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Por disposiciones de Ley, el control previo desapareció de la faz de los procesos de vigilancia y control que realizaba la Contraloría General de la República, y se entronizó el denominado control posterior y selectivo.

Mientras que el primero permitía disponer con claridad el rubro que debía ser utilizado en un egreso cualquiera, garantizando que no se cometieran errores presupuestales ni desviaciones de ninguna naturaleza, el segundo se limita a verificar que los pagos se hayan efectuado conforme a los reglamentos internos, que las cláusulas del contrato se hayan cumplido a cabalidad y que, en general, los aspectos formales se hayan seguido al pie de la letra, entre otros.

Por ello, el control previo es una herramienta más expedita para evitar (como se evitó en muchas oportunidades en el pasado, antes de que pasara a mejor vida), muchos de los peculados e irregularidades en general que hoy son el pan de cada día en la Administración Pública. Casos como los dobles pagos, que son lugar común en las entidades estatales, o los blanqueos de deudas fiscales, como las recientemente descubiertas en la Secretaría de Hacienda del Distrito, cometidas con largueza en administraciones anteriores, serían mucho más detectables con el control previo.

Dos coyunturas son propicias para pensar en la posibilidad de volver a retomar lo mejor que nos dejó como experiencia el control previo. Por un lado, el comienzo de la nueva  legislatura, en la que el Congreso de la República en pleno deberá retomar la discusión de importantes y trascendentales reformas, entre ellas la fiscal y la de las distintas  ramas del poder. Y por el otro, la reestructuración administrativa que está pidiendo a gritos el Distrito de Cartagena, la cual podría contemplar (debería disponer digo mejor), el fortalecimiento de su Oficina de Control Interno, de tal suerte que se le asigne debida y ampliamente, con poderes suficientes y, sobre todo, absoluta independencia, las funciones de control previo que hoy son prácticamente inexistentes.

Desconcentrar, sí; claro que es absolutamente necesario. Descentralizar, también; se ha demostrado que es altamente ventajoso. Pero toda desconcentración y descentralización deben llevar consigo un control riguroso de los procesos, de tal manera que se deleguen funciones pero no se propenda por la exoneración de responsabilidades.

Y para que ello se de, debe fortalecerse el incipiente control previo que hoy realizan algunas raquíticas dependencias, entre ellas las oficinas de control interno de las diferentes entidades estatales. La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Cartagena contaba hasta hace poco con cuatro funcionarios (¡cuatro funcionarios únicamente!) para 'controlar' todos los procesos del Distrito, y eso es algo que debe necesariamente corregirse, no con más contratos y órdenes de servicio como tiene a ser la fórmula día a día, ni siquiera con un aumento desmesurado de su nómina producto de una reestructuración que desde ya debe comenzar a formularse, sino mediante un verdadero fortalecimiento de sus atribuciones de control previo.

Y para que los procesos se cumplan cabalmente, teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, la Administración es una sola, se debería completar el círculo (virtuoso, lo llamaríamos, para contrastarlo con el círculo vicioso) con una franca cooperación por parte de las Contralorías, que a través de sus controles de advertencia y en apoyo de las Oficinas de Control Interno fortalecerían el control previo que tanto se necesita.


* Contador Público Juramentado
El control previo, una necesidad
Por Abelardo Malo David *

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