:::Revista Metro:::

De acuerdo con el diccionario de la lengua española, cuando hablamos de lobby nos referimos a la actividad -remunerada o no-, cuyo objetivo es promover, defender o representar cualquier interés legítimo de carácter individual, sectorial o institucional, en relación con cualquier decisión que deban tomar las autoridades públicas. Corresponde a toda democracia permitir a los ciudadanos ejercer su derecho a organizarse en torno a sus intereses y a representarlos, individual o colectivamente, ante la autoridad política.

Algunos países, como Estados Unidos, Canadá y Perú, cuentan con leyes que regulan el lobby, mientras otros, como Inglaterra, poseen distintas normas que rigen el comportamiento de los funcionarios públicos ante esta actividad. En Chile, en el año 2003, el ex presidente Ricardo Lagos presentó un proyecto de ley para regular el lobby que como actividad ya se ejercía en Chile, pero hasta hoy la iniciativa no ha prosperado por los argumentos de sus detractores, quienes niegan sus beneficios y han manifestado dudas de que actúe en función del bien común, considerando que actúa más bien en beneficio de intereses privados

Una ley que regule el lobby debe ser lo suficientemente clara para determinar las reglas que establezcan su campo de acción, autoridades que pueden ser objeto del mismo, restricciones, incompatibilidades, reconocimiento profesional y registro de los mismos, excepciones, sanciones, obligatoriedad de publicación de contactos con lobbystas, sin olvidar una estricta delimitación que no deje lugar a dudas de aquellas actividades que no se consideren lobby, como discursos y columnas de opinión, aquellas que están contenidas en un registro público, como presentaciones ante comisiones del Congreso, o las que solo buscan beneficios personales de carácter social, todo esto dentro de un marco integral de compromiso con la ética y la moralidad pública.

El Congreso de nuestro país se encuentra en mora de regular, no la validez sino el ejercicio de la actividad de lobby o cabildeo por medio de una ley que permita establecer normas de la actividad y facilitar el conocimiento público de sus acciones, obligando a quienes las realicen a cumplir ciertos requisitos de procedimiento que garanticen igualdad de oportunidades de representación, impidiéndole así a la corrupción disfrazarse de lobby. Básicamente, lo que debe buscar una ley de lobby es proteger la igualdad política mediante la transparencia de las gestiones que realizan entidades o personas que tienen un poder de influencia significativamente mayor al de otros.

Regular el lobby en Colombia nos permitiría profesionalizar abiertamente esta actividad que por razones de peso suficiente seguimos relacionando con corrupción y exclusiva defensa de intereses particulares, nos permitiría también empezar a formar personas con vocación, seriedad y compromiso que defiendan los intereses locales a nivel nacional y los del país a nivel internacional para así depender cada vez menos de la contratación de lobbystas profesionales en el exterior, tal como lo hemos hecho buscando la aprobación del TLC con Estados Unidos, pagando astronómicas cifras del orden de 100 mil dólares al mes. Esperamos que el nuevo gobierno impulse esta ley dentro del compromiso de ética pública promulgado por el presidente electo y su equipo de gobierno.

* Médico y Politólogo

Agosto de 2010