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Se enreda proceso para contratar vigilantes
Denuncia de Jaime Granados prende alarmas en el Distrito
Una denuncia del reconocido abogado Jaime Granados contra el alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, y su secretaria de Educación, Rosario Ricardo, por supuestas irregularidades en la licitación para la vigilancia de las instituciones educativas y las distintas dependencias del Distrito, hizo sonar las alarmas en la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, cuyo titular, Guillermo Sánchez, deberá estudiar profundamente las inquietudes que sobre el proceso han venido planteando tanto oferentes como veedores y varios analistas.

La noticia sobre dicha denuncia, publicada por el portal Kienyke bajo el título 'Jaime Granados prepara denuncia contra el Alcalde de Cartagena', señala que "El penalista..., conocido por atender casos de repercusión nacional, entre ellos, los que acosan al ex presidente Álvaro Uribe, tiene lista una denuncia contra el alcalde de Cartagena... y su secretaria de Educación... por los presuntos delitos de interés ilícito en la celebración de contratos y prevaricato por acción" (Ver NOTA)

Kienyke indica -así mismo - que "este caso había sido advertido el 13 de abril por la Corporación Cartagena Visible, que dirige el periodista Carlos Ardila, quien tenía la información de este contrato millonario que estaría presentado una flagrante irregularidad" (Ver CARTA)

Metro.Com pudo establecer que, en carta a la Fiscalía General de la Nación, Granados manifiesta que "históricamente, se ha visto que la gran mayoría de estas licitaciones han sido resueltas por la suerte (balota). Esto porque, casi siempre, las empresas que se presentan tiene el mismo puntaje si se tiene en cuenta que en asuntos de vigilancia el precio no es un factor determinante ya que los mínimos están fijados por la Superintendencia de Vigilancia, acogiéndose todas -por regla general- a esa cifra. Eso ha garantizado la transparencia en estos contratos públicos".

"Pese a lo anterior" - advierte - "en la licitación de este año se ha procedido en contravía de la ley, para favorecer a una empresa determinada, desnaturalizando así los principios de objetividad y transparencia de la contratación administrativa".

Se refiere el jurista a que, "posteriormente... sin razón alguna e injustificadamente", la Administración "expidió la adenda 001 a la licitación..., en la cual consignó un supuesto 'criterio de desempate' que favorece en forma ilegal a una de las empresas" (Ver DENUNCIA).

Sin citarlo, Granados fundamenta su denuncia en un concepto que, en idéntico sentido, expresó en su momento el personero distrital, William Matson Ospino, y que lo llevó a solicitarle a la secretaria de Educación que declara desierta la licitación (Ver CARTA DEL PERSONERO)

De acuerdo con fuentes confidenciales, aunque Granados no lo dice en su oficio, la empresa que solicitó sus servicios profesionales sería Vimarco.