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CARTA DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA,
JUAN CARLOS URANGO, AL DIRECTOR DE METRO.COM, CARLOS ARDILA GONZÁLEZ

Un saludo  efusivo y una alegría inmensa por el Premio Ortega y Gasset otorgado a Alberto Salcedo Ramos (escritor y periodista colaborador de Metro.com), quien -hace rato- se destaca como el mejor cronista de Colombia.

Lo otro, es un debate en el que necesariamente, como miembro de la comunidad udeceísta, participo, con espíritu constructivo y sentido institucional, participo y aporto.

A la Universidad llegó un concepto de la Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional (Oficio SAC - Ref. 2013ER31364) en el que señala:

"La Ley 5 de 1992 Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes, establece:

“ARTÍCULO 6. CLASES DE FUNCIONES DEL CONGRESO:

3. Función de control político, para requerir y emplazar a los Ministros del Despacho y demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. La moción de censura y la moción de observaciones pueden ser algunas de las conclusiones de la responsabilidad política. (…)

7. Función de control público, para emplazar a cualquier persona, natural o jurídica, a efecto de que rindan declaraciones, orales o escritas, sobre hechos relacionados con las indagaciones que la Comisión adelante.”
“ARTÍCULO 236. ASISTENCIA DE PARTICULARES. De conformidad con el artículo 137 de la Constitución Política, una Comisión Permanente, mediante proposición, podrá requerir la presencia de cualquier persona natural o del representante de cualquier persona jurídica o de los miembros de su Junta Directiva para que, según el caso y bajo juramento, en forma oral o escrita, declare o informe sobre temas que sean de interés para la Comisión.”

En relación con la citación a “autoridades”, la Corte Constitucional señaló exequible esa expresión[1], considerando qué se entiende por autoridades, en los siguientes términos:

“La expresión "demás autoridades", hace referencia a los funcionarios enumerados en las normas constitucionales citadas, todos ellos pertenecientes a la rama ejecutiva del poder público. Por consiguiente quedan excluidos de la posibilidad de ser citados a las Cámaras o a sus comisiones las autoridades judiciales, por cuanto la Constitución es clara al señalar que el control político que ejerce el Congreso es "sobre el gobierno y la administración".

Por otra parte, la misma Constitución establece el principio de separación entre las ramas del poder público y prohíbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras inmiscuirse en asuntos de competencia privativa de otras autoridades; pero, sobre todo, es perentoria al determinar que las decisiones de la Administración de Justicia son independientes. La expresión contenida en el numeral 3o. del artículo 6o. acusado debe interpretarse como una manifestación del control político dentro de un sistema de gobierno presidencial.”

(...)

Considerando que las universidades oficiales son entes autónomos, que no hacen parte de la rama ejecutiva del poder público, es claro que los rectores y representantes legales de las mismas no podrían ser citados al Congreso en cumplimiento del control político que ejerce el mismo.

No obstante, en los términos del artículo 236 de la Ley 5, debe tenerse en cuenta que una Comisión Permanente, puede requerir la presencia de cualquier persona natural o del representante de cualquier persona jurídica para que, según el caso y bajo juramento, en forma oral o escrita, declare o informe sobre temas que sean de interés para la Comisión.

[1] Sentencia C-198-94 del 21 de abril de 1994, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa
 
Es decir, el Rector no estaba obligado a asistir a la Plenaria; sólo puede ser objeto de control político en la Comisión de Educación. Lo que significa que no estaba "sacando el cuerpo", sino haciendo uso del derecho a no asistir, por cuanto en calidad de Rector "no podría ser citados al Congreso". Incluso, respondió por escrito todas las preguntas a los interrogantes planteados aun cuando tampoco estaba obligado a hacerlo ya que "la misma Constitución establece el principio de separación entre las ramas del poder público y prohíbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras inmiscuirse en asuntos de competencia privativa de otras autoridades; pero, sobre todo, es perentoria al determinar que las decisiones de la Administración de Justicia son independientes".

La autonomía, en tal caso, no es una patente de una corso por cuanto las actuaciones de las universidades están reguladas por el Ministerio de Educación Nacional, y bajo la supervisión de los organismos de control (Contraloría, Procuraduría) y judiciales (Fiscalía, tribunales de justicia).

Es bueno, Carlos, que esta información se tenga en cuenta en un debate tan trascendental como el que se le está haciendo a la Universidad de Cartagena. Y sobre todo, que como principio universal del periodismo se tenga en cuenta el equilibrio y se indaguen todas las partes involucradas. Me duele como udeceísta, como exprofesor de Laura (Ardila, también de la familia de este portal) -a quien admiro tanto-, como alguien con quien te has tomado un café y como lector consuetudinario de Metro.com (una publicación necesaria) que este debate lo planteemos desde dos orillas distintas.

Por último, me parece que mencionar que a espaldas de Oliveros está la foto de Sergio Hernández es una información tendenciosa e incompleta. Tendenciosa porque se hace a modo de insinuación por la condena que le impuso la Justicia al exrector. Incompleta, porque en la sala en donde se hizo la entrevista está la foto de todos los exrectores de la Universidad. Y a uno, quiéralo o no, le toca vivir con su historia. Con los capítulos gozosos y los dolorosos de ella. Suprimir los momentos dolorosos (y a sus protagonistas) sería un acto de negación digno de un análisis freudiano.

Un abrazo fraternal,

JUAN CARLOS URANGO