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     CARTAGENA
La pregunta que nadie quiere responder es quiénes financian la promoción de la iniciativa
Tras revocatoria del Decreto 1144/12, el debate sobre sus verdaderos alcances y beneficios apenas comienza
La Silla Vacía
Kienyke
El alcalde (e) Felipe Merlano de la Ossa, por medio del Decreto 1328 del 12 de sep- tiembre de 2012, revocó el Decreto 1144 del 26 de julio de 2012, mediante el cual se reglamentaba "el tratamiento de desarrollo para suelo rural suburbano..." de la Zona Norte de Cartagena.

De acuerdo con los considerandos del decreto revocatorio, el Ejecutivo, tras analizar el contenido del polémico acto administrativo, concluyó que este era "contrario a la Constitución y a la Ley".

Horas antes de ser derogado el Decreto 1144/12, sus promotores, mediante un comunicado de prensa, informaron que el "abogado mágister en Derecho Administrativo, Carlos Medellín Becerra", conceptuó que la motivación del mismo "es completa, seria y ajustada al ordenamiento jurídico" (Ver COMUNICADO MEDELLÍN).

En el remitido, elaborado en papelería con membrete de la Asociación de Concejos (SIC) Comunitarios de Cartagena - ASOCOC - 'Mi Tambó', se asegura que dicho concepto fue solicitado por la Alcaldía Mayor de Cartagena a Medellín Becerra "con el objetivo de establecer la competencia para expedir" dicho acto administrativo. Fuentes del Ejecutivo -sin embargo - niegan que ese hecho se haya dado.   

Sorpresivamente, el experto y prestigioso jurista fundamentó su concepto, entre otros, "en el artículo 69 del C.C.A.", muy a pesar de que esta norma: el Decreto 01 de 1984 o Código de lo Contencioso Administrativo, fue derogado expresamente por la Ley 1437 de 2011.

Al ser consultado por Metro.Com sobre el particular, el recién nombrado jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, Fabio Castellanos Herrera -quien se posesiona mañana viernes - manifestó que "sin entrar a analizar de fondo el concepto (de Carlos Medellín), me preocupa que esté fundamentado en una norma derogada".

Contra el decreto revocatorio no procede recurso alguno, pero -desde ya - distintos sectores se preparan para el debate que se dará una vez la iniciativa sea presentada al Concejo. Mientras tanto, muchos siguen preguntándose quién pagó los gastos de promoción y defensa del 1144/12.

Como se recordará, en diferentes oportunidades, tanto en el Concejo como en declaraciones a varios medios de comunicación, la exsecretaria de Planeación, María Claudia Páez, ha reiterado que la norma era constitucional, legal y conveniente (Ver NOTA EL UNIVERSAL). 

Por su parte, el secretario del Interior, Nausícrates Pérez, también ha sido enfático en respaldar la iniciativa. En una de las jornadas de protesta promovidas por sus interesados a lo largo de la Vía al Mar, según un comunicado también con mebrete de 'Mi Tambó', el funcionario dijo públicamente que el decreto "no se modificará ni en una coma" (Ver COMUNICADO NAUSÍCRATES).

Un decreto con historia
Gloria Sánchez, lideraza de Villa Gloria, uno de los sectores más deprimidos de la Zona Norte, asegura que numerosos pobladores del sector no estuvieron nunca de acuerdo con el 1144/12. "En cualquier escenario estoy dispuesta a denunciar que algunos avivatos 'vendieron' la consulta previa, y hay algunos que se mudaron hace poco para la Zona únicamente para sacarle provecho al proceso", señaló.
El periodista y excandidato al Concejo Gustavo Balanta; el exsecretario de Planeación Javier Mouthón; la entonces secretaria de Planeación María Claudia Páez, y el alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, durante la suscripción del Decreto 1144 de 2012 - Cortesía Prensa Alcaldía de Cartagena
El 26 de julio de este año se cumplió el aniversario nú- mero 25 de la elección de las primeras Juntas Admi- nistradoras Locales. Ese día, según lo dispuesto en el Acuerdo 15 de 1996, de- bían realizarse varios even- tos conmemorativos, pero por cualquier circunstancia ello no ocurrió. Lo que sí se dió fue un acto simbólico en el despacho del alcalde Terán Dix: la firma del Decreto que reglamentaba el desarrollo urbanístico de la Zona Norte de Cartagena, con la pre- sencia de la entonces se- cretaria de Planeación, xxxx
María Claudia Páez; su antecesor, Javier Mouthón; el periodista y excandidato al Concejo Gustavo Balanta - en representación de la comunidad afrodescendiente - y el alcalde Campo Elías Terán.   

De acuerdo con fuentes de este portal, a finales de diciembre del año anterior, Mouthón le llevó la misma iniciativa a su entonces jefe inmediato, la exalcaldesa Jutih Pinedo, pero esta había sido prevenida sobre sus debilidades en materia constitucional, legal y de real beneficio a las comunidades más necesitadas y no lo firmó.

El debate en el Concejo

En un extenso y candente debate en el Concejo, se denunció que el Decreto 1144 del 26 de julio de 2012, por medio del cual se reglamenta la construcción en la Zona Norte de Cartagena, se expidió pa- ra beneficiar a unos cuantos inversionistas y no a la comunidad en general. En esa opor- tunidad, tanto el Concejo como la Per- sonería consideraron que dicha iniciativa era "ilegal e inconveniente para la co- xxx
La entonces secretaria de Planeación María Claudia Páez; el jefe de Inversiones y actual secretario de Planeación encargado, Luis Cano, y el alcalde Campo Elías Terán. Al fondo, el concejal César Pión. - Cortesía Prensa Alcaldía de Cartagena
En la Vía al Mar
En el Concejo
Fue durante el debate realizado en Concejo al Decreto 1144/12 que comen- zaron a surgir -al menos públicamente - las primeras preguntas sobre algu- nos hechos que van más allá de la mera constitucionalidad, legalidad y conve- niencia de la iniciativa. Ese día, el concejal David Dáger le preguntó a la secretaria de Planeación quién era Juan Manuel González, sin mayores detalles, a lo que la funcionaria res- pondió, visiblemente sorprendida, que era "un profesional" que había presen- tado la propuesta inicial. "Pero después xxx

munidad" y le pidieron al Alcalde revocarla y ordenar a la Secretaría de Planeación abs- tenerse de dar trámite a las solicitudes de licencias de construcción que a su amparo se pudieran presentar.

En esa ocasión, el concejal liberal David Dáger Lequerica manifestó que es grave que "se estén aprovechando de unas comunidades para desarrollar un proyecto que a quienes está beneficiando es a unos inversionistas y no a esas comunidades". "Están beneficiando es a unos particulares a quienes les están entregando unas nuevas densidades, camufladas en un Decreto, donde sí se está modificando el POT, cuando el Concejo es la autoridad para hacerlo, por Ley y por Constitución", señaló.

Según denunció Dáger, "este Decreto es para beneficiar a unos particulares que no han podido obtener unas licencias, que están tratando de sacar en la Zona Norte, y como los índices no les dan para el negocio, entonces están detrás de este Decreto desde hace más de cuatro años; la doctura Judith Pinedo no lo quiso firmar, que es más amiga de los que están detrás del Decreto, y ahora vienen y ponen a firmar el Decreto al doctor Campo Elías".  

Otro concejal, el conservador Antonio Quinto Guerra, también hizo un grave denuncia: que el gobierno anterior tenía listo el año pasado un proyecto de Acuerdo para modificar el POT y propiciar unos proyectos urbanísticos en la Zona Norte, pero Cardique no le dio viabilidad, "y ahora el actual gobierno, habilidosamente, lo insertó en el Decreto 1144 de 2012".

Otro de los concejales que cuestionó el decreto expedido fue el concejal del Polo Democrático David Múnera, quien aseguró que la secretaria de Hacienda miente al decir que el Decreto no aumenta las densidades, cuando es claro que sí lo hace. Según Múnera, el decreto que se cuestiona "es una estafa a la comunidad, ya que termina siendo todo un decreto privatizador, todo un decreto que es un negocio" en beneficio de unos cuantos.

Lo que se pretende -denunció - es "agrandar los negocios de algunos propietarios de la Zona Norte", mediante el expediente de aumentar los índices de construcción, "utilizando un mecanismo absolutamente detestable, y supremamente engañoso, que es lo que a mí me xxx




David Dáger
Antonio Guerra
David Múnera
parece más irritante, porque utilizan una estrategia para engañar a la opinión pública". Para Múnera, "otra estafa" es que, con el manejo de las compensaciones, se pretende otro negocio con las sesiones, con capital privado, a través del meca- nismo de las fiducias.

Pero no todos los concejales cues- xxx
tionaron la iniciativa. La concejal Duvinia Torres, del movimiento Nueva Fuerza Liberal adscrito al partido de La U, lo defendió señalando que, en la actualidad, las compensaciones que entregan los constructores "son en el mismo sitio del proyecto, para convertirlos en parques o zonas verdes, en beneficio de ellos mismos", pero ahora, con la nueva normatividad, "se entregan en las zonas pobladas, donde el Distrito puede usarlas para proyectos de la comunidad".

Durante el debate, la secretaria de Planeación, María Claudia Páez, insistió que el decreto sí beneficia a la comunidad de la Zona Norte, particularmente a los afrodescendientes. "Llevamos seis meses de revisión del documento", les dijo la funcionaria a los concejales, pero "si ustedes consideran en su competencia y en su sabiduría que el Decreto no tiene algunos elementos, que le falta algo o que puede sobrar algo, nosotros estamos dispuestos a considerarlo".

Las preguntas que aún no se han respondido

participaron muchos otros", tanto trabajadores como asesores externos, intentó explicar.

Más adelante, el concejal del Partido de Integración Nacional Alfredo Díaz, tras denunciar que "se ha podido probar que (el decreto) es un acto de corrupción", orquestado por "unos lobbistas", para los cuales trabaja ahora el exsecretario de Planeación Javier Mouthón, pero el Concejo "no es un rey de burlas, que va a tragar entero".  

Otro concejal que se atrevió a dar nombres fue César Pión, del partido de La U, quien habló de un supuesto beneficiario a quien, según él, en varios círculos llaman 'Charles'. Para Pión "es hora de hacer un pare, un alto en el camino", para corregir lo que es necesario corregir y no se siga engañando a la comunidad.  
Pero no fueron los concejales los únicos en hacer preguntas sobre quié- nes estaban -en realidad - detrás de la polémica iniciativa. Varios perio- distas radiales informaron que la mayoría de los pobladores de la Zona Norte que llegaron al edificio Galeras de la Marina -donde funciona la corporación edilicia - "uniformados, con camisetas nuevas y llevados en buses climatizados".

Posteriormente se han realizado "jornadas lúdicas", según se asegura en comunicados remitidos por el colectivo 'Mi Tambó', en las cuales ha vuelto a evidenciarse la presencia de personas que, en la sombra, financian la defensa del 1144/12 (Ver PREGUNTAS SIN RESPUESTAS).

Y la pregunta ha surgido con más fuerza en los últimos días, cuando ya se supo que, entre los abogados especializados, contratados para defenser jurídicamente el decreto, se encuentra el exministro y exitoso consultor Carlos Medellín Becerra, quien, como ha informado el portal La Silla Vacía, sería "el hombre de las empresas privadas de aseo", refiriéndose al hecho de que el connotado jurista está pensando en ser el defensor de las empresas que en Bogotá prestan el servicio de barrido, recolección y transporte de los residuos sólidos, pero tiene un dilema: también está al servicio del Acueducto local (Ver NOTA EN LA SILLA VACÍA).