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En un análisis que sobre la inequidad y la discriminación hemos venido realizando en nuestro portal de internet, se dijo que "la forma discriminatoria como son tratados los  cuidadores informales de carros que derivan su sustento y el de sus familias de las labores que desarrollan en la vía de acceso al Parque de la Marina, para favorecer los intereses particulares de unos operadores turísticos, no es el único ejemplo de la manera como el Estado, en demasiadas ocasiones, actúa a favor de unos pocos poderosos en perjuicio de quienes más requieren de su amparo. Quienes han sido testigos de cómo policías y brigadistas adscritos a la Oficina de Espacio Público 'corretean' literalmente a humildes vendedores ambulantes pero, al tiempo, protegen la ocupación de calles y andenes en varios sitios del Centro por parte de propietarios de bares y restaurantes, también tienen razones para creer que el derecho a un tratamiento igualitario por parte de las autoridades es una verdadera entelequia".

Esos son -apenas - dos de los ejemplos que tenemos los cartageneros para mostrar cómo nuestros alcaldes aseguran que gobiernan a favor de los más necesitados o, por lo menos, sin discriminaciones, pero en la práctica muchas de sus acciones de gobierno están encaminadas a favorecer a los poderosos.

Hoy, cuando se cumplen los primeros cien días de su mandato, el alcalde Campo Elías Terán nos brinda otro ejemplo -uno todavía más impactante - de esa falta de coherencia de nuestros administradores.

En su Programa de Gobierno, el cual, como se sabe, es de estricto y obligatorio cumplimiento, el mandatario prometió "trabajar para continuar cerrando la brecha entre la Cartagena pujante y la Cartagena con pobreza", ya que "en nuestra ciudad, la bella y siempre ponderada Cartagena, la opulencia de unos pocos contrasta con la pobreza y extrema pobreza de muchos de los habitantes de nuestro territorio".

Y a lo largo de su programa, Terán reitera su compromiso. Primero dice que propiciará "la equidad social… gobernando para el beneficio de todos"; y después afirma que trabajará "para corregir los desequilibrios sociales, políticos, económicos presentes en nuestra ciudad".

No obstante sus promesas, el alcalde decidió (o permitió que otros decidieran, que es lo mismo) que antes y durante los días de la Cumbre de las Américas no iban a permitirse ventas ambulantes ni estacionarias en el Centro Histórico ni en las playas, pero sí autorizó, o permitió que otros lo hicieran, que en el histórico Camellón de los Mártires se colocaran dos docenas de automotores para promocionar el negocio de unos particulares, y que en la emblemática Plaza de la Paz, frente a la Torre del Reloj, se instalara una gran carpa y, debajo de esta, las mesas y sillas de otro negocio de particulares.

El alcalde, en declaraciones a los medios de comunicación, descartó que a los vendedores del Centro y de las playas se les fuera a pagar una bonificación por los días que iban a dejar de recibir ingresos ya que "para eso uno ahorra; además, existen otros lugares de la ciudad donde pueden vender sus productos; pueden irse para La Boquilla, Bocachica, Barú; por allá va a haber turistas".

Pero él mismo autorizó (o permitió que se autorizara, que es lo mismo) la ocupación del espacio público ya no en calles ni andenes, sino en dos de los más alegóricos lugares de la ciudad.

Y ya no en beneficio de modestos vendedores de tinto, de dulces típicos ni de artesanías, que deben trabajar para llevar de comer a su familia, sino de dos poderosas empresas o conglomerados que promueven sus productos para aumentar día a día sus pingües ganancias.

Los vehículos en el Camellón de los Mártires eran marca Hyundai (sí, la misma Hyundai de Carlos Mattos; no sean tan mal pensados) y el negocio debajo de la carpa es una tienda 'Juan Valdez', de la 'Promotora de Café Colombia - Procafecol S.A., propiedad, a su vez, de la Federación Nacional de Cafeteros.

En el caso de los vehículos de la Hyundai en la promoción de un evento privado, fuentes de Metro.Com revelaron que unos funcionarios advirtieron sobre la inconveniencia de disponer el Camellón de los Mártires para ello, pero que -no obstante - y al parecer sin que se hubieran surtido en su totalidad los trámites correspondientes, la Alcaldía concedió en tiempo récord el permiso.

En el caso de la tienda 'Juan Valdez', y también la muestra de artesanías que se instala en el otro extremo de la Plaza de la Paz, lo que se dijo es que, por solicitud de la primera dama de la Nación, María Clemencia de Santos (quien aseguró que no se trataría de un negocio sino de dos sitios donde los asistentes a la Cumbre pudieran ser atendidos), la Administración procedió a autorizar el uso de dichos espacios.

Lo que no se ha dicho es que, independientemente de los buenos propósitos de un evento o de los padrinos que estos pudieran tener, las normas constitucionales y legales deben ser cumplidas a cabalidad, y en estos casos hay varias que fueron violentadas de una manera burda: el artículo 13 ("Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica") y el 82 ("Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular") de la Constitución Política de Colombia, son apenas dos de ellas.

Otras son las normas locales que regulan el uso temporal de los espacios públicos, que disponen una serie de requisitos que deben cumplirse para acceder a los permisos. Por lo que ha podido establecerse, en estos casos los pasos que debieron darse, que incluyen los vistos buenos de varios funcionarios, fueron olímpicamente desconocidos. 







     OPINIÓN
Editorial
De incoherencias y discriminación