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Las secuelas de la deficiente administración del Distrito de Cartagena, agravada por rezagos administrativos y fiscales de sucesivas administraciones, las tendremos que soportar durante mucho tiempo e irán estallando en las manos de los próximos alcaldes pues la mayoría son de efecto retardado y pese a que inciden directa y grandemente en la gestión, la negligencia ha sido pasmosa dando la impresión de que los equipos de trabajo de los alcaldes que ha tenido el Distrito no solamente no han sido idóneos sino que para nada se han preocupado por las mínimas obligaciones en la estructura administrativa.

Los gobernantes territoriales tienen que entender que en un régimen centralista como el colombiano estamos sometidos en la provincia al yugo del poder central y mientras no nos liberemos a través de la conversión a un país de regiones, con autonomía fiscal, hay que prevenir que no se nos apliquen las medidas drásticas orientadas desde Bogotá por lo que no solamente hay que capacitarse en el complejo manejo administrativo sino exigir la misma capacitación para todo el equipo de trabajo.

Para la muestra, un botón: Cartagena fue descertificada por la Superintendencia de Servicios Públicos para manejar los recursos del Sistema General de Participaciones en lo que respecta a agua potable y saneamiento básico , es decir, en virtud de tal medida, el departamento de Bolívar será el que maneje estos recursos que provienen del presupuesto nacional y que son transferidos a los  entes territoriales por mandato de la propia Constitución, lo cual puede traer múltiples conflictos a menos que tanto el alcalde como el gobernador antepongan los intereses supremos de la comunidad cartagenera a cualquier otra consideración subalterna. La razón de tal medida fue porque el Distrito no cumplió, oportunamente, con el pago de los subsidios y contribuciones a Aguas de Cartagena correspondientes a 2011, subsidios que sirven para compensar las tarifas en los estratos bajos que no alcanzan a cubrirse con el aumento en los estratos altos.

No se compadece el tremendo daño que se le hace a Cartagena a través de semejante sanción con los efectos de esta omisión en la comunidad, pues de todas maneras los subsidios han sido asumidos por la empresa mixta encargada de los servicios por lo que los usuarios de los estratos bajos no se han visto afectados,  lo cual no solamente no ha puesto en peligro las propias finanzas de ella sino que el 50% de esa asunción corresponde al mismo Distrito por su participación accionaria, ¡vaya paradoja!

Como los planes que hay necesidad apremiante de ejecutar en materia de agua potable deben financiarse no solamente con los recursos del SGP sino también con los propios del Distrito e incluso con los de la empresa gestora en donde además de la participación accionaria del Distrito que ahora asumirá la gobernación  también hay del operador internacional privado y de privados locales y nacionales, es absolutamente indispensable para bien de la ciudad que haya una total coherencia y sobre todo voluntad de las partes para decidir en cada caso lo más conveniente para Cartagena y estar desprovistos de celos o de cualquier otro elemento perturbador.

La Administración Distrital tiene que empezar por entender el alcance de la medida pues las declaraciones de los diversos funcionarios e incluso de los propios concejales muestran que no tienen total claridad al respecto. Hay que entender por ejemplo que la descertificación se refiere a los subsidios y contribuciones que correspondían al 2011 y que se incumplió su pago oportuno y  eso ya no tiene remedio por lo que la nueva habilitación no se obtiene simplemente cumpliendo el pago de los subsidios que corresponden al 2012. Hay que hacer en primer lugar lo que preceptúa la ley 142  de 1994, crear el fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de los ingresos lo que corresponde a la órbita del Concejo Distrital, y que es la base para que se pueda cumplir el pago en forma automática dentro de los treinta días que establece la ley contados a partir de la factura por parte de las empresas prestadoras de los servicios. Luego de que esto se cumpla, tocará intentar el levantamiento de la sanción a la brevedad posible.

Pensar con tozudez en que ya se cumplió con el pago del año 2011, a través de un desembolso efectivo y un convenio de pago para el saldo por lo que si se cumple antes del 31 de julio con el pago de 2012 se puede exigir inmediatamente la nueva  certificación, es desconocer la legislación existente a través de la propia Constitución, las leyes 142 de 1994 y 1176 de 2007 y los decretos 565 de 1996, 3402 de 2007 y 1040 y 1629 de 2012 y se continuaría haciendo el ridículo frente al gobierno nacional, pues el artículo 11 del Decreto 565 de 1996 establece la necesidad de suscribir los contratos que garanticen los pagos y esto no se hizo dentro de los términos de ley para el 2011 y todavía no se ha hecho para los años siguientes.

El Consejo de Estado ha emitido reiteradas jurisprudencias al respecto en el sentido de que, en pocas palabras, no vale excusa alguna para incumplir estos pagos dentro de los términos de ley, previa la constitución del fondo y la suscripción de los contratos de pago y la consecuencia es la descertificación y seguramente investigaciones disciplinarias y fiscales para los responsables de la omisión.

Ciertamente es una carga muy gravosa para las finanzas del Distrito pues estamos hablando de unos ocho mil millones de pesos anuales, lo cual a todas luces es una injusticia, pero es la ley y hay que cumplirla. Si a eso le sumamos la carga pensional de las antiguas empresas públicas que ha venido gravitando sobre las finanzas distritales, concluimos que su situación no es para nada halagüeña, por lo que se hace indispensable más que nunca una reestructuración de fondo a las finanzas distritales como única forma de aspirar a tener una Cartagena verdaderamente competitiva.
    



* Ingeniero.
Exgobernador designado, exalcalde encargado y exgerente
de las extintas Empresas Públicadas Municipales.

jmendoza1951@yahoo.es

Junio de 2013
Cartagena descertificada
Por Jorge Mendoza Diago *
ESPECIAL PARA METRO.COM

     OPINIÓN