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Creo haber leído, hace ya algunos años, una frase del autor checo Milan Kundera, que palabras más palabras menos rezaba: "…en este mundo donde todo está perdonado de antemano, todo está cínicamente permitido…". Esta frase, cuya lectura me impactó sobremanera, parece aplicarse incesantemente en todos los ámbitos del trasegar de nuestra sociedad, pero muy especialmente en el terreno político.

Pues bien, en estos días de agitación en los que por enésima vez el tema de una "reforma" retumba en los pasillos del Congreso de la República, llama la atención que el presupuesto de los cambios que se anuncian bajo el marco de "un gran acuerdo nacional" sea justamente omitir la de por si pírrica sanción que la justicia por fin ha logrado imponer a algunos dirigentes que de una u otra manera se han beneficiado por el narcotráfico y el paramilitarismo para el logro de sus objetivos políticos.

El ciudadano del común no puede observar con beneplácito, sino con perplejidad y frustración, que opiniones de este tipo se abran paso como el pábulo que dará sustento a los supuestos "cambios" puesto que lo que la opinión pública ha reclamado siempre, con razón, es que la justicia actúe con severidad y sancione efectivamente a quienes so pretexto de engañosos liderazgos y abultadas pero espurias votaciones, han accedido a las corporaciones y cargos públicos con el fin de asaltar el erario que a todos pertenece y usurpar la dirección de nuestra instituciones. No vemos que una decisión en la vía de "indultar políticos" condenados por vínculos con el paramilitarismo pueda conducir a resultados deseables para la transformación del entorno de la actividad pública.

Considero más bien que el verdadero cambio debe estar auspiciado por el apoyo a la gestión de las corporaciones de justicia y que este esfuerzo judicial llegue a develar la manera cómo también las instituciones de orden departamental y local han sido capturadas, como se dice ahora, por estas fuerzas oscuras.

Sería entonces muy conveniente, para acordar una verdadera transformación, que también, en lo regional, ex gobernadores y ex alcaldes revelaran si en sus campañas penetró el fenómeno del narcotráfico y el paramilitarismo; que nos contaran la forma cómo los estafetas de dichos sectores se apropiaron de secretarías de despacho completas, fundamentalmente en temas tan urgentes y neurálgicos como la salud y la educación del Departamento y el Distrito. 

Que la Justicia ayudara a descubrir, como sospechamos la mayoría, si es cierto que algunos partidos políticos han llevado a las corporaciones locales y seccionales, léase juntas administradoras, concejos y asambleas, a agentes de inconfesables propósitos de los sectores armados. Este sería un ejercicio loable y necesario, que se constituiría en la piedra angular de una real transformación, puesto que tales revelaciones debería implicar el repudio de la sociedad a tales prácticas y la irrupción consecuente de una nueva generación de dirigentes cuya gestión pública esté avalada por el trabajo y el compromiso sincero con las ideas y las gentes del pueblo.

La sociedad requiere conocer quiénes acabaron con los recursos de la salud y la educación departamental y local y a qué bolsillos fueron a parar esos dineros, y cómo se construyó, y si aún subsiste, la malévola influencia de la droga y las armas en nuestras instituciones regionales, pues ello ha sido la razón fundamental de nuestro atraso.

Yo quiero creer que esta sociedad no va a seguir aduciendo el cinismo como el fundamento del perdón. 



* Abogado. Ex director de la Red de Veedurías Ciudadanas de Cartagena

Marzo de 2009
La parapólitica local
Por Danilo Contreras Guzmán *

     OPINIÓN