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En busca de la legitimidad
Por Fabio Castellanos Herrera *

* Abogado candidato a máster en Derecho Administrativo; especialista en Derecho Penal y Gestion Pública. Expersonero de Cartagena, exprocurador Delegado para la Moralidad Pública y exjefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Cartagena. 
La ciudad de Cartagena viene padeciendo una de sus peores crisis institucionales en su historia política. Los más simplistas encuentran el origen de ella en los problemas de GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD del alcalde Campo Elías Terán Dix y en los sucesivos alcaldes encargados y designados que ha tenido la ciudad en el 2012.

Considero que determinar como el origen de todos los males lo anterior es injusto e inequitativo; esta crisis actual es la sumatoria de largos procesos sociológicos, económicos, culturales y políticos que han ido lentamente construyendo en la ciudad UNA CULTURA O ANTICULTURA de antivalores y han minando LA CONFIANZA CIUDADANA y haciendo que lo PUBLICO pierda día a día, no solo LEGALIDAD, si no LEGITIMIDAD.

Hoy la institucionalidad cartagenera, y en especial la Administración Pública local, no genera confianza; confianza necesaria para lograr en la ciudad tirar entre todos los actores sociales, políticos y económicos el coche del desarrollo social; máxime en una ciudad con unos índices de pobreza tan elevados que la hacen casi desde el punto de vista social, inviable. Hoy existe una pugnacidad entre todos los actores y solo la ley del más vivo o del más fuerte se impone.

Para que una ciudad progrese -indiscutiblemente - se requiere de BUEN GOBIERNO, pero en especial de acatamiento irrestricto a la LEGALIDAD; estos dos ingredientes logran la LEGITIMIDAD necesaria para movilizar a los actores en la búsqueda del interés particular, que permita armar democráticamente el interés general.

Sin embargo, vemos cómo constantes actuaciones de los funcionarios públicos afectan la LEGALIDAD, dejando aun más abierta la puerta de la ILEGITIMIDAD. Un ejemplo de lo anterior es lo ocasionado con los PERMISOS recientes para espectáculos públicos ya sean en playas, como en otros sitios.

La constante de los últimos años es que existe algo turbio en el trámite de los mismos;  las declaraciones del empresario del denominado TSUNAMI vallenato, así lo indican. Estas no pueden ser como todo en el Caribe, solo folklor; si ellas se oyen con detenimiento SON EN REALIDAD UN TSUNAMI; el empresario indica que fue sometido a presiones no santas; y tampoco se ruboriza al manifestar que entregó dinero, lo cual lo convierte en partícipe de un ilícito penal.

Lo mismo sucedió con los PERMISOS DE LOS FESTIVALES de música electrónica, en especial con el denominado ULTRAMAR. Las declaraciones de los titulares de LA CAPITANIA DE PUERTO y de CARDIQUE demuestran -si creemos en ellas - que se obviaron REQUISITOS PREVIOS que hubiesen impedido el otorgamiento del permiso en las playas de Punta Canoa, tal como lo indica el Artículo 68 del Acuerdo Distrital No. 024 del 2004, amén de que el mismo Acuerdo, en su artículo 126, indica que "EN NINGUN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA UN PARTICULAR PODRÁ EFECTUAR CERRAMIENTO PARA SU EXPLOTACION O DISFRUTE PARTICULAR", en armonía con la Ley 768 del 2002; situación jurídica y fáctica idéntica para el efectuado en BOCACANOA o SUMMER.

Estos ejemplos demuestran la crisis de legalidad en la ciudad. El debate no está en si son o no beneficiosos para el turismo y para la economía local estos eventos. El tema de fondo es por qué no se cumple la conquista más mínima de un ESTADO DE DERECHO -y ojo que no me refiero al ESTADO SOCIAL DE DERECHO - la cual es el acatamiento de la autoridades al PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

Si se quieren hacer, ¡que se hagan! Claro está, si existen las condiciones ambientales, técnicas y de seguridad para ello; pero a lo que aspiramos los ciudadanos es a que el ESTADO respete la legalidad y si la legalidad no existe, pues constrúyase la misma ante el Concejo, ante el legislador, pero no se coja el camino tramposo para no cumplir la ley y el reglamento.

Este caminito tramposo, el cual es recorrido por múltiples actores en la ciudad y que es aprovechado por 'funcionarios venales', es más peligroso a nuestra ciudad que un atentado terrorista; este cultiva la anticultura del más vivo, del tráfico de influencia, de la desigualdad y aumenta la CRISIS DE LEGITIMIDAD DE LA INSTITUCIONALIDAD.

No podemos seguir DESGARRÁNDONOS LAS VESTIDURAS si seguimos fomentando y premiando socialmente estas situaciones. Cartagena solo podrá recobrar la LEGITIMIDAD, si se fortalece la LEGALIDAD. La confianza ciudadana se gana y la bomba social sobre la cual está sentada nuestra querida ciudad se desactiva con BUEN GOBIERNO, INCLUSION SOCIAL, CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD CIUDADANA.










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