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Tal como se informó oportunamente, la Contraloría Distrital de Cartagena, tras realizar una serie de visitas a las obras adelantadas en el Parque del Centenario, la Plaza de la Aduana y las plazoletas 'Benkos Biojó' y 'Joe Arroyo', entre otras, y revisar la ejecución de los correspondientes contratos, encontró que se habría producido "un grave detrimento patrimonial en la contratación por cerca de $698 millones y la afectación a la distinción como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO", por lo cual se abrirá un proceso de responsabilidad fiscal a todos los servidores públicos que han tenido que ver directa o indirectamente con dichas obras.

Una vez conocieron los resultados de dicha auditoría, el director de la Corporación 'El Ojo que Grita', Mario Salvador Andrade, se dio a la tarea de profundizar en las razones por las cuales varias de las obras programadas para ser inauguradas el 11 de noviembre de 2011, día en el cual se conmemoraba el bicentenario de la independencia absoluta de España, aún no se habían podido terminar, y la sorpresa fue mayúscula.

En diálogo con este portal, luego de un recorrido por la Plaza de la Aduana y el Parque del Centenario, el dirigente cívico señaló que "definitivamente hay que aprovechar a coyuntura para ver si el Concejo y los órganos de control hacen algo, ya que es innegable que algunos acabados son horrendos; los olores nauseabundos que se sienten en la Plaza de la Aduana son repulsivos; así como lo son el par de torres metálicas que son un verdadero insulto a la inteligencia, ya que dicen que son dos esculturas y la verdad es que son chimeneas para los malos olores".

La historia de un 'endriago'

El primer acto administrativo tendiente a realizar las obras de la llamada restauración del Centro Histórico fue firmado el 2 de septiembre de 2009 con Alberto Samudio Trallero EU, bajo la modalidad de 'contrato de prestación de servicios profesionales', por un valor de $514 millones 880 mil y un plazo de cuatro meses".

Aquí, según denuncias que ya fueron instauradas, comienzan aparecer las primeras irregularidades, ya que se utilizó la modalidad de contratación directa cuando, leyendo las obligaciones del contratista, se evidencia que se trata, en realidad, de un contrato de consultoría".

Este primer contrato tiene otra perla: el Objeto Social del contratista no establece, de acuerdo con los certificados de la Cámara de Comercio, que se dedique al asesoramiento legal para preparación de estudios previos, licitaciones, adjudicación de contratos, preparación de conceptos jurídicos ni propuestas de desarrollo cultural, que son las obligaciones fundamentales del objeto del contrato y las obligaciones del contratista.

El segundo acto administrativo fue suscrito el 9 de octubre de 2009 por la entonces secretaria general, Vivian Eljaiek, y fue un convenio interadministrativo con la Universidad de Cartagena para la consultoría en la elaboración de los estudios técnicos para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de revitalización, por valor de $460 millones, con una duración de un mes".

El tercer acto administrativo fue un Otrosí firmado el 30 de diciembre de 2009, mediante el cual se modificó el contrato inicial ampliando el plazo de ejecución en dos meses más, ya que, según la justificación, el contratista debía desarrollar -además - actividades de acompañamiento integral y técnico en desarrollo de los procesos de licitación de las obras de intervención del parque de Puerto Duro y de la ejecución de la propuesta de desarrollo cultural del Plan de Rehabilitación del Centro Histórico. En este caso, según denuncias también instauradas, la funcionaria que firmó el Otrosí: la entonces secretaria General, Alicia Sáenz, no tenía facultades para hacerlo, ya que para esa fecha era la interventora del mismo.

Lo grave en este caso es que el plazo se amplió hasta la siguiente vigencia a pesar de que, para esa fecha, ya se había pagado el 83.33 % del valor total contrato, lo que significa que se debía contar con casi la totalidad del Desarrollo e Implementación del Proyecto.

El cuarto acto administrativo se firmó el 19 de abril del 2010 y fue otro Otrosí: a los $514 millones 880 mil iniciales les adicionaron otros $257 millones 440 mil, para una suma de $772 millones 320 mil. Según las denuncias, se basaron en unos supuestos 'proyectos sociales' que se habrían desarrollado.

Para esas fechas, el dirigente político Reynaldo Tovar le contó a Metro.com que, revisando la ejecución del contrato para un debate que habrían de realizar varios concejales, se encontró con que, en lo que correspondía a los pagos de salud, pensión y aportes parafiscales de los trabajadores supuestamente subcontratados, "nos encontramos que no pagaban lo que debía ser, es decir, con base en lo que realmente cada uno recibía, sino que reportaban el mínimo, engañando y defraudando mañosamente al Sistema. En todos los casos, los señores Alberto Samudio Trallero, Ximena Avilán Díaz, Remigio Melero Lazo, Ramón David Expósito, Carlos Pérez Royo, Manuel Lozano Pineda, Harrinson Puello Martínez, Javier Jiménez Pereira, Sebastián Herrera Rodríguez, Dalis Jiménez Torres y Felix Mouthón Altamiranda, que debieron pagar sus aportes con base en los honorarios recibidos, según lo establece el artículo 23 de la Ley 1150, lo hicieron con base en el mínimo". Y ello, según Tovar, tenía connotaciones fiscales, disciplinarias y penales. 

Otros hechos

El 27 de febrero de 2010, mediante un acta, se suspendió la ejecución del contrato, con el argumento de que debían concertarse las acciones que en materia cultural, social y urbanística debían desarrollar, especialmente en Getsemaní. Curiosamente, sólo el 9 de Agosto de 2010 el arquitecto Alberto Samudio se dirigió a la Junta de Acción Comunal de ese barrio para explicarle los alcances del proyecto.

Para esta fecha ya era evidente la falta de planeación de tan importante proyecto, ya que se habían presentado varios modificatorios y, como dijera uno de los denunciantes, el líder político Reynaldo Tovar, "se suspendió desde el 18 de diciembre de 2009 hasta el 8 de octubre del 2010, con lo cual lo que debió hacerse en un mes terminó durando más de un año".

En agosto de 2010 se suscribió otro contrato, también con Alberto Samudio Trallero pero esta vez como persona natural, ahora por $20 millones durante dos meses, quedando establecidos honorarios mensuales de $10 millones para hacer exactamente lo mismo que establecía el contrato de anterior, suscrito con Alberto Samudio Trallero pero como persona jurídica, por valor inicial de $514 millones 880 mil con un plazo de cuatro meses.

En octubre de 2010 se suscribió un nuevo contrato, nuevamente con Alberto Samudio Trallero pero esta vez, como la primera ocasión, como persona jurídica, y ahora por $70 millones y una plazo de 4 meses, para hacer lo mismo que establecían los anteriores contratos. 

Y en febrero de 2011 se suscribe otro contrato más -todos bajo la modalidad de las OPS - esta vez con la persona natural de Alberto Samudio Trallero, por valor de $110 millones por espacio de 11 meses, para hacer exactamente lo mismo que los contratos anteriores. 

De acuerdo con lo que se ha podido establecer con los pocos documentos obtenidos, ya que, con el argumento de que están en proceso de empalme algunos funcionarios no han suministrado la información requerida, a pesar de las millonarias contrataciones -más de $862 millones 320 mil - a esa última fecha sólo se había efectuado el proceso licitatorio de Puerto Duro.

Otros costos

Para varios veedores ciudadanos, este caso debe aclararse suficientemente, tanto por parte de la Alcaldía como de los órganos de control ante los que se han presentado quejas y denuncias, ya que las sumas gastadas no se compadecen con las obras recibidas por los cartageneros.

En el caso del arquitecto Alberto Samudio, sus honorarios no fueron para diseños, los cuales fueron contratados con la Universidad de Cartagena, ni para las obras civiles, que fueron contratadas por aparte.

Adicionalmente, se denunció en su momento que la Alcaldía también contrató con otro arquitecto: Carlos Pérez Royo, al parecer para desarrollar exactamente lo mismo que se convino con Samudio.

La prueba de ello, según señalara Tovar, es que "en el informe 01 del 27 de febrero de 2011, de la OPS 87 del febrero del mismo año, por valor de $66 millones, se evidencia que Pérez Royo entrega detalles de las labores realizadas que resultaron ser exactamente las mismas que debía haber realizado Alberto Samudio Trallero EU desde el 2009 hasta 2010".

Las obras civiles

Al menos de manera inicial -se habla de varios adicionales sobre los cuales aún no tenemos información, las obras civiles de la remodelación del Parque del Centenario tuvo un costo de $5.597 millones, y el contratista es el consorcio Parque del Centenario Cartagena; las obras de la Plaza de la Aduana asciendieron a $2.917 millones, y fueron contratadas con Consorcio Plaza de la Aduana Cartagena; y la remodelación de las plazoletas Joe Arroyo (antigua Olímpica) y Benkos Biohó (antigua Telecom), fueron adjudicadas por $6.969 millones al consorcio Parques y Avenidas Cartagena. 








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        CARTAGENA
Los entes de control están en mora de imponer medidas
La  restauración  del  Centro  Histórico,
mucho más que un presunto detrimento


La Contraloría Distrital dice que en las obras del Parque del Centenario, así como en las de las plazas y plazoletas del Centro Histórico,
se ha presentado un millonario detrimento. Pero aún hay hechos más graves. Los restantes entes de control, desde 2012, investigan
otras presuntas irregularidades, entre ellas, al parecer, la violación a claras normas urbanísticas.