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     OPINIÓN
Editorial
Los Otrosíes de las basuras, ¿derechos adquiridos con base en unas ilicitudes?
Lo dijo el propio asesor jurídico de la Alcaldía, Fabio Castellanos: por disposición de la Ley, las concesiones del servicio público de aseo en todo el país solo pueden concederse por ocho años; no pueden prorrogarse; a menos que sea estrictamente necesario, como, vr. gr., para evitar una emergencia sanitaria u otro hecho excepcional, que no ha sido -no es - el caso de Cartagena.

Lo dicen en otros escenarios quienes han tenido la oportunidad de conocer el texto de los Otrosíes suscritos por la jefe de la Oficina Asesora de Servicios Públicos Domiciliarios, Diana Figueroa: los mismos afectaron considerablemente el presupuesto del Distrito, para lo cual la funcionaria no estaba facultada.

Lo acaban de descubrir algunos gremios locales que sobre el particular se pronunciarán en los próximos días: además de ampliarse por tres años la concesión del servicio de aseo, se modificó la estructura financiera de los contratos, en beneficio -claro está - de los concesionarios, y en perjuicio -¡y de qué manera! - de los contribuyentes.

Para concejales como David Múnera y Andrés Betancourt, entre otros, es inconcebible que, como fundamento de la prórroga, se diga que es para crear un centro de atención al cliente, cuando este debió ser creado obligatoriamente por los concesionarios desde hace seis años. La mayoría, sino todos, los argumentos esgrimidos para prorrogar la concesión a pesar de faltar 19 meses para su vencimiento son falaces, aseguran.

Pero quien lo ha dicho con mayor contundencia, sin duda alguna, es el propio alcalde de Cartagena, Campo Elías, Terán. Desde su lecho de enfermo, el mandatario fue contundente al señalar que, cuando supo que su subalterna se disponía a suscribir los cuestionados Otrosíes, le advirtió "que no firmara eso; si usted lo hace, la boto". Para que no quedaran dudas sobre su posición, le dijo "que cuidado iba a hacer eso; no haga eso hasta cuando yo llegue porque tengo que averiguar; tengo que someterme a los dictámenes de la Ley".

Entonces, la pregunta que surge es: ¿cómo puede un acto ilícito, ilegal, inconveniente para la comunidad, basado en argumentos falaces, suscrito por una funcionaria a quien su jefe le ordenó reiteramente que no lo hiciera, producir los efectos que eufemísticamente denominan 'derechos adquiridos'?

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía ha dicho que si después de revisar jurídicamente el caso encontrara alguna ilicitud "procederíamos a establecer las acciones a fin de lograr la nulidad de estas actuaciones", pero al tiempo ha advertido que el nuevo Código Contencioso Administrativo no permite revocar de manera directa actos como el que se debate, "a menos que medie una aceptación por parte de los beneficiados".

Los beneficiados con la inopinada actuación de la desautorizada funcionaria: los socios de las empresas Promotora Ambiental Caribe y Urbaser Colombia, entre quienes -se dice - figuran reconocidos personajes de la farándula y la política local, no se dan por aludidos.

Aunque el dirigente gremial William Murra Babún y los voceros de varias veedurías ciudadanas interpusieron sendas quejas y denuncias sobre el caso,; no obstante que varios concejales han dicho públicamente que no están dispuestos a permitir que se produzca un nuevo saqueo a la ciudad; y a pesar de que los más importantes medios de comunicación del país tienen la lupa puesta sobre este hecho, los concesionarios de la recolección de las basuras de Cartagena persisten en su posición. 

Mientras tanto, en la Alcaldía continúan revisando jurídicamente el caso.