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JUSTICIA
En noviembre de 1995, un abogado que acudió a la Fiscalía de Cartagena para asistir a un sindicado de apoderarse fraudulentamente de unas tierras en Barú, fue privado de la libertad por orden del fiscal 117 de Delitos Contra el Patrimonio Económico de Bogotá.
En noviembre de 2012, el abogado defensor de la exsecretaria de Hacien- da del Distrito, Vivian Eljaieck, inves- tigada por la supuesta venta ilegal de unas playas al Hotel Dann, pidió que el
El jurista sustituyó el poder que le había entregado la senadora
El abogado defensor de Piedad Zuccardi, Alberto Morales Támara, un viejo conocido en Cartagena
proceso que se seguía en su contra se trasladara a Bogotá, alegando que en Cartagena no hay garantías.
El fiscal 117 en 1995, y el apoderado de Eljaiek en 2012, es Alberto Morales Támara, defensor de la senadora Piedad Zuccardi hasta ayer, cuando sustituyó a otro jurista el poder que tenía.
Pero el profesional del Derecho también es conocido en Cartagena por haber asesorado al Distrito en varios procesos que se adelantan en Bogotá.
De acuerdo con lo que Metro.com ha podido establecer, Morales Támara fue contratado por la Alcaldía de Cartagena, desde junio y hasta octubre del año pasado, por la suma de $12 millones mensuales, como asesor externo para la atención a los procesos que adelantan los entes de control en Bogotá.
Pero si en Cartagena Morales es conocido, en Bogotá y otras partes del país lo es mucho más.
El jurista se especializó en Derecho Penal y en Ciencias de la Criminología en la Universidad Externado de Colombia, y es conocedor, como pocos, del sistema penal acusatorio estadounidense.
Ha recorrido casi todos los estrados del sistema judicial colombiano: comenzó su carrera profesional como juez promiscuo municipal de Suesca (Cundinamarca), trabajó en la Fiscalía General de la Nación como jefe de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, y estuvo vinculado a la Procuraduría General, donde estuvo encargado de la Dirección de la Oficina de Investigaciones Especiales.
En ese despacho, como se recuerda en los medios nacionales, estuvo al frente de investigaciones como la masacre de Mapiripán, en la que estuvieron involucrados varios miembros de la Fuerza Pública, el escándalo por las chuzadas del DAS y la comisión de sendas irregularidades en el Senado y en la Cámara de Representantes.
Pero donde más se dio a conocer fue, según analistas, en la Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Moralidad y la Ética de los Funcionarios del Estado, donde fue nombrado por el entonces procurador general Jaime Bernal Cuéllar.
