evidentes violaciones a normas urbanísticas, frecuentes incumplimientos y solicitudes de cuantiosos adicionales, el Concejo de Cartagena pidió que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría investiguen el denominado proceso de revitalización del Centro Histórico, concretamente la remodelación de la Plaza de la Aduana, el Parque del Centenario y la plazoleta de Telecom.
Durante una prolongada sesión en la cual intervenieron -además - voceros de la comunidad de Getsemaní, que se quejaron porque una cosa fue lo que presentaron los contratistas a la comunidad y otra lo que han terminado construyendo, el concejal David Múnera señaló que, lamentablemente, "estas obras, por haber sido mal concebidas, han producido resul- tados negativos". Para Múnera, por todo lo que ha podido establecerse, es claro que "no ha habido autoridad, no ha habido gobierno".
Por su parte, el concejal Lewis Montero se refirió a la construcción "de un armatoste a un extremo del parque del Centenario, frente al Camellón de los Mártires, que impide la visual de las más importantes estructuras patrimoniales del lugar", el cual, al parecer, "se hizo para favorecer los intereses de unos particulares", según se dice "concretamente a las tiendas Juan Valdés".
Sobre el particular, el asesor de Despacho Andrés Roca, quien representó en el debate al gobierno distrital, reconoció que se ha venido hablando de entregar el parque en concesión, pero que sobre el particular no hay nada concreto.
Durante la sesión salió a relucir que, a los más de $17 mil millones por las cuales fueron contratadas las tres obras, se autorizó adicionales por más de $4 mil 464 millones: $1 mil 136 millones para el Parque del Centenario; $969 millones para la Plazoleta de Telecom, y $359 millones para la Plaza de la Aduana.
Según Roca, a pesar de los múltiples atrasos y la serie de inconvenientes presentados, aprovechó para asegurar que "la Plaza de la Aduana será entregada este 31 de julio; la Plazoleta de Telecom el 5 de agosto, y el Parque del Centenario el 22 de agosto".
El concejal César Pión sorprendió a todos los presentes leyendo un oficio del asesor de la Secretaría de Infraestructura David Torrenegra, en el cual el reconocido ingeniero hace un detallado análisis de la serie de inconsistencias, falencias, violaciones a normas urbanísticas y supuestas irregularidades en las tres obras.
Según lo expresado por varios concejales, no se entiende que mientras para la interventoría y el asesor Andrés Roca prácticamente no haya habido mayores problemas, para otro funcionario éstos sean mayúsculos y abundantes.
Al término de la sesión, el Concejo aprobó, por unanimidad, "declarar su inconformidad con la administración e interventoría, por la forma complaciente como se ha permitido a los contratistas aplazar indeterminadamente la entrega de las obras, sin que medie sanción de ningún tipo a los contratistas".
En la proposición, suscrita por los voceros de todas las bancadas, se exige igualmente que las obras se entreguen con la calidad que ameritan, y se pide a los órganos de control: la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, que adelanten las investigaciones correspondientes.