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Deportes

    JUSTICIA
Habría hallazgos fiscales por más de $10 mil millones
Contraloría distrital confirma graves irregularidades en EDURBE
La Contraloría distrital de Cartagena confirmó -en primera instancia - lo que unos veedores ciudadanos, dirigentes gre- miales, periodistas y, en su momento, un concejal han venido denunciando desde hace varios años: que en EDURBE se han presentado irregularidades que podrían traducirse en un detrimento al erario de más de $10 mil millones de pesos.

En rueda de prensa, el contralor, Mario Feliz Monsalve, dará detalles de los hallazgos y relacionará montos precisos, los cuales tienen también alcances disciplinarios y penales.


De acuerdo con fuentes de Metro.com, en las presuntas irregularidades detectadas estarían involucrados funcionarios y exfuncionarios de la entidad, entre ellos los exgerentes Augusto Mainero y Amira Salvador.

Lo sucedido en EDURBE fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, a mediados de 2007, por los veedores Milciades Garcés y Eduardo Ugarriza, el dirigente gremial William Murra y el director de este portal, Carlos Ardila, en ese entonces presidente de la Corporación Cartagena Visible.

Dichos hechos, que se multiplicaron con creces durante la anterior administración, fueron denunciados también - públicamente - por el entonces concejal Jorge Cárcamo Álvarez, con el respaldo solitario del también cabildante Henry Argel (Leer Concejal Cárcamo deja constancia "porque no quiero aparecer como cómplice").

La influyente revista Dinero, bajo el título 'Carruseles por todo el país' (<<< leer), relacionó varios de los hechos que se venían presentando en la entidad, lo cual en su momento fue negado por quienes, en la Administración, tenían la responsabilidad de evitar que ello se diera.

Posteriormente, tras posesionarse como gerente de la cuestionada entidad, fueron denunciados igualmente por el hoy asesor de Despacho Óscar Brieva. Curiosamente, los señalamientos del funcionario fueron difundidos profusamente en varios medios de comunicación, pero no en el Concejo de Cartagena, donde aplazaron en varias oportunidades el debate propuesto (Leer Concejo aplaza debate a EDURBE).

Las situaciones presuntamente irregulares detectadas se resumen en unas frases expresadas por Murra durante uns declaraciones radiales: "en los últimos años, el Ejecutivo distrital propició que un sistema de contratación, que se rige por el derecho privado para casos excepcionales, se convirtiera en la regla general, haciéndole esguinces a la Ley de manera desordenada".

Todo ello, según coinciden en asegurar todos los denunciantes, llevó a que en EDURBE se realizaran cuantiosas transferencias de recursos públicos sin ningún tipo de planeación, lo que dio como resultado que muchas obras se encuentren paralizadas por deficiencias presupuestales.

Conllevó, igualmente, que se suscribieran innumerables convenios sin contar con la debida disponibilidad presupuestal, lo que impidió que se iniciaran las obras contratadas.

De igual forma, llevó a que se creara, de forma abiertamente ilegal aunque amparado en la figura de la unidad de caja, un fondo común que permitió que varios funcionarios venales hicieran uso a su antojo de recursos con destinación específica, lo que ocasionó que muchas obras no se iniciaran, otras que no se terminaran y las cuentas de los contratistas que cumplieron sus compromisos se quedaran sin recursos para culminaran.

De acuerdo con algunas de las denuncias interpuestas, como consecuencia de esta serie de hechos irregulares, se produjo un saqueo a través de coimas y similares, lo que a su vez produjo que las obras resultaran, en muchos casos, de pésima calidad, ya que hubo interventores deficientes que, en ocasiones, entraban en contubernio con algunos de contratistas ejecutores.

Así mismo, ocurrió que hubo una mala interpretación o, como dijo en otra ocasión el mismo Murra, "una interpretación amañada de lo que la ley define es una orden o contrato de prestación de servicios profesionales para disfrazar la verdadera intención de ejecución de obras y no tener que cumplir con los postulados de transparencia y publicidad que la ley exige cuando se utilizan recursos públicos, así la empresa estatal se rija por el derecho privado para efectos de contratación".