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La muerte de decenas de niños en el Chocó por física hambre (o por enfermedades causadas por desnutrición, como acuciosamente corrigió un funcionario de ese departamento), puso sobre el tapete en el país, una vez más, el tema del desgreño y la corrupción que imperan en muchos de sus entes territoriales.

Según cifras del Ministerio de Protección Social, el Chocó recibe 50 mil millones de pesos al año para salud, lo que representa la cifra per cápita más alta de un departamento. En contraste, la mortalidad infantil en la región es de 94 por cada 100 mil nacidos vivos, otra cifra que se nos antoja elevadísima al conocer que el promedio nacional es de 20, aún alta para cualquier nación civilizada en pleno siglo XXI.

Los municipios de Bolívar, con la única excepción de Cartagena, carecen de un buen servicio de agua potable, no obstante ser un departamento rico en fuentes acuíferas como La Mojana, el río Magdalena y decenas de caños, lagos y ciénagas; y a pesar de que sus arcas recibieron por transferencias cerca de $350 mil millones entre 1994 y lo que va del presente año. Sólo El Carmen de Bolívar recibió durante ese periodo más de $12 mil millones y aún sus habitantes no cuentan con acueducto ni alcantarillado.

Con razón, entonces, el Procurador Edgardo Maya, al solicitarle al Gobierno Nacional que intervenga la Administración del Chocó, ha reconocido que la corrupción devora los recursos estatales; y el Zar Anticorrupción Rodrigo Lara, al negar que la desatención del Estado haya causado la hambruna que azota esa región del país, ha advertido que sus orígenes hay que buscarlos en la forma cómo se manejan las finanzas públicas en ciertos departamentos, distritos y municipios.

Los órganos de control han dado un importante paso adelante al reconocer que la corrupción incide de forma potente en el incremento de los índices de pobreza. Lo que ahora se espera por parte de la ciudadanía es que, además, sus agentes en todo el país  actuen para imponer los correspondientes correctivos.

Tras constatarse que miles de millones de pesos transferidos al Chocó y varias  entidades territoriales se quedan en poder de funcionarios venales o se dilapidan a causa del desgreño, lo menos que puede esperarse es que se corrijan los entuertos y se castiguen a los responsables con todo el peso de la Ley.

En Cartagena, donde algunas acciones del ministerio público han propiciado que, paulatinamente, la institución comience a recuperar la credibilidad que había perdido durante los últimos años, podría darse otro importante paso si se revisa porqué algunos funcionarios del Distrito no tienen en cuenta los precios del mercado, ni los descuentos que los comeciantes conceden por compras al por mayor, como sí lo hacen otras entidades estatales.  

La Comisión de Moralización que integran, entre otros, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, podría dejar de ser un comité de buenas intenciones, y con ello generar confianza entre la ciudadanía, si se decidiera a indagar cuáles son los precios con que paga el ejecutivo local por ciertos bienes y servicios, para después compararlos con los que cobran por los mismos los comerciantes y profesionales de la ciudad.

Podría ayudar a aclarar porqué en una ciudad donde la inversión social es precaria por física falta de recursos, unos servidores públicos gastan sumas millonarias en contrataciones de dudosa conveniencia. Las ferias contractuales en el Concejo y el Establecimiento Público Ambiental - EPA- de Cartagena en el pasado mes de diciembre, y en el marco del programa "Con Nosotros No" antes de octubre del año anterior, son apenas tres de los muchos casos sobre los cuales los órganos de control aún brillan por su ausencia.

El reconocimiento por parte de la Procuraduría de que la corrupción es la causa de tragedias humanitarias como las que azota el Chocó y otras regiones del país, contribuye a entender el problema pero no apuntala su solución.

Mientras no se gesten acciones concretas en contra de la dilapidación de los recursos públicos, el problema continuará enquistado en los frondosos vericuetos del Estado. Y más aún, en vísperas de unas elecciones que definirán, en muchos casos, si se continúa con las mismas prácticas o si, por el contrario, se hace una apuesta por su erradicación.

Editorial
La hora de actuar
Los órganos de control han dado un importante paso adelante al reconocer que la corrupción incide de forma potente en el incremento de los índices de pobreza. Lo que ahora se espera por parte de la ciudadanía es que, además, sus agentes en todo el país actuen para imponer los correspondientes correctivos.