Fue por ello, luego de manifestar que "ya no confiaba ni en su sombra", que el alcalde limitó el monto de las contrataciones hasta la mínima cuantía a los secretarios de Despacho, directores de Departamentos Administrativos, director de la Escuela de Gobierno, gerente de Espacio Público y asesor de Servicios Públicos Domiciliarios, y concentró los procesos de mínima cuantía, licitaciones públicas, concursos de méritos y contratos por valor superior a cien salarios mínimos legales mensuales, así como la dotación de calzado y uniformes al personal administrativo y docente de la Secretaría de Educación, en el secretario General, Felipe Merlano de la Ossa.
De igual forma, delegó la suscripción de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de servicios técnicos, de capacitación y bienestar social, auxilios funerarios, dotación de uniformes, etc., en la directora de Talento Humano, Consuelo Gaitán de Medellín.
Y los contratos de suministro de combustibles, papelería, útiles de oficina, tiquetes aéreos, mantenimiento de inmuebles, servicio de vigilancia y aseo y gastos generales, en el director de Apoyo Logístico, Jair Tuñon Arroyo.
De acuerdo con fuentes estrictamente confidenciales, el alcalde tomó dicha decisión no solo tras conocer la experiencia negativa que se dio durante el gobierno anterior en varias dependencias, en las cuales se realizaron contrataciones en contravía de los intereses de la entonces mandataria ("sin que ella lo supiera -entre otras cosas -, nombraban a recomendados de los más acérrimos contradictores del gobierno", le dijeron a Terán) sino -además - porque algunos de sus propios funcionarios habrían abusado de su confianza.
Según las fuentes, algunos servidores públicos con capacidad para contratar "se pasaron de calidad" suscribiendo contratos en ocasiones con dudosos objetos; y otros se dedicaron a favorecer a ciertos sectores comunitarios o políticos "a espaldas del alcalde".
"Pero la tapa la pusieron en un departamento administrativo, donde estuvieron a punto de suscribir, amparados en el decreto de delegación suscrito en la Administración anterior, un inquietante convenio interadministrativo con la Universidad de Cartagena, por $10 mil millones, y parece que el alcalde supo que hasta tenían a unos consultores listos para dar el zarpazo", reveló a Metro.com uno de nuestros informantes.
"Lo que el alcalde busca" -aseguró - "es concentrar en tres funcionarios en quienes sí confía (Merlano, Gaitán y Tuñón) la mayor parte de la contratación, con el fin de evitar que le metan goles como le metieron a su antecesora y como, por lo visto, le metieron o quisieron meter también recientemente a él".