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De manera extraoficial, varios miembros de la Cámara de Comercio de Cartagena han dicho que, muy posiblemente, las llamadas inconsistencias encontradas en el Convenio de Asociación 001 de 2013 -por $2.400 millones - suscrito por el exalcalde designado, Carlos Otero Gerdts y el director ejecutivo de la institución, el oficial en retiro Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres, para la "elaboración de estudios de diseño constructivo y modelo de gestión integral para el centro de eventos y ferias de Cartagena", no son más que errores de transcripción o al momento de fechar el documento.

Para varios ingenieros y, en general, constructores consultados, el problema de fondo es que -en la práctica - se haya entregado a dedo un millonario contrato a una entidad cuyos fines esenciales no son precisamente los que fueron convenidos.

De manera seguramente casual, una de las fechas del cuestionado convenio: el miércoles 17 de julio, es la misma en la cual se promulgó el Decreto 1510 del 17 de julio de 2013, "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública", cuyas disposiciones propician -según varios analistas - que cada día los pequeños y medianos constructores estén más en desventaja con respecto a las grandes empresas de la construcción del país, y aún del extranjero.

Esa discriminación -para algunos, exclusión - que ha sido criticada en casos puntuales de convenios interadministrativos con la Universidad de Cartagena y la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar - EDURBE, no es exclusiva, sin embargo, de esta región del país. 

A nivel nacional, un número cada vez mayor de pequeños constructores, agrupados en el movimiento 'Ingenieros Indignados', le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la cual le manifiestan su malestar por las últimas modificaciones realizadas a las normas de contratación, las cuales, según advierten, los alejan cada vez más de la posibilidad de contratar con el Estado, y en cambio benefician a las grandes empresas, a los extranjeros y a los bancos.

De acuerdo con los suscriptores de la carta, el Congreso y el gobierno deben cambiar las políticas que concentran la contratación pública, para lo cual adelantarán una 'firmatón', que se realizará en las plazas y parques de Bolívar de las principales ciudades del país, con la cual aspiran a recaudar más de mil firmas de pequeños ingenieros en apoyo de sus reclamos.

Los quejosos, anque reconocen que algunas de las medidas implementadas lo que buscan es contrarrestar la corrupción que -lamentablemente - rodea los procesos contractuales de las entidades oficiales, en la práctica lo que se viene haciendo es promover la concentración del ponqué de la contratación en las manos de unos pocos.

En Cartagena, al margen de estas manifestaciones, un grupo de constructores y veedores, con el respaldo de la Comisión de Veedurías de la Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM, han venido adelantando una lucha consistente, principalmente, en las denuncias ante los órganos de control de situaciones en las cuales se evidencien algún tipo de direccionamientos. Recientemente, varios de ellos ampliaron ante la Fiscalía sendas denuncias por hechos de esa naturaleza en EDURBE, Corvivienda y el Departamento Administrativo de Valorización Distrital.
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Cada día son más las voces -en todo el país - que le piden al gobierno y a los congresistas cambiar las políticas que concentran en pocas manos la contratación pública.
Dicen que los contratos se concentran en pocas manos
Los ingenieros de Cartagena, ¿también indignados?
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