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Una acción de tutela interpuesta ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena por el fiscal Seccional 13, Álvaro Lora Herrera, por considerar que la Juez Tercero Penal del Circuito, Mercedes Bueno Bustos, le había vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, y unas declaraciones del fiscal contra la juez en el marco del respectivo proceso, produjeron un duro enfrentamiento entre los dos altos funcionarios de la Rama Jurisdiccional.

Al interponer su acción, el fiscal Lora Herrera le solicitó al Tribunal que ordenara "la designación de un Juez Penal del Circuito distinto al Juez Tercero Penal del Circuito", petición que fue negada, por lo que la decisión sobre si los exalcaldes Carlos Díaz Redondo y Alberto Barboza Senior y el exsecretario de Infraestructura Enrique Chartuni González vuelven a ser cobijados o no con medida de aseguramiento con detención domiciliaria, quedó en manos de Bueno Bustos.

Al estudiar los argumentos del accionante, dos de los magistrados Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena: Francisco Pascuales Hernández y Patricia Corrales Hernández, conceptuaron que, en efecto, debían tutelarse los derechos invocados, mientras que un tercero: Taylor Londoño Herrera, presentó un salvamento de voto por considerar que "se inobservó la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela", y porque, según su criterio, "el estudio del expediente muestra que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto por ausencia de motivación, al proferir el citado despacho el auto mediante el cual se declaró la procedencia del control de legalidad sobre la medida de aseguramiento".   

Entre sus argumentos, el Fiscal 13 tuvo que, según él, la decisión de la Juez Bueno "se constituye en una vía de hecho al carecer de motivación y basarse en pruebas nuevas propuestas por la defensa que no se debatieron en sede de instrucción". Para Lora, "la demanda no tuvo en cuenta los argumentos expuestos por la Fiscalía para imponer medida de aseguramiento a los encartados al momento de resolver la situación jurídica".

En su fallo, el Tribunal decreta "la nulidad del auto de fecha 18 de agosto de 2013, y en consecuencia se ordena a la Juez Tercero Penal del Circuito de Cartagena que en el término perentorio de setenta y dos horas siguientes a la notificación de la presente decisión, proceda a pronunciarse nuevamente en el referido asunto atendiendo los parámetros expuestos... Igualmente, el despacho accionado deberá comunicar de manera inmediata a los señores Carlos Díaz Redondo, Enrique Chartuni y Alberto Barboza Senior, que deben retornar a su lugar de residencia para cumplir la medida de aseguramiento de detención domiciliaria que contra ellos se había impuesto en sede de instrucción, circunstancia que deberá ser verificada posteriormente bien a través del INPEC ora por el CTI de la Fiscalía, so pena de que el despacho tutelado libre las órdenes de captura pertinentes".

El fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, de acuerdo con fuentes de este portal, será impugnado por la Juez Mercedes Bueno.

El tira que jala

De acuerdo con fuentes estrictamente confidenciales, el fiscal Lora habría al menos insinuado que la revocatoria de la medida de aseguramiento contra los tres exfuncionarios distritales, decretada por la Juez Bueno el pasado 13 de agosto, había sido irregular, lo cual motivó la reacción de la juez, quien envío de manera inmediata una dura carta al Tribunal, explicando sus actuaciones y solicitando una adición y aclaración al fallo de tutela.

En su oficio, la togada aclaró que Sala Administrativa, mediante acuerdo 079 de julio 10 de 2013, ordenó a la Oficina Judicial suspender el reparto de asuntos correspondientes a Ley 600 de 2000 a los Juzgados 1 y 2 Penales del Circuito de Cartagena a partir del 12 de julio, de tal manera que el único Juzgado habilitado para conocer procesos como el que se sigue contra los exfuncionarios distritales es el Tercero, que es el único que quedó descongestionado.

La juez indicó que aclara lo anterior -una circunstancia que debía conocer el fiscal Lora - "porque debe quedar absolutamente clara la intangibilidad de mi honor, a juzgar por la suspicacia que le imprime el señor fiscal a ese tema".

"No acepto que desde ningún punto de vista el señor fiscal pretenda achacarme a mí irregularidades en el reparto de la cual somos ajenos los jueces", manifestó la juez Bueno.

Como se recordará, el pasado 19 de abril, el fiscal Lora dictó medida de aseguramiento contra los exalcaldes Carlos Díaz y Alberto Barboza y el exsecretario de Infraestructura Enrique Chartuni, en el marco de una investigación que les adelanta por el presunto delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Veedurías, también con inquietudes

En su momento, a varios colectivos que realizan en Cartagena control social les llamó la atención que la Fiscalía, que investiga desde hace lustros presuntas irregularidades que involucran pérdidas de recursos que superan en algunos casos varios miles de millones de pesos, y sobre las cuales, de acuerdo con veedores y dirigentes gremiales, existen pruebas incuestionables, haya optado, en un caso en el que no habría detrimento patrimonial alguno, por ordenar una medida de aseguramiento con detención preventiva contra tres altos funcionarios.

Para algunos, el hecho de que uno de los asegurados, el exalcalde Carlos Díaz, haya sido cobijado con dicha medida en vísperas de un proceso electoral en el cual había anunciado que participaría como candidato, era una coincidencia que parecería explicar la decisión de la Fiscalía.
     POLÍTICA
Se aviva caso de Díaz, Barboza y Chartuni
Fiscal y jueza, enfrentados por caso de exfuncionarios

Un caso contra los exalcaldes Carlos Díaz y Alberto Barbo za, y el exsecretario de Infraestructura Enrique Chartuni, por un presunto "contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación", tiene enfrentados a un fiscal Seccional y a una juez Penal del Circuito.
Carlos Díaz
Exalcalde
Alberto Barboza
Exalcalde
Enrique Chartuni
Exsecretario