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La propuesta de algunos concejales de someter al Distrito de Cartagena a la Ley 550, en concepto de entendidos en la materia, es una forma de evadir su responsabilidad, ya que tanto el Concejo como las entidades de control habrían pecado por omisión por no aplicar, a su debido tiempo, el control político ni de legalidad al manejo presupuestal del Distrito.

Como ante estas situaciones es costumbre culpar siempre a las administraciones anteriores, es necesario conocer los antecedentes de la situación financiera tomando como referencia la aplicación de la Ley 617 desde noviembre de 2001.

Cabe señalar que para esta aplicación se creó un Comité de Vigilancia conformado por representantes del Ministerio de Hacienda y del sector bancario, el cual hizo un estricto seguimiento a cada una de las operaciones financieras.

Iniciado el proceso, existía una deuda con proveedores y contratistas de alrededor de $60.000 millones y una deuda pública interna (bancos locales) de $93.179 millones. Concluida la administración Díaz, la deuda con proveedores y contratistas se había pagado en su totalidad y la deuda con el sector financiero nacional se atendió en $43.164 millones. Adicionalmente, se pagaron intereses por $19.672 millones, es decir se atendió la deuda pública por $62.836 millones, para un gran total de pagos de $122.836 millones.

Como se recordará, al inicio de la administración Barbosa se dio una discusión sobre el Déficit Fiscal que dejaba la administración anterior por $7.269 millones, la cual pasó del escenario frío y técnico de los análisis financieros a las gradas ardientes e inmisericordes de la política.

Sin embargo, los miembros del Comité de Evaluación y Seguimiento al Plan de Ajuste entendieron y aceptaron las explicaciones de la administración Díaz una vez se demostró que el déficit generado se había utilizado en Inversión y no en Gasto y, de paso, se indicaron las fuentes de los recursos disponibles para cubrirlo, en Caja, sin utilizar un solo peso del Presupuesto del 2004.

El Comité, además, destacó el buen manejo de las finanzas, lo cual permitió el restablecimiento de la solidez económica y la recuperación de la confianza en una administración que venía seriamente cuestionada. El manejo financiero que se le dio al Distrito en el tiempo que estuvo sometido a la Ley 617 fue tan efectivo y responsable, que las proyecciones para pagar todas las acreencias se calcularon hasta el año 2009 y se culminaron a mediados del año 2005.

Partiendo de ese análisis, es necesario que la Contraloría General de la República de a conocer los resultados económicos del Distrito en las vigencias 2004 a 2007, teniendo en cuenta que el Artículo 81 de la ley 617 expresa que esta entidad realizará el control fiscal de las entidades territoriales que incumplan los límites previstos en dicha Ley. Igualmente, la Contraloría Distrital debe dar a conocer sus informes de los mismos períodos, ya que ella debe realizar un control de cumplimiento, aunque ya no exista acuerdo de reestructuración, precisamente para vigilar que no se incumplan con los límites de la Ley 617.

De haberse incumplido los límites del Gasto, a la actual Administración le espera un año negro, teniendo en cuenta que la Ley 617 expresa que "los gastos de funcionamiento que no se cancelen durante la vigencia fiscal que se causan deberán imputarse a la vigencia fiscal en la cual se pagan", es decir, tendrán que registrarse como gastos de su presupuesto los desafueros de la anterior administración, limitando de esta manera sus propios gastos así como sus inversiones.

Esta eventual violación a los límites de la ley 617 durante el año 2007 debió haberse previsto, ya que se trató de un año electoral con un gobierno comprometido hasta los tuétanos con una candidatura. Por ello, una de las misiones que debió cumplir el comité de empalme fue exigir la información financiera, preparar y analizar los escenarios financieros, al igual que las contingencias y sus resultados, y darlos a conocer a la opinión pública para que la comunidad tuviera un real conocimiento de cómo se recibía la Hacienda Distrital.

La propuesta de someter al Distrito a la Ley 550, en consecuencia, nos parece apresurada e irresponsable, ya que no se conocen aún las cifras definitivas del endeudamiento del Distrito y sus contingencias, así como las proyecciones financieras de la actual administración por Ingresos tributarios y no tributarios, participaciones, recursos de capital y otros ingresos. Y mucho más, viniendo la misma de unos concejales que estuvieron ad portas de desechar millonarios ingresos por medio de la cuestionable concesión de varios macroproyectos.

* Contador Público. Asesor Financiero

Mayo de 2008
El déficit fiscal del Distrito
Por José Núñez Aldana *

     OPINIÓN