ese entonces y hasta ahora - se dice en los corrillos pero nadie había denunciado: que el exsenador Juan José García Romero sacaba jugosos dividendos, gracias a su poder político, de la contratación pública en las entidades en las que directa o indirectamente tuviera influencia.
Por eso, tanto las palabras de Martelo, como el rostro de algunos de los periodistas que lo abordaron al término de la audiencia, reflejaban algo de perplejidad. Las inquietudes en todo momento giraban alrededor no de la presunta responsabilidad del entondes gerente de la empresa de telecomunicaciones de Cartagena en los delitos que se le endilgaban, sino del largo calvario que por más de doce años tuvo que soportar y, sobre todo, del hecho de que haya sido él mismo quien abrió las compuertas del proceso que se le siguió.
Desde sus mismos inicios, el proceso se denominó el 'miti-miti', porque en las gra- baciones entregadas por Martelo en su denuncia aparecía la voz de García Romero advirtiendo que la contratación en la empresa debía repartirse "el 30% pa' mí, el 30% pa' ti y el 30%..."
Al exsenador, cabeza visible del conocido grupo Nueva Fuerza Liberal, también se le abrió una investigación por estos hechos, pero el proceso finalmente fue archivado.
Quien sí continuó vinculado al mismo fue -curiosamente - el denunciante, al igual que los exfuncionarios Daniel Sanjuán León, Nicolás Cabarcas Vega y Olimpo Merlano Oliver, debió enfrentar un largo proceso al final del cual, según determinó el juez de la causa, no se encontraron elementos de juicio que lo responsabilizara de los hechos denunciados".
Sobre las razones por las cuales se había producido ese vuelco jurídico el empresario no quiso hablar. Una persona cercana a su familia, sin embargo, aseguró que lo que había habido, en todo momento, era una persecución política "orquestada por quienes se vieron afectados por las denuncias de Francis".