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Luego de 25 años de tener elección popular de alcaldes en Colombia, ya deberíamos tener suficientes elementos de juicio para evaluar objetivamente si el país ha mejorado la administración del Estado y la transparencia en los municipios con este mecanismo, el cual buscaba, más que mejorar la eficiencia y la ética pública, avanzar en democracia. Nadie discute que, en teoría, es más democrático que los gobernados decidan con total libertad en una urna quién será su gobernante, que someterse a la "dedocracia" de un Presidente, por acertado que sea.

En la práctica, para que la elección popular sea un ejercicio democrático eficaz, se requieren dos condiciones insoslayables: La primera radica en la "madurez" de los votantes, la segunda en la "independencia" de los candidatos. La carencia de uno de ellas (o de ambas como le ocurrió a Cartagena en la última elección popular de Alcalde), invitan al fracaso. En octubre de 2011 quedó demostrado que una amplia votación no garantiza "gobernabilidad", si la masa de votantes que representa, víctima de la su inmadurez política y desconocimiento de la realidad, cae en la trampa de la demagogia. En palabras del filósofo español Fernando Savater: "el populismo es la democracia de los ignorantes".

Igual distorsión sufre la democracia cuando un sector influyente, como el empresariado, sin medir las consecuencias, apoya ciegamente al candidato que va ganando en las encuestas, con este frágil argumento: "es mejor ayudarle que dejarlo solo"  (muy escuchado en aquella oportunidad). La financiación privada de las campañas hace que los candidatos, en la mayoría de casos, resulte "comprado" por sus financiadores, sea con dinero bien o mal habido; o en todo caso "comprometido" con intereses particulares, más que colectivos. Por último, el enorme poder que tienen nuestros desprestigiados partidos políticos, para ser casi los únicos postulantes de candidatos, ha restringido la libertad de las personas que aspiran a cargos públicos, salvo en las quijotescas iniciativas cívicas, con sus engorrosos y costosos requisitos de inscripción de firmas, que terminan desestimulando la participación ciudadana.

Muchos añoran aquellos tiempos, ciertamente prósperos para Cartagena, cuando el Presidente de la República elegía buenos Alcaldes con perfiles adecuados y reconocimiento público. Las obras que dejaron hablan por sí solas. Pero esa "buena suerte" que tuvo la ciudad, antes de 1988, no necesariamente se hubiera podido repetir en estos últimos años porque el país y la ciudad han cambiado mucho. La Constitución de 1991 introdujo cambios muy profundos en la participación ciudadana y ya no hay marcha atrás en la elección popular. Desde entonces, los ciudadanos hemos disfrutado nuestro derecho de elegir y ser elegidos, pero no hemos cumplido a cabalidad con nuestro deber de ejercer el control a los gobernantes municipales, exigiendo una rendición de cuentas permanente y objetiva. Solo para citar un doloroso ejemplo del caos que vivimos en esta ciudad, habría sido muy positivo para el millón de habitantes de Cartagena que, con la misma pasión (más que razón) con la cual 158.134 votantes eligieron al último Alcalde, le hubieran exigido mantener la prioridad que durante 8 años tuvo la Secretaría de Educación, esfuerzo dilapidado en menos de un año. Sin educación seguirá la ignorancia y la falta de oportunidades como caldo de cultivo para que se reproduzcan los malos gobiernos.

Por eso la tarea es educar más a los electores para que elijan bien. Cartagena está en mora de convocar a los partidos políticos y movimientos ciudadanos que postulan candidatos, y porqué no, a los financistas que los patrocinan, a que firmemos todos un "Pacto de no agresión" con la ciudad para que las personas que aspiran a altos cargos públicos cumplan con un perfil mínimo en preparación, honestidad y liderazgo colectivo. Solo de esta forma, más de un millón de personas que habitan esta ciudad romperán el peligroso circulo vicioso en que hoy nos encontramos, sin encontrar la salida.
Empresario Jaime Alberto Restrepo

Metro.com. - El 13 de marzo de 1988 se realizaron en todos los municipios del país las primeras elecciones de alcaldes. A pesar de lo que representó ese evento en materia de mayor participación ciudadana en la determinación de los asuntos locales, en varias localidades se asegura que hubo -por el contrario - un retroceso. ¿Cómo califica usted este proceso? ¿Sí trajo beneficios la elección popular de alcaldes? ¿Por qué lo cree? ¿Qué debe -según su concepto - mejorarse?