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¿QUIÉN LES TEME A LAS APP?
Por JORGE MENDOZA DIAGO
Especial para Metro.com

Todos los candidatos y precandidatos a la alcaldía de Cartagena en la reciente elección atípica, tal vez con la única excepción del candidato del Polo, plantearon como uno de los mecanismos financieros para los proyectos que se necesitan en la ciudad la constitución de alianzas público privadas, aquellas reguladas por la ley 1508 de 2012 y por los decretos reglamentarios 1467 de 2012 y 0100 de 2013. El Plan de Desarrollo Hay Campo para todos y todas que adoptó el alcalde Campo Elías, también lo contempló claramente en el artículo 52, literal g.

En tratándose de alianzas de iniciativa privada sin que haya recursos estatales como parecen ser los casos hoy fuertemente controvertidos en la ciudad con resonancia a nivel nacional desde la intervención de la W, cualquier particular tiene todo el derecho de presentar propuestas por su propia iniciativa y la entidad territorial competente tiene la obligación de estudiarlas en un término perentorio, a nivel de prefactibilidad inicialmente, así como tiene el derecho a que se le garantice la reserva y confidencialidad, como muy claramente lo establecen la ley 1508 y los decretos reglamentarios 1467 de 2012 y 100 de 2013. Negar este derecho o rechazar las propuestas sin el debido fundamento en esa primera etapa, fácilmente podría constituirse en un prevaricato por omisión por parte del alcalde.

De manera que no entendemos la alharaca que se ha formado frente a una situación claramente establecida por la ley sobre todo tratándose de proyectos de tanta significación para la ciudad, algunos de los cuales como el Plan de Drenajes Pluviales, todos los cartageneros los piden a gritos.

Para dar esta opinión no me mueve afán diferente a desear de corazón que Cartagena despegue, que se recupere, que sea competitiva e incluyente. No tenemos en toda la familia interés alguno en tales proyectos y ni siquiera tengo la menor idea de quienes son los proponentes. Desde luego que toca revisar con lupa el origen de los recursos que se están proponiendo y las calidades técnicas y desde luego morales de cada uno de los integrantes de las propuestas y si hay tráfico de influencias o participación indebida de funcionarios pero oponerse por oponerse es simplemente ponerle palos a la rueda del desarrollo de la ciudad.

El alcalde interino no solamente actuó bien frente a estas propuestas sino que si al contrario,  las hubiese ignorado hubiera infringido la ley penal en el entendido de que se trata de APP de iniciativas privadas como se ha dicho. En efecto el artículo 14 de la ley 1508 de 2012 permite que los particulares estructuren proyectos de infraestructura pública por su propia cuenta y riesgo asumiendo la totalidad de los costos de la estructuración y pueden presentarlos de forma confidencial y bajo reserva a consideración de las entidades estatales competentes. Dónde estuvo la presunta anomalía?

Pudiera pensarse que un proyecto de asociación público privada que a todas luces tiene todos los matices de ser de iniciativa pública como es el mismo caso del sistema de drenajes pluviales, se le dio visos de iniciativa privada para evadir la licitación pública de que habla el artículo 12 del decreto 1467 del 2012, reglamentario de la mencionada ley pero habrá que sentar jurisprudencia al respecto pues de lo contrario se estaría aplicando en lo sucesivo el famoso aserto colombiano, hecha la norma, hecha la trampa.

Pero no veo la forma de que la administración distrital entrante se niegue a continuar los procesos, se podría caer en algo parecido a lo que ocurrió con los famosos mercaditos y drogas contratados al finalizar la administración departamental de Libardo Simancas y después su sucesor se negó a recibirlos y a pagarlos argumentando ilegalidad y terminaron los dos en un laberinto de marca mayor y los alimentos y drogas se dañaron.

Si hubo aprobación de la prefactibilidad por parte del alcalde interino, toca a la nueva administración continuar los procesos y dar aplicación al artículo 16 en el sentido de tomarse hasta seis meses después de presentadas las iniciativas por parte del originador para resolver en definitiva la aprobación o improbación de los proyectos.

Lo más tranquilizante del tema es que hasta ahora no hay derechos adquiridos por los proponentes ni hay obligación alguna para el ente territorial, de manera que una administración fresca como la que ha empezado puede decidir con todo el análisis que el caso amerita sin que tenga que tomarse todo el tiempo que la ley da como máximo y hacer lo mejor para la ciudad.

No cabe duda que el aspecto más importante a considerar, en el entendido de que toda la parte técnica esté debidamente sustentada y los retornos de la inversión sean los adecuados, es la fuente de la recuperación de los costos, pues una carga impositiva, gravámenes o tarifas podrían ser inviables para la realidad económica de los cartageneros.