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Cortesía
INFORME COMISIÓN ACCIDENTAL CASO EXTRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS PUBLICAS DISTRITALES DE CARTAGENA DE INDIAS.

Atendiendo a la disposición emanada el 25 de Enero de la actual anualidad, en la Proposición 141, por parte  del Presidente de la Corporación Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T, y, C - en adelante, CDCI- , para el año 2012, Honorable Dr. Rafael Meza Pérez, le informamos a la ciudad en general que, habiendo analizado la situación de los ex trabajadores de las Empresas Públicas Distritales - en adelante, EPD- y del proceso liquidatorio de las mismas, concluimos lo que a continuación exponemos, teniendo en cuenta, desde luego, el marco normativo que informa las precisas competencias del CDCI así como de sus miembros, comenzando por la Constitución, pasando después por  las Leyes, los Acuerdos y Decretos vigentes en el territorio de la Nación y del ente territorial. Dicha Comisión Accidental estuvo integrada por los Concejales: Duvinia Torres Cohen del Partido de la U, Alfredo Díaz Ramírez del PIN, David Munera Cavadia del Polo Democrático Alternativo, y, Pastor Alonso Jaramillo Robles de Cambio Radical y, contó con la asistencia de Humberto Gutiérrez e Indelso Macías Del Rio en representación de los trabajadores de las EPD; Margarita Ciodaro por la Procuraduría y Yerlys Álvarez por parte de la Personería Distrital. 

MARCO NORMATIVO
En aras  de decantar lo que debe esperar la ciudadanía de  las resultas de esta Comisión Accidental nos remitimos primero a los artículos constitucionales 6 y 313, de la Constitución. Seguido a la Ley 136 de 1994. Y, por último, a las  normas territoriales, entiéndase Acuerdos y Decretos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
Artículo 6: Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la  Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Art. 313. Corresponde a los concejos:
1.    Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de servicios a cargo del municipio.
2.    Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.
3.    Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Consejo.
4.    Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.
5.    Dictar normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.
6.    Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.
7.    Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a la vivienda.
8.    Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine.
9.    Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.
10.    Las demás que la Constitución y la ley le asignen.

LEY 136 DE 1994
Artículo 32. Atribuciones.
Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes:
1. Disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos, sin contravenir las leyes y ordenanzas, ni los decretos del Gobierno Nacional o del Gobernador respectivo.
2. Exigir los informes escritos o citar a los secretarios de la alcaldía, directores de departamentos administrativos o entidades descentralizadas, municipales, al contralor o al personero, así como a cualquier funcionario municipal, excepto el alcalde, para que en sesión ordinaria haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha del municipio.
3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo.
4. Autorizar al alcalde para delegar en sus subalternos o en las juntas administradoras locales algunas funciones administrativas distintas de las que dispone esta Ley.
5. Numeral 5o. derogado por el artículo 138, numeral 8o., de la Ley 388 de 1997.
6. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios.
7. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley.
8. Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural.
9. Organizar la contraloría y la personería y dictar las normas necesarias para su funcionamiento.
10. Dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal o Distrital de Desarrollo, de conformidad con las normas orgánicas de planeación.
PARÁGRAFO 1o. Los concejos municipales mediante acuerdo a iniciativa del alcalde establecerán la forma y los medios como los municipios puedan otorgar los beneficios, establecidos en el inciso final del artículo 13, 46 y 368 de la Constitución Nacional.
PARÁGRAFO 2o. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderá asignada a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríe la Constitución y la Ley.
PARÁGRAFO 3o. A través de las facultades concedidas en el numeral siete, no se autoriza a los municipios para gravar las rentas que el sector exportador haga al exterior.

ARTÍCULO 41. PROHIBICIONES.
Es prohibido a los concejos:
1. Obligar a los habitantes, sean domiciliados o transeúntes a contribuir con dineros o servicios para fiestas o regocijos públicos.
2. Aplicar o destinar los bienes y rentas municipales a objetos distintos del servicio público.
3. Intervenir en asuntos que no sean de su competencia, por medio de acuerdos o de resoluciones.
4. Dar votos de aplauso o de censura a actos oficiales; pero podrán pedir la revocación de los que estimen; ilegales o inconvenientes, exponiendo los motivos en que se funden.
5. Privar a los vecinos de otros municipios de los derechos, garantías o protección de que disfruten los de su propio municipio.
6. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas.
7. Decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas.
8. Tomar parte en el trámite o decisión de asuntos que no son de su competencia.

Acuerdo 005 de 1994 del Honorable CDCI  que ordena en su articulado de 1 al 15 suprimir de la estructura orgánica del Distrito del nivel descentralizado a la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, dictaminando su disolución y liquidación; determinando que la infraestructura del aquel entonces y la futura pertenecen al Distrito; la congelación de la planta de personal,  incentivos socioeconómicos para empleados y trabajadores a fin de garantizarles sustento, así como, la opción, previa verificación de idoneidad, de ser tenidos en cuenta con primacía dentro la empresa a constituirse, además, de ser privilegiados los trabajadores y jubilados en la formación de capital social de la nueva entidad; y, faculta al Alcalde Mayor de la época Dr. Gabriel Antonio García Romero a que antes del 31 de Diciembre de 1994 constituya una sociedad de economía mixta que asuma la prestación de los servicios que realizaban las EPD.

Con base en el anterior Acuerdo se expidió el Decreto 538 de 1994 por medio del cual se adoptan las medidas administrativas y presupuestales requeridas para la liquidación de las EPD. Atendiendo a dicho mandato se constituyó el Fondo-cuenta de pasivos de la EPD como una cuenta especial en el presupuesto y la contabilidad financiera de la Secretaría de Hacienda Distrital, iniciándose en la vigencia fiscal de 1994. Asimismo, se le atribuyó al Gerente Liquidador ser el ordenador del gasto de la mentada cuenta y que finalizada la liquidación sería el Alcalde quien ordene el mismo. En el Fondo-cuenta de pasivos se debían pagar: las prestaciones sociales e indemnizaciones laborales que no hubieren sido canceladas directamente por la empresa o a su nombre por otras entidades y, los pasivos pensiónales a que hubiere lugar;  las deudas contraídas por las EPD  a cualquier título; las condenas judiciales de toda naturaleza; y, el servicio de la deuda contraído en virtud de su propia liquidación.

Alude, también, al tema, la Resolución 300 de Diciembre 15 de 2008 "Por medio de la cual se expide la Cuenta Final de Liquidación de la Empresa de Servicios Públicos Distritales EPD en liquidación". Este instrumento es contentivo de los activos propiedad de la entidad, de los pasivos no extinguidos con la liquidación y de las contingencias judiciales que se encontraban en trámite hasta la fecha. Se encuentra en el mismo anexado en el orden tercero del Decreto 1258 de Octubre 27 de 2009, firmado por la alcaldesa Judith Del Carmen Pinedo Flórez, por medio del cual la Alcaldía asume unos activos, pasivos y contingencias de las liquidadas EPD. 

Por último, el acuerdo 018 de 2003 del CDCI Concejo Distrital de Cartagena de Indias; por medio del cual se compilan y se introducen algunas reformas al Reglamento Interno del Concejo Distrital de Cartagena y se dictan otras disposiciones (Reglamento CDCI). Este en su artículo 70 prescribe que las comisiones accidentales se designan entre otras para allegar informes sobre asuntos de interés público. Y en el artículo 37 numeral quinto se dictamina que estas deben presentar informe final en un plazo de seis meses, siempre y cuando no haya solicitud de prórroga a la plenaria antes del vencimiento del plazo.

CONTROVERSIA
Versa el debate sobre los tres puntos que a juicio de la plenaria de la Corporación han de ser estudiados, y que son los siguientes:
1.    En qué estado se encuentra el proceso jurídico y administrativo en relación con el Acuerdo 05 de 1994.
2.    Estado de la Resolución 1164 de 1994.
3.    Las razones por las cuales no se tuvo en cuenta la participación de los trabajadores y sus derechos laborales y convencionales estipulados en la Constitución Política y el informe general del proceso de liquidación, además de un recuento de los procesos jurídicos fallados y vigentes.

Haciendo oído de la solicitud presentada por la Asociación de los Trabajadores de las Empresas Publicas Distritales de Cartagena ASODESPAC con Nit. 8060117277, en cabeza de su presidente Humberto Gutiérrez y su secretario Indelso Maciá Del Rio, el doctor Rafael Meza Pérez, actual presidente del Concejo Distrital, decidió la creación de la presente comisión accidental para responder a las inquietudes planteadas por la aludida agremiación. En el marco de la normatividad vigente, en el año 1994, se puede observar que las obligaciones emanadas del acuerdo 005 de ese año contemplaban la iniciación del proceso liquidatorio, la constitución de una sociedad de economía mixta, las medidas socioeconómicas para garantizar el derecho al trabajo de quienes estaban vinculadas a las EPD y la formación del capital social en manos de trabajadores y jubilados, garantizando así su participación accionaria en la entidad que a futuro se creara para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Dado que estas son controversias que en lo sustancial deben ser absueltas ya en virtud de actos administrativos con fuerza de derecho por decisiones que tengan la entidad jurídica suficiente para producirlas dentro del ordenamiento jurídico, procedemos a decir que: En la resolución numero 300 de Diciembre 15 de 2008, por medio de la cual se expidió la cuenta final de la liquidación de las EPD, se declaró en su artículo primero concluido el proceso liquidatorio de las EPD transfiriéndose al Distrito los activos, pasivos y contingencias de la entidad liquidada, dicho acto administrativo goza hoy de las presunciones de la buena fe y del vigor que en consecuencia otorga el ordenamiento jurídico a los procesos que no se les ha probado no estar ajustados a derecho. Es preciso recordar que el mentado proceso liquidatorio inició con el nombramiento de su primer gerente el doctor Eduardo Piñeres Vergara, quien mediante el Decreto 466 de Mayo 13 de 1994 fue nombrado con dicho cargo presentando renuncia aceptada mediante Decreto 411 de Mayo 2 del año siguiente, en el que se designa como gerente liquidador a Raúl Quintero Lyons, este proceso concluyó bajo la dirección del doctor Diego Otoya Gerds, quien fue nombrado mediante el decreto 746 de Septiembre 30 de 2008.

Durante la existencia del proceso de liquidación se cumplieron todos los  derroteros de integración e invitación a los que se consideraran partes con pretensiones fundadas a partir del Acuerdo 005 de 1994 y las obligaciones emanadas del mismo. Siendo así las cosas, se emitió emplazamiento a quienes tuvieran reclamaciones de toda naturaleza contra las EPD desde el 27 de Junio hasta el 31 de Julio de 1996, publicándose esta notificación en el diario El Universal de esta capital. Habiéndose dado el requisito de publicidad se procedió con la prelación de los créditos, el reconocimiento de los mismos y sus pagos se hicieron a través de las Resoluciones 045 de Agosto 1 de 2000, 090 de Abril 7 de 2005 y 119 de Mayo 4 del mismo año. En estas se reconocieron obligaciones producidas a partir de numerosas demandas laborales y civiles así como obligaciones de la empresa Alcalis de Colombia en liquidación, Comfenalco, Telecartagena y Corelca. Durante el proceso liquidatorio en lo referente a obligaciones laborales, en el acta de entrega de las EPD en liquidación estas se tuvieron como punto de partida para el proceso de ajuste contable de la liquidación, a fin de hacer una operación de saneamiento para cumplir lo dispuesto en la Ley 716 y poder proceder a cancelar las obligaciones a que hubiera lugar por el Distrito. Entre obligaciones de toda índole, en las que se incluye las laborales, al año 2008, la liquidación de las EPD le ha costado a la ciudad $21.630.045.028. Las obligaciones sociales empiezan con un cobro de jurisdicción coactiva del Seguro Social en contra de las EPD para obtener el pago de las cotizaciones de los meses de Agosto a Diciembre de 1995 para pensionados y de Enero a Abril de 1996 para trabajadores más extemporáneos, dicha suma ascendió a $972.609.460. Ahora bien, se ventilaron durante la vida del proceso liquidatorio decenas de obligaciones laborales y pensionales que el gerente liquidador resolvió, subsistiendo como pasivos para el distrito cuatro que relacionamos a continuación y que constituyen créditos de primera clase:
1.    Erasmo Blanco y otros, obligación: $15.622.603
2.    Gustavo Pérez Acosta, obligación: $139.952
3.    Benita Guardo y otros, obligación: $245.185.861
4.    Fondos pensionales (aportes patronales), obligación: $5.843.890
Total obligaciones: $266.792.306
Hasta el año 2008 las EPD ganaron 614 procesos y perdieron 38 y hasta ese mismo año en procesos de diversa naturaleza se encontraban activos 59 controversias judiciales en despachos administrativos, laborales y civiles. Estas últimas contingencias en caso de ser falladas en contra de las EPD, ya liquidadas, serian responsabilidad del distrito.

CONCLUSIONES
Las EPD ya liquidadas fueron el producto de una época de intervencionismo estatal, que se vio truncada en muchas partes del país por la oleada de privatizaciones de los años 90, esto suscitó que se atizaran en nuestra sociedad contradicciones ideológicas mucho más acusadas. La zozobra y la incertidumbre huellas imborrables de este cambio de paradigma llevaron al escarnio público y al descredito, con toda razón, al tristemente Consenso de Washington. Hoy varias décadas después, nuestro país tiene como una de las secuelas marcadas de este momento histórico a la Ley de Servicios Públicos. A nuestro juicio es necesaria una revisión valida de los desafueros del fracasado Consenso de Washington. No obstante, la ya lejana producción de normas que dieron pie a la pérdida de vida jurídica de las ya liquidadas EPD siguen en vigencia comenzando desde la Ley 142 hasta el Acuerdo 005 de 1994. Con base en estas y otras normas se liquidaron las EPD, nació la sociedad de economía mixta Aguas de Cartagena y se cumplió el proceso liquidatorio. El mismo concluyó con la Resolución 300 del año 2008, teniendo a su haber la realización en el intervalo de su existencia del cumplimiento de los requisitos de publicidad, controversia y aceptación de los fallos judiciales en contra de las EPD en liquidación. Habida,  cuenta lo anterior afirmamos:

1.    El Concejo Distrital de Cartagena de Indias actúa dentro del marco de las obligaciones contenidas en la Constitución y la ley, que son como es bien sabido de orden nacional,  y los acuerdos y decretos distritales, que son de orden territorial. No puede pues, este Cabildo actuar como legislador, soslayando o intentando producir normas  que contraríen la Ley 142, a pesar de los reparos que en materia de servicios públicos pueden hacérsele por gran parte de la ciudadanía. En esa medida cabe respetar la obligación de la prestación del servicio en la actualidad por parte del socio operador de Aguas de Cartagena, la multinacional AGBAR.

2.    El proceso liquidatorio se encuentra en firme y ejecutoriado como acto de derecho. Por tanto, está revestido de la fuerza de juridicidad y de la presunción hasta que se demuestre lo contrario de que se produjo respetando el debido proceso y la normatividad nacional y local. En consecuencia, no es jurídicamente posible, que este Concejo proceda a emitir actos administrativos que se distancien o contraríen las decisiones, a la sazón, procesales que se dieron y se vieron reflejadas en la Resolución 300 de 2008 que declaran liquidadas las EPD. En el procedimiento de liquidación se emplazó a través de medio de comunicación de amplia difusión a todas aquellas personas que se creyeran haber sido desconocidas en sus derechos o que sintieran que subsistían obligaciones para con ellas de cualquier índole por parte de las EPD. Esto incluye personas naturales, como los trabajadores y pensionados que demandaron prosperaron sus pretensiones y les fueron reconocidas, así como las personas jurídicas, entiéndase Instituto de Seguros Sociales que realizo cobro mediante jurisdicción coactiva y la Dirección de Impuestos Nacionales, entre otras.

3.    El Concejo dado y entendido lo que antes se mencionó y atendiendo a lo que postula la Ley 136 en cuento a las prohibiciones que se le prescriben, no puede entrometerse en los menesteres administrativos y públicos que no son de su competencia. Como basamento de esto nos remitimos además a lo dicho por la Corte Constitucional que en Sentencia 337 de Agosto 19 de 1993, con ponencia de Vladimiro Naranjo Meza, donde señala que: "mientras los particulares pueden hacer todo lo que no les este prohibido por la Constitución y la ley, los funcionarios del Estado pueden hacer lo que estrictamente les está permitido por ellas. Y es natural que así suceda, pues quien está detentando el poder necesita estar legitimado en sus actos, y esto opera por medio de la autorización legal".

4.    Como colofón de todo lo anterior, resta decir que el Concejo no puede usurpar las funciones del ejecutivo ni de la rama judicial, no existiendo en la actualidad pronunciamiento judicial que anule el Acuerdo 005; o, la Resolución 300 de 2008; o el Decreto 1258 de 2009; o, la creación de la sociedad de economía mixta Aguas de Cartagena y su contrato de gestión como operador del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad. En consecuencia, no hay fundamentos jurídicos para que una comisión del Concejo, ni el Concejo en pleno, habiéndose dado los presupuestos de que la liquidación esté en firme y no haya sido anulada por fallo judicial, procedamos a desvirtuar sus contenidos, y más específicamente, las obligaciones labores controvertidas en el entretanto de la existencia del mismo. En igual medida, no está habilitada la Corporación para retroceder en el tiempo y desvirtuar lo decidido a través del Acuerdo 005 de 1994, el cual tampoco ha sido anulado en el Contencioso Administrativo.

5.    Esta comisión, ante todo, no desconoce la importancia de todas aquellas reclamaciones laborales suscitadas a partir de la convención colectiva de las extintas EPD y las que se desprenden del acuerdo 05, pero, aclaramos que hoy día son solo del resorte de la rama judicial. La certeza sobre aquellas obligaciones que fundadamente sientan los extrabajadores que no se le hayan brindado hasta la fecha deben ser el producto de una decisión judicial y no de un acuerdo del Concejo Distrital por cuanto la liquidación es un acto administrativo en firme. El artículo 313 constitucional señala nuestra clausula de competencia como órgano coadministrador y productor de la normatividad territorial de lo que se desprende que fuera de los temas atinentes a los acuerdos solo podemos emitir juicios políticos llamados mociones de censura.

De conformidad por lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento Interno del CDCI parágrafo segundo, el presente informe se entrega al presidente y a la plenaria de la Corporación.

Se envía copia del mismo al Alcalde Mayor de Cartagena doctor Campo Elías Teheran Dix, al secretario general de la Alcaldía doctor Felipe Merlano De La Ossa, al jefe de la oficina jurídica del distrito doctor Guillermo Sánchez Gallo, al contralor distrital doctor Mario Feliz Monsalve, al personero distrital doctor William Matson, a la empresa Aguas de Cartagena, al procurador regional doctor Edgar Pinilla, a ASODESPAC y a los medios de comunicación.

Nota: El Articulo No. 32 de la Ley 136 de 1994 fue modificado por la Ley 1551 de 2012.

Anexamos Copia del acta de la primera reunión realizada.

Atentamente,


PASTOR ALONSO JARAMILLO ROBLES             DUVINIA TORRES COHEN


DAVID MUNERA CAVADIA                               ALFREDO DIAZ RAMIREZ