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No se engañen. Aquellos oportunistas que, conscientes de lo ilegal e injusto de la separación de Campo Elías Terán como alcalde mayor de la ciudad, pretenden aprovechar la coyuntura para lograr un remplazo definitivo en el cargo conforme a sus intereses, poco o nada le están aportando a la institucionalidad o estabilidad administrativa de la ciudad.

Si bien la inobservancia del ordenamiento jurídico, motivada por la avaricia y cálculos electorales futuros, en todos los niveles del estado, hoy tiene como victima al señor Campo Elías y sus más de 160 mil electores, la indiferencia o coadyuvancia ante el rasponazo político del que hemos sido victimas desde el nivel central, solo garantiza, a futuro, una inseguridad político-administrativa local, direccionada desde la capital, sin distingo de nombres, partidos o respaldo popular, sino determinada por mezquinos intereses a espaldas de las necesidades reales de una sociedad, que al igual que cualquier otra en Colombia, tiene derecho a decidir libremente su futuro político.   

Una de las grandes conquistas logradas a través de la constitución política de 1991 fue lograr, a través de la elección popular de alcaldes y gobernadores, la autonomía de las distintas entidades territoriales. Ese derecho de elegir popularmente autoridades propias, basado en el principio de descentralización administrativa, resulta absolutamente ineficaz si pasamos por alto todas aquellas normas que garantizan su goce y ejercicio, convirtiendo esa supuesta autonomía en simple letra muerta con propósitos decorativos.

El íntimo y respetable convencimiento que tienen algunos sobre la inconveniencia del retorno de Campo al Palacio de la Aduana, en ningún momento puede justificar una complacencia en la forma injusta e ilegal con la que poderosos y cuestionados personajes han logrado separarlo del cargo y colocar en su remplazo, pisoteando normas y principios constitucionales, al mejor estilo dictatorial, a la persona que mayor garantía otorgaba a la salvaguarda de sus intereses, de hacerlo, estarían aceptando como sociedad, un menosprecio y humillación que mañana los despojará de cualquier autoridad moral para reclamar ante un abuso similar, pero esta vez sí, hacia un líder que goce de su respaldo.

Lo último que se han inventado, esta vez desde la Contraloría, es que los alcaldes deben revisar y dar fe de autenticidad de todas y cada una de las planillas de pago que certifique los aportes parafiscales de todos los empleados de cada uno de los contratistas del distrito, lo que por analogía nos llevaría a afirmar que en la misma obligación estarían sujetos los gobernadores con respecto a todos los particulares que trabajan con contratistas del departamento. Véase que para la Contraloría no es suficiente la verificación por parte del director y ni siquiera del secretario respectivo, sino que de ahora en adelante, mensualmente, los alcaldes y gobernadores tienen que revisar y verificar, casi personalmente, las miles de planillas originadas de cada uno de los trabajadores de los contratistas a nivel distrital y departamental respectivamente (mensajeros, choferes, gerentes, servicio de aseo, etc.) y no solo eso, sino que deben dar fe de la veracidad de esas certificaciones, mejor dicho, mas que un alcalde o gobernador necesitaremos un equipo de CSI. 

Algo que debe unir a 'campistas' y no 'campistas' es el respeto por la dignidad de la sociedad cartagenera, respeto por su autonomía y por sus decisiones democráticas, lo cual, haciendo un análisis objetivo de la situación, se puede realizar por dos vías: 1. Campo, de forma voluntaria, renuncie al cargo y en consecuencia se llame a nuevas elecciones o 2. Campo regrese y ejerza el cargo por el cual fue elegido con una votación histórica. Son las dos opciones, cualquiera de las dos que se dé, otorga la posibilidad de que seguidores y detractores se manifiesten y en ejercicio de sus derechos políticos asuman el rol que su conciencia les determine.

Mientras, la presencia del actual alcalde encargado no es más que un símbolo que representa la arbitrariedad y el menosprecio por la ciudadanía cartagenera, no solo por la seguidillas de actos administrativos irregulares que finalmente permitieron su designación, sino por la ausencia absoluta de representación del electorado que acertada o desacertadamente, lo cual es irrelevante en este momento, escogió a Campo Elías Terán como alcalde mayor de Cartagena.

Ciudad dirigida actualmente por una persona que, más que por un alcalde encargado, parece estar conducida por uno titular proveniente de un partido político opositor al de su predecesor, lo cual convierte dicho encargo no solo en ilegal sino igualmente en ilegítimo.




* Abogado.
Especialista en Derecho Penal y Criminalogía
y en Derecho Administrativo.

anthonysampayo@hotmail.com

Febrero de 2013
¡Más que campistas o no, demócratas!
Por Anthony Sampayo Molina *

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