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Tiene razón el empresario Jaime Alberto Restrepo cuando dice, en su artículo "La dosis personal de ética" publicado en El Universal el 27 de julio, que "del mismo modo en que los países miden su grado de desarrollo económico con indicadores en torno al PIB, se podría medir el desarrollo ético con el indicador de la 'Dosis Personal' (DP), entendido como el grado de tolerancia de la sociedad con cada una de las manifestaciones del delito". 

Así mismo la tiene cuando afirma que "un índice de DP igual a 'cero' es una utopía; todas las sociedades admiten una DP 'aceptable' para cada caso. La DP que los colombianos hemos tolerado en corrupción, peculado, tráfico de influencias, cohecho, concusión, malversación de fondos, etc., es muy alta; y podría estar correlacionada con los índices altos de atraso social". 

A nivel nacional, la mejor prueba de esa aseveración es apreciar cómo, a pesar de la serie de hechos que comprometen gravemente a funcionarios cercanos al Presidente Uribe e incluso en ciertos casos directamente a él, personas conscientes de ello se limitan a mirar hacia un lado y taparse con disimulo la nariz, balbuceando la trillada excusa de que el fin justifica los medios.    

A nivel local, un importante signo fue que, en vísperas de las elecciones del 2005, miles de personas afirmaran sin ruborizarse que sí votarían por el candidato Nicolás Curi (de hecho lo hicieron y lo harían otra vez sino estuviese preso) "porque él roba pero hace".

Otra prueba es que a muchas personas no les parezca extraño que los ex secretarios de Hacienda y General del Distrito, Felipe Merlano y Juan Carlos Gossaín, al lado del contratista a quien favorecieron sospechosamente con innumerables contratos por los objetos más disímiles, figuren en una escritura como compradores de un lote aledaño al sitio donde, para la época de la negociación, se planeaba construir una carretera y una cárcel distrital. ¿El vendedor? Abraham Moadie del Valle. ¿La fecha de la negociación? 2 de mayo de 2007. ¿Los compradores? Ya se dijo: Merlano, Gossaín y, ¡qué coincidencia!, quien para esa fecha era el supercontratista del Distrito. ¿El predio? 36 hectáreas, en el sector La Campaña. ¿Su valor? Según la escritura: $41 millones, aunque otra suma señalan quienes saben de finca raíz y conocen el lugar. 

Y otra más: que a muchos les haya parecido lícito que el gerente de la ESE Cartagena, Luis Fanor Verbel, quien fuera designado de terna integrada por su Junta Directiva, haya suscrito un contrato millonario con el socio de un miembro de la misma. En efecto, el 3 de marzo de este año, Verbel suscribió un contrato por $150 millones con el médico Rafael Mestre, cuyo objeto es la lectura de citologías cérvico - uterinas. Hasta aquí todo bien. Lo que está mal, por lo menos para unos pocos, es que el contratista sea socio de Guillermo Rovira, representante del estamento científico en la Junta Directiva. De acuerdo con un certificado de registro mercantil, los dos son dueños del 'Laboratorio de patología Dr. Rafael Mestre y Guillermo Rovira - sociedad de hecho', como también del Instituto de Patología de la Costa. Justamente, ambos funcionan donde se prestan los servicios contratados.

Unos hablan de incompatibilidad y conflicto de intereses; otros piensan que el problema es sólo ético; y otros más que sobre el caso no hay nada que cuestionar. Además de exigir claridad sobre el tema, convendría medir, poniendo en práctica la teoría de Restrepo, el tamaño de la DP de ética de todos ellos.

Editorial
A medir la DP
Inquieta que a muchos les parezca lícito que el gerente de una entidad estatal, que es designado de una terna integrada por su Junta Directiva, haya suscrito un contrato millonario con el socio de un miembro de la misma.