Copyright 2010. All Rights Reserved. www.revistaelmetro.com

::.Síganos también  en--.>
Como pudimos establecer en la columna titulada "la evidencia jurídica de un complot" (<<< leer), el Decreto 2084 del 8 de Octubre de 2012 (<<< leer),) a través del cual se nombraba como alcalde (e) a Bruce MacMáster, resultaba ser claramente ilegal, no solo en el fondo, en la medida que una designación a dedo de un alcalde encargado, ante una mera ausencia temporal del titular, deviene improcedente a menos que obedezca a una declaratoria suspensión, sino que -incluso - este mismo decreto evidenciaba en su parte considerativa fundamentos tan reforzados que llegaban a ser incluso ofensivos a la inteligencia, V.gr. el Paragrafo 10º, en el cual se hace referencia al Art. 106 de la ley 136 de 1994 (<<< leer), pero que solo cita el primer inciso, en la medida que si lo hiciera con el 2º, dejaría en evidencia la imposibilidad de proceder como se hizo.

Abordemos ahora la muy "oportuna" solicitud de suspensión hecha por la Contraloría el 30 de Octubre de 2012, justamente la última hora hábil, del último día, en el cual se vencía la incapacidad de Campo Elías y este debía decidir quién continuaría al frente del Palacio de la Aduana provisionalmente.

Tal era el desespero del gobierno nacional en retirar al alcalde titular del cargo, que procedió a decretar su suspensión sin ni siquiera esperar que culminara la incapacidad que en ese momento pesaba sobre él, condición que la propia Contraloría consignó en la Resolución 0057 de 2012 pero que fue flagrantemente ignorada por parte del ejecutivo.

Ya todo estaba cuadrado, el 30 de Octubre, al final de la tarde, se solicitaba la suspensión, el 31 se vencía la incapacidad, lo cual posibilitaría que el mismo 31 se suspendiera a Terán y se ratificara a MacMáster; de esa forma quedaba subsanado el error de la primera designación y se procedería a elegir al próximo alcalde de una terna integrada por personas del "mismo grupo o movimiento político del actual". 

Con lo que no contaban era que la incapacidad del alcalde se iba a prorrogar, pequeño detalle que no previeron y que desbarataba todo el oscuro plan preconcebido para apropiarse de la Alcaldía, pero aún así, y en una ya común actitud de menosprecio por la capacidad de reacción de la sociedad costeña, se mantuvo incólume el Decreto 2248 del 31 de Octubre de 2012 (<<< leer), el cual, al mejor estilo macondiano, suspendió en el ejercicio del cargo a una persona que no estaba ejerciendo el cargo. Las curiosas y cómicas ironías que se presentan en nuestra querida ciudad.

Pues bien: ensuciado el dedo ensuciada la mano, y había que a ultranza continuar adelante. Restaba que la Presidencia, "en estricto cumplimiento de la ley", nombrara, de una terna, a alguien perteneciente al mismo partido o movimiento político del alcalde titular y "fieles a la constitución y al ordenamiento jurídico", increíblemente el partido ASI y el presidente Santos incluyeron en la terna y nombraron, respectivamente, después de rechazar inexplicablemente una primera, a quien dirigió la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en Cartagena por el partido de la U, a quien escasos meses antes había declarado de viva voz, cuando era candidato a gerenciar el proyecto TRASCARIBE, pertenecer a la Unidad Nacional y además fue el delegado por el propio presidente para conformar la junta directiva de varios institutos descentralizados. Ello, en cualquier otra parte del mundo, haría suponer que el señor Otero pertenecía al partido de la U, pero aquí, en Macondo, es de la ASI. 

Quienes apostaban a la salida de Campo Elías por una convocatoria a elecciones ante el cumplimiento de 180 días de incapacidad perdieron; muchos ya le estaban otorgando pensión de invalidez después que le pronosticaban 5% de probabilidad de vida; otros, después de un posgrado en oncología dictado por el Dr. Wikipedia, resignados ante la sorprendente mejoría del alcalde, insisten en la imposibilidad que tiene de retornar al cargo por la enfermedad que padece.

La realidad es que -hoy - lo único que imposibilita el retorno del alcalde es la suspensión que, como medida provisional, solicitó la Contraloría por no haberse efectuado, por parte de un contratista, los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados durante la ejecución de un contrato para el servicio de aseo a los colegios del Distrito. Siendo ello así, si ya se realizaron los respectivos aportes, debe desaparecer la situación que, en el entender de la Contraloría, colocaba en peligro el patrimonio público, y, con fundamento en el articulo 16 de la ley 610 del 2000 (<<< leer) sería procedente decretar la cesación de la acción fiscal.

Para el retorno de Campo Elías a la Alcaldía no resulta suficiente que el gobierno nacional revoque unilateralmente el acto administrativo que nombró a Otero como alcalde encargado (Decreto 2327 de 2012). Ello, aunque procedente, simplemente obligaría a la escogencia de otra persona de una terna, igual o más amañada, enviada por la ASI al presidente, dejándose indemne el verdadero acto administrativo que hoy tiene a Campo por fuera de la Alcaldía: la Resolución 0057 de 2012, que es justamente la que el actual abogado del alcalde pretende anular a través de una orden judicial vía tutela.  






* Abogado.
Especialista en Derecho Penal y Criminalogía
y en Derecho Administrativo.

anthonysampayo@hotmail.com
La caída de un complot
Por Anthony Sampayo Molina *

     OPINIÓN