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Mucho se ha especulado de tiempo atrás sobre la supuesta existencia de un complot fraguado por poderosos personajes en contra del alcalde Campo Elías Teherán, especulaciones que revivieron recientemente gracias a declaraciones entregadas a la F.M. de RCN por parte del abogado Abelardo de la Espriella, hoy apoderado del alcalde titular de Cartagena.

Lo cierto es que inevitablemente arribo a la misma conclusión al percatarme como actuaciones, supuestamente altruistas, no solo contrarían la ley sino que adicionalmente son complementadas con declaraciones demagógicas y populistas que -concluyo - buscan evitar una profundización de la sociedad en el tema.

Mis sospechas comenzaron cuando, ya conocida la desafortunada enfermedad que padecía Campo, el 5 de Octubre de 2012 la oficina jurídica del distrito, antecedida de un inhumano debate en el concejo, envió una carta al presidente Santos dándole a conocer el estado de salud del alcalde, según decía "para lo de su competencia" y todo por una incapacidad médica de 15 días. Inmediatamente me traslade a mis primeras clases de derecho publico, abrí la constitución y no tuve que ir muy lejos para que, como si se tratara de una revelación divina, el primer articulo de nuestra carta magna me hablara, y dijera: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales…".

Luego me tomé la tarea de revisar que fundamentos legales habían sido utilizados para inmiscuir al gobierno central en una problemática distrital y pude extraer del texto de la carta enviada a Santos las siguientes normas: Artículos 2 y 10 de la ley 768 de 2012,  artículos 99 y 106 de la ley 136 de 1994 y la Ley 1551 del 2012, lo cual aumentó mis sospechas e inmediatamente pensé "aquí algo pasa", veamos:

Si revisamos la ley 136 de 1994 en la cual se regula el funcionamiento y manejo de los municipio de forma general, modificada solo en algunos aspectos por la ley 1551 de 2012, observamos que es la ley 136 la que establece, no ninguna otra, cuales son las faltas absolutas y temporales en el ejercicio del cargo de alcalde así como el procedimiento a seguir en caso de concretarse cualquiera de ellas, específicamente hablamos de los arts. 98, 99 y subsiguientes.

Leyendo nuevamente la carta de la oficina jurídica se observa que esta se remite al articulo 99 ya mencionado previamente, por lo que de forma obvia se estaba asumiendo la existencia de una falta temporal del alcalde por incapacidad (Lit. d). Luego abordé con esperanza el articulo 106 citado en el mismo documento y debo decir que  pasé de un estado de sospecha a casi la certeza sobre la existencia de algo extraño al interior de la alcaldía, el famoso articulo 106, incólume en modificaciones, de forma textual, clara y expresa contempla que para que proceda la designación de un alcalde por parte de la presidencia de la republica debe existir una falta absoluta o la falta temporal de suspensión (Inc 1º). De igual forma y con la misma claridad se señala que en caso de faltas temporales, excepto la suspensión, el propio alcalde es quien encargará de sus funciones a un secretario del despacho, al punto que la misma norma prescribe que en caso de que el alcalde no pueda hacerlo asumirá dicho encargo el secretario de gobierno (inc. 2º).  ¿Entonces como estamos? ¿aceptamos que existe una falta temporal por incapacidad pero le damos el tratamiento de falta absoluta solo para lograr la designación de un alcalde por parte de presidencia?

Por otra parte la ley 768 de 2012 citada en el documento no existe, la que si existe es la ley 768 de 2002 y a través de esta se adopta un régimen especial político, administrativo y fiscal para los distritos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Si nos limitamos al punto que nos interesa (Art. 10), dicha norma simplemente faculta al presidente de la republica para que sea este y no el gobernador del respectivo departamento, como ocurre en el resto de municipios exceptuando Bogotá, quien nombre alcalde encargado en caso de falta absoluta o temporal, pero no cualquier falta temporal, solo en caso de suspensión como ya vimos.

Mi sospecha y su consecuente temor de lo que parecía ser un "golpe de estado" a nivel local, resultaban en ese momento opacado por la certeza en la negativa de presidencia de acceder a dicha solicitud dada la ilegalidad de la misma.

Sorprendentemente el Presidente de la Republica accedió a la petición y nombró un alcalde encargado para Cartagena por una incapacidad del titular de 15 días y lo hizo increíblemente amparado en los mismos presupuestos legales utilizados por la oficina jurídica del distrito. Es así como el decreto 2084 de 2012, por medio del cual se nombra a William Bruce Mac Master alcalde (E) de Cartagena dice en su texto estar fundamentado en el articulo 10 de la ley 768 de 2002. Llama poderosamente la atención como se acude con insistencia a esta norma cuando en ninguna parte de la ley se dice que ante cualquier ausencia del alcalde titular el presidente de la republica queda facultado para nombrar uno encargado, como ya vimos cuando se hace referencia en la norma a "falta temporal" es con relación a la causal de "suspensión" no a ninguna otra como de forma atrevida nos quieren hacer creer. Curiosamente es el mismo decreto quien acude al art. 106 de la ley 136, pero en el curso de la remisión lo mutila haciendo referencia solo al primer inciso del articulo e ignora por completo el resto que es donde justamente se revela la ilegalidad de lo propuesto por parte de la oficina jurídica distrital; además que se habla de una supuesta suspensión inexistente en ese momento . ¿Error?

Cuestionado el ministro del interior y el mismo alcalde Mac Master sobre la legalidad del nombramiento, estos lo justificaban ante la opinión diciendo que era lo mismo que había ocurrido en Bogotá con la designación de María Fernanda Campo, entonces ministra de educación en remplazo de Samuel Moreno mientras que se enviaba un terna por parte del Polo Democrático, sin embargo en este punto de la columna ya sabemos que lo ocurrido en la capital sí hacia procedente dicha designación y eso justamente porque la procuraduría había SUSPENDIDO al alcalde Moreno, no estaba incapacitado como en el caso de Cartagena. No cabe en mi mente la envergadura de la revolución política que hubiera tenido lugar en el país si el Presidente  hubiese procedido igual en alguna de las dos ocasiones en que Petro, también por incapacidad, se separó en 2 ocasiones del cargo por coágulos en el cerebro. Ahí sí se respetó la norma, ahí si Petro nombró él mismo alcalde encargado, ahí sí hubo solidaridad, ahí sí se piensa dos veces antes de engañar a la ciudadanía.

¿Cual era entonces la solución para tratar de subsanar semejante error que estaba cada vez mas cerca de explotar? Pues lógico, con una suspensión, única causal que hacia procedente la designación ante una ausencia temporal y es así, como el ultimo día de incapacidad de Campo, ya entrada la tarde, la Contraloría General suspendió al alcalde, posteriormente se ratifico a Mac Master, se elaboro la terna, se nombró a Otero y colorín colorado el error se ha subsanado.

Hoy se cuestiona el hecho de la legalidad en el nombramiento de Otero cuando la incapacidad del alcalde titular aun no ha cesado y aunque en mi concepto la improcedencia en la designación resulta evidente, eso es algo que para los que están detrás de todo lo que está ocurriendo en el distrito es un problema menor, primero se tenía que nombrar a alguien de una terna y era necesario que la designación mientras se hacia dicha escogencia fuera legal, ahora con Campo aparentemente por fuera, el Huracán Sandy es una agradable brisa decembrina en comparación con lo que  ocurre cada vez que el alcalde titular hace una aparición, muchas personas olvidan que aún el alcalde titular de Cartagena, elegido con casi 160.000 votos sigue siendo Campo Elías Teherán Dix, quien, superada la suspensión y la enfermedad que lo aqueja, tiene todo el derecho de regresar al cargo en el cual la ciudadanía lo colocó y los que no olvidan esa contundente realidad inhumanamente apuestan a un fracaso en su lucha contra el cáncer. Sea cual sea el futuro, nunca antes los destinos de una ciudad estaban tan ligados a la voluntad divina y nunca antes lo mas bajo del ser humano, concretado en la hipocresía y el oportunismo, había delatado a una dirigencia que nos demuestra cada vez más el nivel de degradación a que ha llegado en nuestra ciudad el ejercicio de la política.




* Abogado
Especialista en Ciencias penales y criminologicas
Universidad Externado de Colombia y
especialista en Derecho Administrativo.



anthonysampayo@hotmail.com
La evidencia jurídica del complot
Por Anthony Sampayo Molina *

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