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Los demonios de la delegación
Por Jorge Cárcamo Álvarez *

* Abogado, especializado en derechos Humanos, en estudios políticos y finanzas; y máster en Gestión Pública. Exconcejal, exsecretario de Planeación y expersonero de Cartagena. Exalcalde de Magangué. Exsecretario de Gobierno de Bolívar.
Hoy en día, con lo compleja que es la administración pública, es impensable que no se delegue en materia de contratación, por lo menos algunas de las etapas de los procesos contractuales. Pues, en su sentido noble, es una técnica administrativa que bien utilizada imprime celeridad a los procedimientos públicos y facilita el cumplimiento de los fines del Estado.

La delegación, sin duda, se ha convertido en una forma moderna de manejo administrativo, autorizada por la Constitución, con la que se trasladan unas competencias del órgano que las tiene, como titular, a otro, para que sean ejercidas por este bajo su responsabilidad.

Sin embargo, encierra sus demonios, porque dentro de la práctica administrativa actual, se ha convertido en fuente de permanente corrupción. Principalmente, en aquellos gobiernos donde las dependencias públicas están escrituradas a casas políticas, que con frecuencia aprovechan el desconocimiento o la buena fe del gobernante para servirse indebidamente de la delegación.

O, peor aun, el otro extremo, cuando es el mismo gobernante de la entidad que se vale intencionalmente de la delegación para eludir eventuales investigaciones. Para lo que acuden, generalmente, a un funcionario venal, ambicioso, de menor rango, sin importancia política que  a  manera de kamikaze está dispuesto de asumir los riegos jurídicos - penales, disciplinarios y civiles - con tal de beneficiarse del peligroso pero lucrativo encargo.

No obstante, se equivoca el representante legal de una entidad, alcalde o gobernador, cuando echa a volar las campanas al aire, porque asume que encontró en la delegación el nirvana que lo libera de responsabilidad. Olvida, el muy 'listo' funcionario, que al delegar contrae un vínculo funcional especial y permanente con el delegatario, lo que impide que pueda liberarse jurídicamente de las decisiones acometidas por el delegatario.

La Corte Constitucional en repetidas sentencias ha señalado que si bien es cierto que el delegante, en sentido estricto, no responde por las actuaciones del delegatario, ello no significa que no responda "por sus propias acciones u omisiones en relación con los deberes de dirección, orientación, instrucción y seguimiento, los cuales serán fuente de responsabilidad cuando impliquen infracción a la Constitución y a la ley".

De donde se intuye con claridad que solo el delegatario responde por sus acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, sin que el delegante, inicialmente, responda por lo actuado, pero cuando el representante de la entidad, dueño de la competencia, pudiendo evitarlo no hace uso del poder de revocar el acto de la delegación y asumir las funciones, el delegante y el delegatario son igualmente responsables.

Un buen ejemplo del mal uso de la delegación en la ciudad, es el hecho de que una funcionaria sin ser dueña de las competencias, con pocos días en el cargo, de militancia política reconocida, con poca preparación jurídica, en ausencia del alcalde titular, y arropada por el silencio del alcalde en funciones, en tiempo récord, prorrogara por tres años los contratos de aseo, dos años antes de vencerse.

Estos son los demonios, lamentablemente, que encripta la delegación para la contratación publica, sobre todo en un sistema  político clientelista y corrupto. Pero queda claro, a la luz del derecho, y en referencia al caso en comento, que la responsabilidad no es de uno sino de tres.








carcamoj1@hotmail.com


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