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        POLÍTICA
Las leyes son claras pero algunos las incumplen
Se abre debate sobre divulgación de encuestas electorales
La divulgación en la W Radio de una encuesta sobre preferencias electorales en Cartagena, sin informar a los oyentes que la había pagado quien, a la postre -casualmente - obtuvo el mayor porcentaje, generó un interesante debate en diferentes escenarios, particularmente en Twitter, FaceBook y -como siempre - los bajos de la Alcaldía y los alrededores del Concejo distrital (<<< escuchar La W).

Por Twitter, desde personas del común hasta reconocidos periodistas como Óscar Collazos manifestaron sus inquietudes sobre el tema. Sobre el caso, el columnista de El Tiempo, El Universal y Metro.com trinó desde su cuenta @OscarCollazos3: "Desconfio de encuestas que son ordenadas por los candidatos. Debería decirse de entrada que lo son. ¿No creen?"; seguidamente, la activista Rebeca González -@ajaytuque_ - tuitió: "@OscarCollazos3, de acuerdo contigo. Pero no lo hacen. Luego difunden el resultado diciendo que "son lo primeros en las encuestas""; y la corresponsal de Telecaribe en Cartagena, Yesenia Carrillo -@Yesecarrillo -, en mensaje a los anteriores, dijo: "Pero eso ya es responsabilidad de los periodistas si se prestan para difundir esa información, sin aclarar..." (<<< leer trinos).

Y, en efecto, es responsabilidad de los medios de comunicación; y no sólo, como comenzó a debatirse, por razones éticas.

La Ley 130 de 1994, en su artículo 30, "De la propaganda y de las encuestas", determina que "Toda encuesta de opinión de carácter electoral al ser publicada o difundida, tendrá que serlo en su totalidad y deberá indicar expresamente la persona natural o jurídica que la realizó y la encomendó", entre otras informaciones importantes. Y en su único parágrafo establece: "La infracción a las disposiciones de este artículo será sancionada por el Consejo Nacional Electoral -CNE -, con multa de 25 a 40 salarios mínimos mensuales o con la suspensión o prohibición del ejercicio de estas actividades". Esta última norma es aclarada posteriormente en el artículo 13 de la Resolución 23 de 1996, al establecer que "El Consejo Nacional Electoral sancionará a las personas naturales o jurídicas que realicen o divulguen encuestas o sondeos de opinión de carácter político o electoral, sin el lleno de los requisitos legales", con las mismas multas de que habla la anterior disposición.

De tal manera que, como se viene debatiendo, informar sobre los resultados de una encuesta sin decir que el que se muestra como ganador fue quien la pagó, no sólo podría ser un intento por manipular la opinión pública, o -si se tenía la información pero se ocultó - una violación a la ética periodística, sino que es una clara y manifiesta violación de las normas citadas.

Y este caso tiene un antecedente reciente. El 12 de julio de 2011, bajo el título 'La encuesta en la que se dispara Parody la pagó Parody', el influyente portal La Silla Vacía publicó el caso de una "encuesta publicada por El Tiempo (que) fue... contratada por la campaña de Gina Parody a la firma Ipsos-Napoleón Franco como una encuesta interna para la campaña. Y esta –o por lo menos los apartes que más le convenían a Parody– fue luego filtrada a El Tiempo..., que la publicó sin revelar que era pagada por una candidata y sin publicarla completa como exige la ley electoral" (<<< leer Historia)

¿Posibles sesgos o direccionamiento?

En el caso de Gina Parody, no sólo se dijo que la "encuesta pagada por un candidato... que deja bien al que paga y sin revelar el dato de quién la financió... viola la ley electoral que se diseñó precisamente para evitar este tipo de manipulaciones. Una fuente del Consejo Nacional Electoral dijo a La Silla Vacía que ya habían abierto una investigación al respecto"; en la historia se revela también que "si hubieran filtrado la encuesta completa y no solo lo que más le convenía a la campaña, como su alta intención de voto o que si entraba Mockus no superaba el 6 por ciento, habría salido otra información menos favorable. Por ejemplo, que cuando le preguntan a la gente quién cree que va a ganar las elecciones independientemente de por quién va a votar, Peñalosa triplica a Parody en todos los escenarios. O que entre las personas que tienen una imagen desfavorable de la candidata, el 40 por ciento no piensa bien de ella porque cree que no está capacitada para el cargo o no le convencen sus propuestas".

En Cartagena, por lo que se ha podido establecer, el debate gira sobre hechos similares. También en Twitter, Rebeca González, en su cuenta @ajaytuque_, en mensaje a @CriteriumSAS, a @OscarCollazos3 y a todos sus seguidores, expresa que "por eso no creo en esas encuestas, a veces las manipulan"; y, luego de que el candidato Dionisio Vélez -@DionisioVelez - le pidiera: "cuéntenos en donde ven el sesgo", González le respondió que en la "pregunta 30 y sobre todo la 31; son demasiado obvios". Según se supo, la pregunta 30 se refiere a candidatos-empresarios y la 31 es aún más directa: "...me vas a decir en menos de 2 segundos lo que se te venga a la cabeza: ¡DÍ QUE SÍ!". y "Dí que sí", como se sabe, es el eslogan de campaña de Vélez.

Tras los cuestionamientos de otros cibernautas, Dionisio Vélez argumentó que la "encuesta era también para la estrategia de la campaña. Por eso las preguntas". Pero, por lo visto, por lo menos a una persona no pudo convencer: Julián Díaz Arboleda -@JulianDiazEc - quien se identifica como un "economista de pensamiento liberal, me preocupa el desarrollo de la sociedad en la que vivo, por eso escribo, propongo y critico", manifestó sobre el tema: "tarde para aceptarlo y muy mal que lo haya vendido como ajeno a ellos".

Criterium, sin reconocimiento del CNE

Pero, de acuerdo con lo que ha podido conocerse, en este caso habría un hecho aún más grave. Ocurre que la Ley prohíbe terminantemente divulgar encuestas electorales realizadas por firmas que no estén debidamente acreditadas ante el CNE. Según las normas vigentes, existe un Registro de En- cuestadores en el cual sólo aparecen las empresas que tengan su inscripción vigente. Literalmente, la Ley establece que "las entidades o personas que se ocupen de realizar encuestas y sondeos de opinión sobre preferencias políticas y electorales deberán registrarse ante el Consejo Nacional Electoral. Solamente podrán publicarse las encuestas y sondeos... cuando ellos hayan sido realizados por entidades o personas inscritas".

Verificada la base de datos o Registro Nacional de Encuestadores del CNE pudo determinarse que Critérium SAS, la firma que realizó la encuesta cuya divulgación fue divulgada por La W, "fue inscrita por primera vez por medio de la Resolución No. 1729 del 20 de diciembre de 2006, dejó vencer la inscripción, la solicitó y se le concedió nuevamente por medio de la Resolución No. 2124 del 6 de octubre de 2010; nuevamente dejó vencer la inscripción, la solicitó y actualmente está en trámite". Así lo establece una certificación (<<< ver) suscrita por la Asesora en Comunicaciones y Relaciones Internacionales del CNE, Doris Ruth Méndez Cubillos .