Excepcional que se realiza -entre otros varios - al contrato de aseo de las escuelas oficiales del Distrito suscrito con la firma Chemical Products por la suma de $5.893 millones.
La decisión fue adoptada con el fin de que no se afecte el patrimonio público ni la investigación fiscal abierta en su contra por un presunto detrimento patrimonial.
La petición de suspender a Terán fue realizada por Morelli al presidente Juan Manuel Santos, mientras que la de la secretaria de Educación, Rosario Ricardo; la directora Administrativa y Financiera de la misma dependencia, Aminta Sierra de Chimá; y la de la profesional especializada y actual jefe (e) de la Oficina Asesora de Servicios Públicos, Judith Pérez Rodríguez, -también suspendidas - fue hecha al alcalde (e) Bruce MacMaster.
Como se recordará, la secretaria de Educación del Distrito, Rosario Ricardo, suscribió el pasado 28 de mayo el citado contrato con el representante legal de Chemical, Adolfo Herrera, a pesar de que distintos medios de comunicación advirtieron oportunamente que éste no solo estaba -y sigue estando - inhabilitado para prestarle servicios al Estado sino que ha sido condenado en dos ocasiones por estafa. Según el Canal Caracol, el polémico empresario fue condenado en agosto de 2001 a 45 meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo, por el delito de estafa, y en esa ocasión le concedieron el beneficio de casa por cárcel. Así mismo, fue condenado en diciembre de 2004 a seis años y cinco meses de cárcel, de igual forma con pérdida de su derecho a ejercer cargos oficiales, por falsedad material en documento público. En esta oportunidad, según el influyente medio, aunque a Herrera no se le concedió el beneficio de la casa por cárcel y, consecuentemente, tenía requerimientos de la Fiscalía para ser capturado por el CTI, el DAS y la Policía, en todo momento evadió la justicia.
En su momento, la secretaria de Educación, Rosario Ricardo, de acuerdo con diversas fuentes, en presencia de funcionarios y contratistas del Distrito, calificó como un simple "show mediático", sin ningún tipo de importancia, las denuncias de los medios de comunicación.
"Las irregularidades son graves": Contraloría
En un comunicado de prensa, el órgano de control fiscal señaló que "entre los hallazgos fiscales detectados por la CGR en este contrato se encuentra que el contratista no ha efectuado a cabalidad los correspondientes aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados y los que presentó como soporte para el cobro de sus facturas a la entidad figuran a nombre de una persona jurídica distinta; presuntamente falsificó las planillas para conseguir los pagos de los servicios prestados.
A su turno, los supervisores y demás funcionarios públicos que debían revisar esta situación no cumplieron a cabalidad con sus funciones y, por tanto, permitieron que se hicieran efectivos los pagos mencionados.
En virtud de las actuaciones de control fiscal practicadas, la CGR considera que el actuar del alcalde y de sus tres funcionarios puede continuar poniendo en riesgo al patrimonio público y eventualmente afectar la investigación fiscal que se adelanta por parte del ente de control, ya que son quienes vienen interviniendo en los hechos que se investigan".