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Muchos analistas políticos han calificado al alcalde electo de los cartageneros como ilegítimo, conclusión a la que llegan basados en los pobres resultados de las votaciones que tuvieron lugar este último fin de semana en la ciudad y aunque, con una visión superficial de la coyuntura, podríamos llegar a compartir esa opinión, pensamos que esta última surge de abordar solo la mitad del problema, ya que, en realidad, las cosas van más allá: la ilegitimidad del alcalde no es más que una consecuencia de la ilegitimidad de la jornada electoral en su conjunto. Ello no resulta ser un problema que se relacione única y exclusivamente con el señor Dionisio Vélez; es un defecto democrático gestado por la resignación social a la politiquería  y que las nuevas generaciones tienen la obligación moral de corregir. 

Los conceptos de legalidad y legitimidad no siempre resultan coincidentes en determinadas situaciones y, aunque la legalidad de la jornada, desde que se convocó a elecciones dada la falta absoluta por muerte del alcalde titular hasta el último reporte de la Registraduría dando como ganador a Dionisio Vélez no se cuestiona, la legitimidad de todo el proceso comenzó a mancillarse desde la prostitución partidista por avales y respaldos políticos, sufriendo su estocada final con una abstención del 70.69 % más un 5,57 % de votos en blanco, en otras palabras, más del 76 % de los ciudadanos no encontró, independientemente de la razón que los motivara, una representatividad en los aspirantes que pretendían alcanzar la Alcaldía, con la diferencia de que un pequeño porcentaje de ellos lo manifestó en las urnas y la aplastante mayoría simplemente no acudió a depositar su voto.  

Podemos abordar la jornada del domingo también desde otro ángulo que nos muestra un panorama aún más desolador: de los 683.166 cartageneros que tienen en sus manos el poder de decisión sobre el futuro político de la ciudad donde viven y en la que están creciendo sus hijos, solo 189.313 escogieron una opción y lo más increíble y -también - lo más grave, es que solo 95.870 personas le impusieron un alcalde a 683.166 ciudadanos y a casi 1 millón de habitantes.

Lo que sucede en Cartagena es vergonzoso, inaceptable y absolutamente repudiable. No con la victoria de Dionisio, no se me confunda, ya que es algo más allá; es con la democracia. La abstención en nuestro país, al igual que el voto en blanco, es un opción democrática, diferente de lo que sucede en otros estados de la región. En Colombia una persona es libre decidir si acude o no a votar, pero ese derecho, en esta ciudad, se confunde con la total y absoluta apatía participativa, conducta que resulta ser una negación en sí misma al escudarse en la libertad que una democracia otorga a sus ciudadanos para no practicarla y, subrepticiamente, garantizar dentro de ella un régimen que le resulta incompatible y solo garantiza el fracaso social.

Concretamente, en lo que radica mi preocupación es que, si bien esos ciudadanos que se abtuvieron de votar y aquellos que lo hicieron en blanco, así como tenían el derecho a hacerlo, también tienen el deber de ejercer un control; ese es mi punto. Si la protesta democrática se limita a una abstención o al voto en blanco y no trasciende a un control social activo y efectivo, se está siendo hipócritamente demócratas, ya que la labor no culmina el día de las elecciones. Esa protesta debe continuar dentro del marco de la democracia, y existen muchas y variadas formas de manifestación. Ello es algo que no solo beneficiaría al pueblo sino que motivaría al gobierno de turno para hacer las cosas lo mejor posible.

Una oposición democrática resulta esencial para el sistema, pero una oposición real, basada en posiciones políticas distintas y no en la marginación burocrática o corrupta. La presencia del Polo Democrático Alternativo en las elecciones, a pesar de su poca votación, es un ejemplo de cómo debería funcionar una democracia. El control que ejerce su concejal en la corporación edilicia es, así mismo, un espejo en el cual deberían mirarse otras colectividades. Ahora toca que ese 76 % de cartageneros se concientice de que, si trabajan juntos, no existirá poder corrupto que dirija la ciudad y, si logran ser engañados, ningún trabajo le constaría revocar un mandato o repetir elecciones por victoria del voto en blanco.

Es un 76 % para no olvidar; es la mayoría absoluta que libremente eligió no elegir, la cual en adelante puede, de la misma manera, libremente, decidir sí proceder a hacerlo.      






* Abogado.
Especialista en Derecho Penal y Criminalogía
y en Derecho Administrativo.


anthonysampayo@hotmail.com


Julio de 2013
¿76 % para qué?
Por Anthony Sampayo Molina *

     OPINIÓN
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