oscila -en realidad - entre los 180 días y 270 días". En su carta, el líder barrial le pregunta a la funcionaria cuál será su decisión "si, durante la ejecución de las obras, los contratistas favorecidos con las adjudicaciones le solicitan mayores tiempos de ejecución", y "si, en caso de concederles ese tiempo adicional, esa acción va a representar mayores costos a las obras". 

En concepto del 'veedor', en los pliegos de las cuatro licitaciones se incluyeron "unas condiciones que de verdad no permitían la participación sino de grandes empresas contratistas, dejando a un lado empresas medianas que inclusive tendrían mejores índices financieros de endeudamiento y capital de trabajo que los grandes contratistas".

¿Y los objetivos misionales de Valorización?

Para Puello, es claro que el DAVD maneja el proyecto de Alcantarillado Pluvial -desde 2009 - "ya que parte de sus costos se financiarían con la contribución de valorización por beneficio general, siguiendo las pautas señaladas en el Acuerdo Distrital 010 de 2005". Sin embargo, nadie entiende "de dónde piensa obtener los recursos que, según las propias declaraciones de su directora, alcanzan los $18.000 millones".

Según él, si se piensa que los recursos provendrán de la tesorería del DAVD y no de la contribución de valorización, habría que saber qué normas los facultan "para ejecutar obras de infraestructura que corresponden a otras dependencias distritales". Y, si por el contrario, se piensa que dichos recursos se recuperarán más adelante por la vía de la contribución por valorización, se estarían violando los artículos 18 y 21 del Acuerdo 010 de 2005", ya que en ningún momento se realizó una consulta previa con las comunidades, tal como contempla dicha ley.
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