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El gobierno distrital no llega aun a sus primeros cien días y ya en la ciudad se escuchan muchos, numerosos, demasiados ruidos. Y no se trata del sonido de los pickups, cuyos dueños y administradores se sienten (con comprensible razón, como varios comunicadores radiales) felices y bien representados en el alcalde, sino a los rumores que se originan con demasiada frecuencia en círculos cercanos a éste. Rumores que se tornan murmullos que se convierten en estruendos que obligan a los funcionarios a cambiar de manera intempestiva sus apretadas agendas de trabajo; y que producen, como lógica consecuencia, ante una opinión pública cada vez más preocupada, la imagen de una Administración sin norte definido.    

Los ecos de lo sucedido recientemente en la entidad que administra la salud pública en el Distrito son solo un botón de muestra. Basta recordar que el diario El Universal, en su portal de Internet, tras enterarse por buenas fuentes de lo que venía ocurriendo, publicó una noticia cuyo titular lo dijo todo: "RUBÉN ROMERO RENUNCIÓ COMO DIRECTOR DEL DADIS". Horas después, luego de que el alcalde y el funcionario dialogaran en Bogotá y decidieran informar -a lo 'Pibe' - que "todo bien, todo bien", el portal descolgó la noticia. Y al día siguiente, Romero les informó a varios periodistas que ahora sí había renunciado, aunque solo se iría de la institución "después de la cumbre, para no causar traumatismos".

Ello: aplazar una renuncia o descolgar una noticia, puede ser fácil; lo difícil es evitar que trascienda a la opinión pública un hecho conocido por varios individuos. "Secreto entre dos no es secreto", dice un viejo refrán. Por eso es que en Cartagena ha sido posible descubrir tantas situaciones juntas en los últimos días, y por eso es que cada vez aumenta el número de voces que expresan preocupación por las mismas. El editorial de El Universal 'GOBIERNO Y FAMILIA', sin duda, interpreta cabalmente esa impresión.

Son muchos hechos -muchos ruidos - pero hay uno, en particular, que inquieta a tirios y troyanos. Se trata del producido por una de las primeras promesas incumplidas por el alcalde Campo Elías Terán a la ciudadanía (de las hechas a sus conmilitones y seguidores podrán hablar ellos): la de que "su administración no usaría esa entidad (EDURBE) para construir colegios, hospitales, calles, ni edificios, sino para reactivar la interconexión de lagos y lagunas, fomentando el transporte acuático", como le aseguró a El Universal 17 días después de su posesión. Al periodista Aníbal Therán, en la nota que este titularía -para condensar todo lo dicho - "EDURBE SE DEDICARÁ A RECUPERAR CAÑOS Y LAGOS", el mandatario manifestó textualmente: "Yo quiero aclarar que en esta administración se harán licitaciones públicas, y se contará con el acompañamiento de la Procuraduría y Contraloría".

La promesa realizada por Terán satisfizo a los veedores y dirigentes gremiales que han cuestionado el uso de EDURBE como plataforma para saltar por encima de la Ley y adjudicar a dedo contratos de la más variopinta naturaleza. Al escuchar y leer las declaraciones del mandatario, el vocero de la comisión de veedurías de ACIEM, William Murra, le envió UNA CARTA expresándole sus "agradecimientos por la excelente decisión tomada en el sentido de que la 'contratitis' se acabó durante su gobierno", con lo cual "el imperio de la legalidad sin esguinces primará en la administración pública".

Por lo visto -sin embargo - todo indica que no solo los candidatos acostumbran a hacer promesas que jamás cumplirán; también suelen hacerlo los gobernantes.

Poco después de asegurar que jamás usaría a EDURBE "para construir colegios, hospitales, (ni) calles…", el alcalde de La Heroica (la 'caterva de vencejos' que inspirara a nuestro máximo poeta) contrató a dicha entidad para que ésta, a su vez, contratara la refacción de la avenida Santander por un valor cercano a los $1.900 millones.

Y, para esos días, el mismo funcionario que dijo públicamente que "en esta (su) administración se harán licitaciones públicas y se contará con el acompañamiento de la Procuraduría y Contraloría", contrató o autorizó la contratación por $863 millones, sin mediar proceso licitatorio alguno, de la remoción de escombros en el barrio San Francisco.

Y también la suscripción de un contrato, por $97 millones 189 mil 476, para la protección de un aljibe en la isla de Tierrabomba. En este caso, curiosamente, según revela una fuente de Metro, "quien representa a los contratistas es el señor Julián Acevedo Iriarte, el mismo que tiene a su cargo los trabajos de remoción de escombros en el barrio San Francisco".

E, igualmente, la firma de un contrato por $150 millones, para la ejecución de la obra de empalme del alcantarillado de San Francisco.

En estos casos, se dice que hubo contratación a dedo porque, según pudo determinarse, en la página www.contratos.gov.co debieron aparecer -en su momento - estos procesos de menor cuantía, tal como lo determina de manera clara y explícita la Ley, hecho que no ocurrió. 

Seguramente que el convenio con EDURBE tratarán de justificarlo con el argumento de que la VI Cumbre de las Américas ya está a la vuelta de la esquina y no había tiempo para proceder a realizar un proceso licitatorio que garantice los postulados de transparencia, economía, eficiencia y publicidad que establecen las normas de contratación estatal. Eso, como lo saben quienes por lo menos han leído la Ley de Contratación, no cabe para este caso, ya que la realización del importante evento está prevista desde hace años y, por tanto, no corresponde al criterio de urgencia manifiesta.

Además, porque esta es una figura excepcional que hay que decretar, es decir, para que lo entiendan algunos funcionarios: hay que expedir un acto administrativo donde se justifiquen debidamente las razones por las cuales se utiliza, y ello no ha ocurrido en ninguno de los casos anteriores.

Para que lo sigan entendiendo (sobre todo aquellos que creen, porque les funciona en otros escenarios, que estos tipos de ruidos se controvierten no con explicaciones y argumentos sino con alzadas de voz y con bravuconadas), el último Decreto mediante el cual se declaró una emergencia manifiesta en Cartagena fue el número 1327 del 18 de 2011.

Y en él -como debió haberse hecho, como debe hacerse según la Ley - se determinaron cuáles eran las obras prioritarias que debían acometerse, qué dependencias debían ejecutarlas y hasta qué monto pueden comprometerse.

Sería bueno que los funcionarios, más que molestarse por los ruidos que se vienen produciendo, se molestaran por leer las normas contractuales y este tipo de actos administrativos que, para ellos, tienen fuerza de Ley.






     OPINIÓN
Editorial
Demasiados ruidos