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Debate sobre ética periodística

Verdad y objetividad, ¿meras mercancías?

Capítulo XII

Que el director de un noticiero cobre por emitir una cuña de una entidad oficial y se sienta obligado a ensalzar al funcionario que lo contrató es ya un lugar común. Pero que un periodista facture "por concepto de publicidad positiva a una campaña de desprestigio" y, por el mismo servicio, certifique la entrega de dineros a una veintena de supuestos colegas suyos, es algo que jamás se había visto. O, por lo menos, que nunca se había denunciado.

Pero, aunque parezca un mal chiste, el caso es real. Tan real como falsas las firmas de quienes, de acuerdo con lo relacionado en un manuscrito - a manera de recibo- entregado a la Fiscalía General de la Nación como prueba del delito de falsedad en documento privado, habrían cobrado por el polémico servicio una millonaria suma.

EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO:

De cómo el veterano periodista Pablo J. Caballero confiesa que él, todos los años, se rebusca postulando un funcionario como "personaje distinguido", y de las razones por las cuales presentó a su colega Hundelshauseen al abogado Santamaría.

Los dineros, de acuerdo con lo denunciado por varios de los veinte periodistas cuyos nombres fueron arbitrariamente utilizados, habrían sido entregados al presidente de la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia, William Hundelshauseen Carretero, por el abogado Julio Santamaría López, famoso por haber propiciado una serie de embargos a las cuentas de la Gobernación de Bolívar, en su mayoría por la reclamación de los reajustes pensionales de los maestros jubilados del Departamento, mediante maniobras que son investigadas por los órganos de control.

Justamente, luego de un Consejo Comunal en Magangué, presidido por el Presidente Álvaro Uribe, en el cual participó la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo; el gobernador de Bolívar, Joaco Berrío; y los ministros del Interior, de Agricultura, de Educación, de Comunicaciones y de Transporte, se denunció la acción de un grupo de jueces "que se han especializado en embargar cuentas inembargables del departamento, especialmente de las secretarías de Salud y Educación", y se citó el caso del abogado Julio Santamaría, quien, según Berrío, "reclama ajustes salariales a los pensionados del magisterio y a quien el departamento en primera instancia le debía 5 mil millones de pesos, pero mensualmente cobra de los impuestos a la cerveza casi $2.000 millones y, a pesar de habérsele pagado un valor varias veces superior a esa suma, supuestamente la administración aún le adeuda cerca de 60 mil millones de pesos".

Tras las denuncias del Gobernador (reseñadas profusamente por los distintos medios de comunicación), la Procuraduría y la Fiscalía, así como una comisión especial del Ministerio del Interior, comenzaron a realizar las respectivas investigaciones.

Solo conociendo tales antecedentes -y tras haber analizado el tema del periodismo mercenario - podía entenderse (aunque no justificarse) que alguien como el periodista William Hundelshauseen cobrara "por concepto de publicidad positiva a la campaña de desprestigio de la Gobernación de Bolívar del doctor Julio Santamaría en los diferentes espacios periodísticos radial y en la página Web" (SIC), como se indica en el mencionado recibo.

Lo que no se entendía era que veteranos reporteros como Pablo J. Caballero, María Nelly Castañeda, Abraham Saker, Carlos José Romero y Abel Balbín; destacados locutores como Saúl Caballero, Ángel Pérez Sotomayor, Eduardo Manga y Manuel Peña; y algunos trabajadores de la Gobernación, como Luisa Pianeta Santoya, entre otros, se prestaran para desarrollar tan cuestionable tarea.

Conscientes de la inquietud suscitada, varios de ellos se esforzaron en negar rotundamente haber recibido suma alguna por tan singular servicio. Y además, con el fin de poner un tatequieto a tan vergonzante situación, procedieron a interponer las respectivas denuncias.

"No recibimos un solo peso": afectados

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¿CÓMO HACER PARA RECUPERAR LA INDEPENDENCIA DE LOS PERIODISTAS QUE TRABAJAN CON PAUTA OFICIAL?

Al término de un Seminario - taller de Ética Periodística, auspiciado por la Escuela de Gobierno y Liderazgo de la Alcaldía de Cartagena, el maestro Javier Darío Restrepo les pidió a los asistentes analizar varios de los casos planteados en el curso del evento (algunos de los cuales corresponden a hechos que ocurren todas las mañanas en varias emisoras locales) y, con base en ellos, proponer varias fórmulas para promover la independencia de los periodistas que trabajan con pauta oficial.

Tras debatir el asunto, los participantes, divididos en dos grupos, presentaron sus propuestas, las cuales fueron posteriormente resumidas así:

"Para recuperar la independencia de los periodistas que trabajan con pauta oficial es importante esforzarse por tener independencia económica, para lo cual hay que diseñar mecanismos e implementar estrategias para mejorar los aspectos gerenciales del medio de comunicación en el cual laboran, con el fin de lograr que las empresas privadas se vinculen al mismo y no depender de una sola fuente de financiación.

De igual forma, se deben establecer unas reglas de juego que eviten que en las entidades estatales se adjudiquen las pautas a dedo, y por el contrario se otorguen teniendo en cuenta la calidad, el contenido, el nivel de audiencia y el horario del programa, entre otros elementos que suelen considerar las agencias de publicidad pero, extrañamente, no tienen en cuenta los funcionarios públicos.

Y así mismo, debe promoverse la creación de un observatorio de medios, con el fin de que, desde la academia, se pueda estudiar con atención el problema y ejercer cierto tipo de control social sobre el contenido de los medios masivos de comunicación, siempre en defensa de la ciudadanía y en la búsqueda de un periodismo de excelencia."

El veterano periodista Pablo J. Caballero niega tajantemente haber recibido suma alguna por adelantar "una campaña de desprestigio de la Gobernación de Bolívar del doctor Julio Santamaría" en el noticiero que desde hace varios años emite por una emisora local. Lo mismo afirman Saúl Caballero Martínez, conductor de un programa musical que se transmite todas las mañanas por Radio Vigía de Todelar, y Luisa Pianeta Santoya, contratista de la Secretaría de Agricultura del Departamento, quien dice no entender por qué su nombre figura en un listado de periodistas y locutores.

La reportera María Nelly Castañeda, por su parte, no se limita a negar con energía que hubiese hecho parte de una trama mediática para desprestigiar una institución y lavar la imagen de un personaje cualquiera. Sin pensarlo dos veces, tras enterarse que ella y otros diecinueve comunicadores figuraban en la polémica lista acudió a la Sala de Atención al Usuario de la Fiscalía General de la Nación, en el barrio Crespo, e interpuso una denuncia por falsedad en documento privado.

De acuerdo con la experimentada comunicadora, no se trata solamente de castigar los delitos cometidos. En el fondo, lo que busca es evitar que unos avivatos continúen lucrándose ilícitamente utilizando de forma arbitraria el nombre de los periodistas y, de paso, estafando a ciertos incautos mediante caricaturescos "homenajes a funcionarios destacados" o, como