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En el año 1.999, un buen grupo de ciudadanos cartageneros fundaron la Red de Veedurías Ciudadanas de Cartagena de Indias como una reacción ante el injusto proceder de los mandatarios locales de la época, dedicados a servirse del erario y del patrimonio público antes que servir a las comunidades que los habían elegido.

Tanta fue la acogida de dicha organización de la sociedad civil que su crecimiento fue abrumador y sus denuncias por casos de corrupción y desmedro del tesoro público destacaron por lo contundentes.

En la Red de Veedurías Ciudadanas convergieron profesionales de diversas disciplinas, ciudadanos del común, servidores públicos y aún representantes de sectores populares como un buen número de vendedores estacionarios que vieron en esta Organización No Gubernamental el instrumento apropiado para luchar contra un gobierno injusto que los perseguía a ellos mientras prohijaba la usurpación de otros espacios por parte de invasores de cuello blanco, y establecía importantes partidas del presupuesto para solucionar, supuestamente, la problemática de los comerciantes que ocupaban el espacio público sin que tales recursos llegarán debidamente a su destino. Era, en concepto de los miembros de la Red, otra forma de corrupción administrativa que también debía ser combatida, y a ello dedicaron parte de sus esfuerzos.

Un grupo de dichos vendedores, ubicados en el denominado parque Pescamar del sector de La Matuna y liderado por un paisa campesino que había venido a buscar suerte en Cartagena una década antes, se integró con fervor a las luchas de la Red y propuso con sencilla sabiduría que la organización vigilara los procesos de restitución del espacio público que la Administración comenzaba a promover y, concretamente, que se pusiera al frente de la recuperación del referido parque, a la sazón usurpado por unos empresarios que lo utilizaban como un parqueadero por cuyo uso cobraban fuertes sumas, a ciencia y paciencia de los funcionarios del Distrito.
Análisis
Especial para Metro
El fenómeno de la informalidad
Por Danilo Contreras Guzmán (*)
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Esta fue una de las tantas batallas que tuvo que dar la Red de Veedurías en sus albores, siendo su resultado la recuperación del parque Pescamar como un espacio público que no se debía apropiar para el enriquecimiento de particulares, según lo dictaminó una de las primeras acciones populares falladas en el Distrito de Cartagena hacia el año 2.000.

Luego de lo anterior vinieron muchas otras reclamaciones judiciales y movilizaciones de los comerciantes informales, ya conformados en organizaciones que  también  fueron  respaldadas
desde la Red, cuya finalidad era lograr el reconocimiento del fenómeno de la informalidad del comercio callejero como una realidad económica que ameritaba la implementación de alternativas distintas al simple e injusto desalojo sin fórmula, impidiendo a esas numerosas familias llevar el pan a la mesa de sus hijos y familiares.

Este objetivo no era nuevo ni traído de los cabellos. Por el contrario, encontraba su raíz en numerosos fallos de la Corte Constitucional que ordenaban a las autoridades locales la implementación de medidas alternativas dirigidas a esta población vulnerable, que no se restringieran al desalojo indiscriminado.

Luego de varios años, una nueva acción popular instaurada por más de 500 vendedores estacionarios del centro de Cartagena obligó al Distrito a implementar una política pública -consignada luego en el Acuerdo 040 de 2.006 - en la que se prevén alternativas de solución que bien pueden consistir en el aporte de una especie de capital semilla que permita la formalización de los comerciantes callejeros en microempresas o en su reubicación en sitios adecuados para el ejercicio de su actividad.

De manera que si se quiere hacer justicia en el reconocimiento de las luchas sociales que de manera legítima han tenido lugar en Cartagena, deben destacarse las adelantadas por los vendedores estacionarios con el respaldo de la Red de Veedurías, que este año cumple una década de fundación, que vieron sus frutos con la implementación de programas que hasta hace unos años eran una especie de herejía, y aún lo son para ciertos sectores de la opinión.

Sin embargo, los fenómenos de desgreño administrativo y ausencia de transparencia no estuvieron apartados de estos logros de los sectores populares organizados, pues muchas de las inversiones conseguidas con gran esfuerzo fueron a parar a los bolsillos de funcionarios inescrupulosos mediante la fórmula de inversiones sobrefacturadas, celebración de contratos que no se ejecutaron en debida forma, inscripción  como  vendedores  estacionarios de  personas que  no ejercían tal  actividad y reclamo de
coimas para entregar los auxilios de reconversión, entre otras de la numerosas irregularidades que han tenido lugar durante estos largos 10 años de lucha de los comerciantes estacionarios para lograr su reivindicación. Algunas de estas irregularidades, o vicios, o errores, que justificaron la intervención y activa presencia de la Red, continúan presentándose en la actualidad.

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