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Tras unas elecciones locales en las cuales más de 115 mil cartageneros votamos con entusiasmo porque en los próximos cuatro años nuestra ciudad comience a transitar por los senderos de un auténtico progreso para todos y no sólo para la familia, amigos y socios del mandatario de turno; por los caminos anchos y expeditos de la democratización en los procesos licitatorios y no los enclenques recovecos de las adjudicaciones a dedo; y por las amplias avenidas de la probidad y la transparencia y no por las trochas escabrosas de la corrupción y el afán de enriquecimiento personal, las esperanzas ciudadanas han estado centradas en la conformación de un gabinete distrital que corresponda justamente a ese mandato popular.

Más que en la experiencia y el conocimiento específicos de cada profesional con posibilidades de ser nombrado por la nueva Alcaldesa, los ciudadanos vienen analizando, algunos incluso con una exigente lupa, las condiciones éticas y morales de quienes han sonado para los distintos cargos. Las cualidades personales: honestidad, verticalidad, lealtad, nivel de compromiso, transparencia, sentido de la solidaridad y responsabilidad, entre otros, de cada uno de los postulados, son sopesados por expertos analistas y ciudadanos del común, con el palpable interés de evitar que se repitan los pecados de una Administración que, como las dos últimas de Nicolás Curi, pasarán a la historia por los escandalosos actos de corrupción que rodearon muchas de sus actuaciones, de la mayoría de los cuales fueron cómplices necesarios algunos de sus más cercanos colaboradores.

El 28 de octubre, miles de cartageneros votamos conscientemente en contra de infamantes proyectos como el fracasado Multiservicios del Caribe, impulsado con pasión digna de mejor causa por el secretario de Hacienda y bautizado como Multinegocios por la sabiduría popular; de vulgares expoliaciones como las que se pretendieron en la fallida licitación para dotar a las dependencias distritales de papelería y útiles de oficina; de indecorosos otrosís como los suscritos para favorecer impunemente a ciertos concesionarios; de las adjudicaciones a dedo -para beneficiar a financistas y amigos - bajo el manto celestino de los convenios interadministrativos; y de ferias de órdenes de servicio y contratos injustificados como los descubiertos en el EPA y la secretaría General, entre otros.

El voto de las mayorías, cantado con decisión y entusiasmo, es un perentorio mandato porque, durante cuatro años más, el Palacio de la Aduana no continúe siendo escenario expedito para el enriquecimiento rápido y, en ocasiones, ilícito; ni baúl de mago capaz de convertir una reclamación de 40 o 50 millones de pesos en un pago de varios miles de millones, mediante procesos conciliatorios de dudosa ortografía; ni fuente de negocios como los fraguados con el Plan Becario y las Escuelas Flexibles, la limpieza constante de caños y canales y los infames sobrecostos en obras sociales como, entre otras, las de las clínicas sectoriales de Canapote y El Pozón.

Los nuevos funcionarios, en consecuencia, deben corresponder a ese querer popular. Las expectativas ciudadanas giran -entonces - en torno a la escogencia de profesionales capaces, sí; con conocimientos, también; con experiencia, tal vez; pero en todo caso con una probidad a toda prueba.

Con una hoja de vida en la cual fulguran importantes cargos tanto en el sector público como en el privado, Judith Pinedo Flórez, la nueva mandataria de los cartageneros, tiene la ventaja de conocer, en algunos casos de manera directa, a la mayoría de las personas que en representación de los distintos sectores podrían acompañarla en la primera etapa de su gobierno. Y por estar al tanto de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas representadas en cada uno de ellos, lo que menos se espera de los nombramientos que realice es que se le cuelen algunos supérstites de la corrupción que, con nuestro entusiasta voto en las pasadas elecciones, más de 115 mil cartageneros demandamos erradicar.

Editorial
Un gabinete consecuente  
El voto de las mayorías, cantado con decisión y entusiasmo, es un perentorio mandato porque, durante cuatro años más, el Palacio de la Aduana no continúe siendo escenario expedito para el enriquecimiento rápido y, en ocasiones, ilícito.