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La Procuraduría Regional abrió in- dagación preliminar contra once de los diecinueve concejales de Carta- gena por haber modificado tres ar- tículos del Proyecto de Acuerdo que buscaba establecer el Plan de Desarrollo 'Campo Para Todos' sin que mediara autorización escrita por parte del alcalde.
La queja fue interpuesta en mayo de 2012 por el ciudadano Alexis Soto Chávez.
POLÍTICA
El quejoso, Alexis Soto Chávez, los acusa de haberse excedido en sus funciones
Procuraduría Regional abrió indagación preliminar
a once concejales por modificar Plan de Desarrollo
En su momento, durante el estudio por parte del Concejo de la correspondiente iniciativa, unos analistas manifestaron que los cabildantes podrían excederse en sus funciones, e incluso prevaricar, si aprobaban el Plan de Desarrollo con modificaciones que no fueran autorizadas previamente, por escrito, por el alcalde Campo Elías Terán.
Y la presunta irregularidad se configuró en la sesión del 30 de mayo del año pasado, cuando once de los concejales presentes -los integrantes de la coalición imperante - aprobaron con sus votos el Acuerdo actualmente vigente, con un texto en el cual habían modificado los tres últimos artículos del proyecto.
Los concejales indagados son el actual presidente de la corporación edilicia, Antonio Quinto Guerra, y sus colegas Alfredo Díaz Ramírez, Andrés Betancourt González, Rafael Meza Pérez, David Dáger Lequerica, Boris Anaya Lorduy, Vicente Blel Scaff, William Pérez Montes, David Múnera Cavadía, Lewis Montero Polo y Saray Aguas García.
Los restantes concejales: Antonio Salim Guerra, Pastor Jaramillo, Wilson Toncel, César Pión, Duvinia Torres, Germán Zapata y Américo Mendoza, por fuera de la coalición y en ese entonces decididos defensores del alcalde Terán, se opusieron a las modificaciones y, en consecuencia, no figuran en el auto de apertura de la indagación preliminar.
Al explicar las razones por las cuales no aprobaban con sus votos las modificaciones realizadas, varios de los concejales de la minoría recordaron que la Sentencia C-538 de 1995 de la Corte Constitucional, suscrita por el magistrado cartagenero Fabio Morón, era clara en determinar la citada prohibición.
En su queja, Soto Chávez asegura que, además de haberse excedido en sus funciones, los concejales afectaron la buena marcha de la contratación, lo que, según él, podría llegar a afectar la ejecución de los planes, proyectos y programas sociales contemplados en el Plan de Desarrollo 'Campo para Todos'.
También en la Fiscalía
De acuerdo con lo que en su momento informó el quejoso, "por considerar que, además de haber incurrido en una grave falta disciplinaria, los concejales habrían prevaricado", este también interpudo una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
En sus consideraciones, Soto insiste en que con su actuación los cabildantes "hicieron que varios programas de inversión social que adelanta el gobierno de Campo estén detenidos, afectando a por lo menos 50 mil personas que deben recibir atención a la salud, alimentación y educación, entre otros".
Con respecto al proceso que se sigue en la Fiscalía, Metro.com no ha podido establecer si los investigadores han hallado méritos para abrir la correspondiente investigación.