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La noticia publicada a mediados de la semana anterior por este portal, en el sentido de que habría presiones políticas para evitar la buena marcha del proceso que se adelanta en la Contraloría por los hechos de corrupción en Corvivienda denunciados en la Comisión Quinta del Senado por la congresista Daira Galvis (<<< leer nota), sigue generando reacciones en diversos círculos.

Ahora, a las voces que han solicitado la intervención del secretario de la Transparencia, Rafael Merchán, para evitar que el proceso se obstruya, entre ellas las de la líder cívica Dora Valencia y el dirigente gremial William Murra, se suman las del presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, y las del director del comité ambiental de la corporación 'El Ojo que Grita', Fausto Cadavid.   

Según Cadavid, luego de conocer los hechos denunciados por la senadora Galvis, "primero someramente por televisión y luego viendo unos documentos que nos hicieron llegar, no tengo dudas de la contundencia de las pruebas aportadas".

"Recuerdo perfectamente" -dijo - que está documentado que un funcionario decidió devolver a un contratista, "de manera irregular, los dineros descontados por concepto de sobretasas con destino al IDER y a la Universidad de Cartagena, así como la estampilla Años Dorados".

"Me acuerdo también que a dos firmas, una la famosa Coingsar, de un señor Luis Samir Navas, y otra cuyo nombre no recuerdo, de un señor apellido turco, les entregaron más de $10 mil millones sin exigirles pólizas de garantías", manifestó igualmente el líder cívico.

Metro.com pudo constatar que con la frase "un señor de apellido turco" se refería al contratista Luis Ricardo Saieh Sierra, a quien, en efecto, le entregaron más de $7.000 millones sin que se hubieran suscrito las correspondientes pólizas de garantía. "Además" -nos habría de decir una fuente de la propia Corvivienda que pidió reserva de su nombre- "Saieh se encontraba y se encuentra suspendido por incumplimiento ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; las pólizas pretendieron subsanarlas con un pagaré firmado por él y su compañera, en calidad de representante legal de una ONG, Asovir; Asociación de Viviendas Rodadero de Paz, creo que es, cuyo capital es cero; además (y esto se supo después), este señor tiene todo su patrimonio -sospechosamente - a nombre de la suegra".

Según la misma fuente, la suspensión que pesaba, y aún pesa, sobre el mencionado contratista, le impedía, y aún le impide, contratar con las entidades territoriales que manejen subsidios de vivienda.

En el caso de Coingsar, los recursos entregados fueron del orden de los $3.000 millones, también sin ningún tipo de pólizas.

"Créame que en nuestras oficinas tenemos cualquier cantidad de folios, en los cuales hay de todo; yo nunca había visto tanta podredumbre junta", dijo sobre el tema Cadavid.

Según el dirigente comunitario, "yo no sé si esto lo habrá investigado la Contraloría; (aunque) no creo porque es materia más bien penal; pero hay pruebas de que una funcionaria de Corvivienda es la que proyectaba (no sé si todavía proyecta) algunas reclamaciones económicas de contratistas a la misma Corvivienda, por casualidad su revisión estaba a cargo de ella; y lógicamente eran aceptadas con resoluciones de pago proyectadas por la misma funcionaria en un clásico 'yo con yo' que es muy fácil probar".

"Estoy absolutamente escandalizado": Pablo Bustos




Presidente de Red-Ver dijo estar "absolutamente escandalizado"
Irregularidades en Corvivienda, las perlas más relucientes
en  el  collar  de  la  corrupción  local


        COMUNIDAD
Casas en Juan Pablo II
El presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos Sánchez, se mostró escandalizado con los hechos que, en su momento, fueron denunciados por la senador Daira Galvis y el dirigente gremial William Murra, y que posteriormente fueron puestos en su conocimiento por varios veedores ciudadanos que pidieron el acompañamiento del colectivo que dirige.
El reconocido veedor ciudadano prometió coadyuvar las peticiones que, sobre los casos de Corvivienda, han realizado desde Cartagena varios de sus colegas, aunque admitió que no pensaba que el proceso que cursa en la Contraloría sea archivado.

"Entiendo que en estos casos haya intereses encontrados, y que las personas presuntamente involucradas se estén defendiendo, pero créanme que, de ser auténticas las pruebas que he conocido, a los investigadores de la Contraloría no les quedará otro camino que abrir los respectivos juicios de responsabilidad fiscal", aseguró.
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