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ANÁLISIS
ANÁLISIS
En Distriseguridad, ¿acusaciones temerarias?
Al dejar sus cargos, tanto el contralmirante (r) Gabriel Arango Bacci como el empresario Luis Guillermo Otoya Gersts, dejaron entrever que al interior de Distriseguridad se estaban produciendo hechos de dudosa ortografía. Hoy, hay un nuevo director al frente de la entidad, el economista Álvaro Martínez Bustamante, pero el resto del equipo es exactamente el mismo.
Las insinuaciones de Arango fueron hechas al salir de la entidad. Las de Otoya -por el contrario - fueron realizadas días después de haberse posesionado del cargo. Sus señalamientos involucraron desde unos contratistas hasta una serie de técnicos y profesionales vinculados mediante órdenes de prestación de servicios - OPS.
Con relación a presuntas irregularidades cometidas por contratistas, Otoya mencionó a la firma Security Video Equipment SAS, que debe prestar el servicio de "migración de plataforma, revisión, reparación, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado de televisión de Cartagena de Indias", es decir, todo lo concerniente a las cámaras de seguridad instaladas en puntos estratégicos de la ciudad.
De acuerdo con el entonces director de Distriseguridad, a pesar de que el contrato asciende a la suma de $499 millones, la mayoría de las cámaras no funcionan y, en general, su estado es lamentable. Según informó el funcionario a El Universal, "de 161 cámaras disponibles, solo 36 funcionan, y 16 de estas hacen parte del circuito cerrado de televisión del Concejo Distrital, es decir, solo 20 cámaras funcionan para la seguridad ciudadana. Tan grave es la situación, que dentro de las cámaras que están fuera de servicio figuran las del acceso a la Alcaldía y en la Gobernación" (<<< Leer Distriseguridad, plagada de irregularidades).
Otoya denunció -igualmente - el manejo irregular de algunos software (programas asistidos por Internet) que estaban desactualizados o eran -sencillamente, ilegales.
Con respecto a las OPS, el exdirector señaló que "en Distriseguridad hay 33 órdenes de prestación de servicio que no son necesarias y que representan $99 millones al mes, unos $1.188 millones al año; esas personas están en varias áreas, pero hay una concentración en el manejo de comunidades y de jóvenes en riesgo". Agregó que, en todo caso, en todas las dependencias del Distrito "hay gente para manejar ese tema".
"Si analizamos, hay 14 abogados trabajando en esto. ¿Para qué necesitamos tantos?", expresó Otero a El Universal, quien anunció que todos esos hechos los pondría en conocimiento de la Fiscalía, Contraloría y la Dian. En esta última, para lo que tiene que ver con los software ilegales.
Salieron Arango Bacci y Otoya Gerdts -y otros que ocuparon la dirección de la entidad por escasos días - y llegó Martínez Bustamante. Antes de ellos, como se recordará, se había ido Augusto 'El Tuto' Vidales. Los interventores o supervisores de los procesos cuestionados no han sido removidos. No se sabe -siquiera - de una indagación preliminar abierta por las flamantes Oficinas de Control Interno o de Control Disciplinario de la Alcaldía.
Algunos de los 'pendientes' del alcalde Otero para el 2013
Además de continuar nombrando nuevos funcionarios del primer nivel (todo indica que todavía tiene que atender a uno o dos concejales), el alcalde designado de Cartagena, Carlos Otero Gerdts, deberá resolver varios 'chicos' que no se pudieron (o no se quisieron) resolver en el 2012. Estos son algunos de ellos.