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CARTAGENA
Antendiendo una demanda de la cuestionada firma Coingsar
Juzgado Octavo Administrativo ordena el embargo de las cuentas de Corvivienda hasta por $1 mil 86 millones
La cuestionada firma Coingsar SAS, cuya actuación en la ejecución de unos inquietantes contratos fue objeto de un debate de control político en la Comisión V del Senado (Ver: Nota en Metro.Com), y figura entre las presuntas irregularidades que in- vestigará una comisión de auditores de la Contraloría General de la Repú- blica, en el marco del Control Excep- cional que realizará a las cuentas del Distrito, logró, mediante una demanda ejecutiva, que el Juzgado Octavo xxxxx
Administrativo del Circuito embargara y retuviera los recursos que la Alcaldía debe girar a Corvivienda.
De acuerdo con lo dispuesto por el juez Enrique del Vecchio Domínguez, del 5% de los ingresos corrientes y de otros recursos distritales, hasta $1 mil 86 millones deberá consignarse en la Sección de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia. La demanda fue instaurada por el representante legal de Coingsar, Luis Samir Ramírez Navas, por no estar de acuerdo con los términos de la liquidación realizada a la unión temporal con Corvivienda.
La actuación de Coingsar SAS,
entre las investigadas por la Contraloría
Durante un debate realizado por la Comisión V del Senado por iniciativa de la senadora bolivarense Daira Galvis Méndez, a unos contratistas de Corvivienda "les prestaron parte de los anticipos recibidos a otras firmas recién creadas, para que pudieran cumplir con el requisito de un determinado capital de trabajo".
Así mismo, según la dirigente política, "la entidad suscribió, poco antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías Electorales, unos convenios de participación público - privada con entidades que no cumplieron sus compromisos, ni han rendido cuenta del uso de los dineros recibidos, ni han ejecutado a cabalidad el objeto social de los convenios".
Denunció igualmente Galvis Méndez que, para los mismos días en que la entidad hizo entrega de una gruesa suma de dinero a uno de los contratistas, "personas sin patrimonio soporte, que pudiesen estar vinculadas directa o indirectamente con el la construcción de 161 viviendas de interés prioritario para la población desplazada por la violencia en la Urbanización Flor del Campo, habrían comprado unos costosos inmuebles en el barrio de Manga".
Según varios denunciantes, la congresista, quien días después habría de presentar un proposición para que se solicitara a la Contraloría la realización de un Control Excepcional a varias entidades del Distrito, entre ellas Corvivienda, se refirió a la empresa Coingsar.
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