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Los primeros asomos de control social organizado que se dieron en Cartagena tuvieron como eje la Cámara Júnior local, entidad que comprometió a los distintos candidatos, en la primera elección popular de alcaldes, a instituir formalmente dicho ejercicio. En 1987, en cumplimiento de tal promesa, el primer alcalde electo, Manuel Domingo Rojas, conformó, mediante decreto, un Comité de Veeduría Ciudadana, integrado por Jorge Pallares Bossa, secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, Javier Bustillo Pertuz, presidente del capítulo Kalamarí de la Cámara Junior, y Gabriel Carmona, dignatario del Club de Leones de Cartagena.

Años después, el 30 de abril de 1999, se realizó en el Centro de Convenciones de Cartagena una audiencia pública convocada por la Contraloría General de la República, en la cual una veintena de ciudadanos denunciaron 97 presuntas irregularidades en la Administración Distrital de la época. El mismo día varios dirigentes cívicos, entre ellos Tomás Batista, Francisco Castillo, Jorge Piedrahita y Carlos Ardila, constituyeron la Red de Veedurías Ciudadanas de Cartagena, un colectivo ciudadano que se especializó en el ejercicio del control social a la Administración Distrital. Meses más tarde, como consecuencia de las denuncias interpuestas, habrían de renunciar los entonces Alcalde, Personero y Contralor distritales.

Un año después, en 2000, la Contraloría General de la República creó, a nivel nacional, los llamados Frentes de Control Social. El de Cartagena, presidido por la entonces gerente regional Mery Luz Londoño, se destacó por su decidido acompañamiento a las incipientes veedurías ciudadanas y por la capacidad de reunir en un mismo escenario a destacados dirigentes gremiales, cívicos, sindicales, comunitarios, de la Academia y de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Paralelamente, en distintos escenarios, entre ellos académicos y gremiales, se continuó promoviendo la creación de colectivos con el fin de vigilar los recursos públicos, y muchos de ellos recibieron el nombre de veedurías.

Una de las entidades que más acciones adelantó en esa materia fue la Fundación Cívica Social - pro Cartagena - FUNCICAR, que no solo gestionó recursos para respaldar el surgimiento de veedurías que ejercieran control social a sectores neurálgicos de la Administración pública, como la salud y la educación, sino que ella misma creó en el año 2002, al lado de la Cámara de Comercio de Cartagena y la Red de Veedurías Ciudadanas de Cartagena, el Observatorio del Concejo de Cartagena de Indias - Concejo Visible, que con el transcurso de los años y el auspicio de la Corporación Transparencia por Colombia, la National Endowment for Democracy y la Universidad Tecnológica de Bolívar, pasó a  denominarse simplemente Observatorio al Concejo.

El 21 de agosto de 2003, un grupo de líderes provenientes de la Cámara Júnior y de la Red de Veedurías Ciudadanas de Cartagena, liderados por Tomás Batista y Carlos Ardila, constituyeron la Corporación Cartagena Visible. Este colectivo habría de denunciar -años después- presuntas irregularidades en el Concejo Distrital, lo que produjo la destitución e inhabilidad por 12 años para ocupar cargos públicos de Adolfo Raad Hernández, quien fuera presidente de la corporación edilicia.

Con el transcurso del tiempo, en la ciudad se crearon otros grupos que, igualmente, contribuyeron a la vigilancia de lo público. Uno de ellos, denominado Frente Ciudadano contra la Corrupción (presidido por el comerciante Milciades Garcés), se destacó por su apoyo a las investigaciones del médico Jorge Piedrahita sobre presuntas irregularidades en la venta de acciones del Distrito a la Sociedad Portuaria Regional.

Otro de los colectivos que más ha permanecido en el tiempo es el denominado Comité de Seguimiento al Pacto por la Transparencia, el cual, como su nombre lo indica, tiene como fin velar porque los suscriptores del pacto por la transparencia (los alcaldes y los gobernadores del momento) cumplan lo acordado en el mismo. Este pacto, y la constitución del correspondiente comité, son promovidos por la Vicepresidencia de la República a través del Programa de Lucha contra la Corrupción. 

Hasta el 18 de noviembre de 2003, fecha en la cual se promulgó la Ley 850/03 o Ley de Veedurías Ciudadanas, la mayoría de esas organizaciones fueron bautizadas como veedurías ciudadanas. Desde entonces, es claro que, para todo efecto legal, solo son veedurías las que cumplen con los requisitos contemplados en dicha ley.

En la actualidad estos grupos, con excepción de unos cuantos, entre ellos el Observatorio al Concejo y el Comité de Seguimiento al Pacto por la Transparencia, han dejado de funcionar como tales. Las juntas directivas y las asambleas de la Red de Veedurías y el Frente de Control Social, dos de las organizaciones más activas durante el quinquenio anterior, tienen más de dos años que no se reúnen. Mario Andrade y Tomás Batista, sin embargo, consideran que hay algo más importante, y es que todos han entendido que el control social, como el ejercicio de la ciudadanía, es un deber ineludible de todas las personas y no solo de unos cuantos. 




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Análisis
El control social en Cartagena
Por Carlos Ardila González

     OPINIÓN

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