Copyright 2010. All Rights Reserved. www.revistaelmetro.com

::.Síganos también  en--.>
*Abogado, Magíster en Derecho Público, Docente derecho constitucional y administrativo USB-ESAP-FUTC. Expersonero de Cartagena
Las OPS como incorrectamente se les denomina a todos los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se han convertido en Colombia y de manera especial en Cartagena y el resto del Departamento de Bolívar, en la regla y no en la excepción como debería ser.

Nuestro tribunal constitucional ha sido reiterativo en afirmar que la función pública por regla general, se presta por parte del personal de planta perteneciente a una entidad estatal, y sólo de manera excepcional y en los casos previstos en la ley, aquélla puede ser desarrollada por personas que se vinculan a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios.

Una cosa es que, no obstante de existir una adecuada planta de personal, ésta no sea suficiente para ejecutar algunas tareas o, que habiendo el personal suficiente, estos no sean especializados para desarrollarlas, que es lo que al fin justifica verdaderamente este tipo de contratación.

El Estado colombiano con el fin de eludir la carga prestacional que implica crear cargos de planta, no puede convertir al contrato de prestación de servicios en la regla. La administración nacional, departamental y local, no pueden renunciar a la obligación de reestructurar sus plantas de personal con el objetivo de convertir al contrato de prestación en lo que debe ser; en la excepción.

Tampoco pueden las administraciones renunciar a mejorar las condiciones laborales de sus empleados; condiciones éstas que son cada vez más inalcanzables con tanto contratista; con tantas nóminas paralelas.

El contratista debe tratársele y verse como lo que es: un aliado y un colaborador de la administración en la consecución de sus cometidos o fines constitucionales.

Sin son tan necesarios los numerosos contratistas que existen en Cartagena y el Departamento de Bolívar en general, ¿por qué no los vinculan a la nómina oficial? ¿Por qué no les permiten desarrollar sus funciones con las garantías mínimas que debe tener todo trabajador?

El derecho al trabajo como derecho fundamental en nuestro Estado, no se traduce en que a cada persona que esté en capacidad de ejércelo pueda acceder a él; si así fuera, los despachos judiciales habrían colapsado por las miles o millones de tutelas que seguramente incoarían los ciudadanos; pues somos un país con una alta tasa de desempleo; somos un país donde trabajar es un privilegio.

El derecho al trabajo significa que las personas lo realicen en condiciones y ambientes adecuados; que cuenten con las herramientas para elaborarlo de manera efectiva y eficaz; que puedan acceder a él por sus capacidades y méritos y no por otros aspectos; que los trabajadores sean bien remunerados con el fin de tener una mejor calidad de vida.

En la administración distrital y la departamental, y lo digo con conocimiento de causa, el número de contratistas son tres y cuatro veces mayor que el número del personal que integra la planta oficial.

Otro aspecto negativo a causa del mal uso del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, son las cuantiosas sumas de dineros que estos entes territoriales han tenido que pagar como consecuencia de las numerosas condenas proferidas por nuestros jueces. Una vez los contratistas terminan con la ejecución del contrato, muchos terminan demandando porque realmente se ha producido subordinación; se ha configurado el contrato realidad. 
La anterior situación no es nueva, ya se detectó hace muchos años, y lo ha ratificado la recién creada Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, Unidad Administrativa Especial creada por la ley 1444 de 2011.

El problema que aquí planteo, no es solamente contrario al ordenamiento jurídico, sino, es contrario a las políticas que recientemente propone el gobierno nacional en este sentido.

Y es por esta razón, que el Concejo Distrital de Cartagena y la Asamblea Departamental de Bolívar tienen la obligación de dar este debate. No se puede seguir permitiendo que el número de contratistas en cada una de las dependencias de la administración local y seccional sea exageradamente mayor  a la nómina de los empleados de planta. Es necesario e ineludible que se adelanten reestructuraciones administrativas de fondo y lo suficiente mente serias para controlar esta irregular situación.

Por supuesto que no propongo que se prescinda de los servicios del contratista, ni que se acabe con el contrato de prestación de servicios, pues ninguna planta será suficiente ni perfecta por las demandas de los servicios que cada vez son mayores, pero sí, que se dé el tratamiento que corresponde a esta figura.





nefortich@gmail.com


     OPINIÓN
OPS, ¿excepción o regla?
Por Neil Fortich Rodelo