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En concreto, la inquietud que más se repite en las redes sociales y otros escenarios es si, bajo el amparo de la autonomía universitaria, unos funcionarios pueden escapar al control fiscal de la Contraloría, al control disciplinario de la Procuraduría, al control político del Congreso y al control social de la ciudadanía.

En el caso del debate a la actuación del rector de la UdeC, Germán Sierra, y su negativa a comparecer ante la plenaria de la Cámara, que lo citó como también lo hizo con la viceministra Patricia Martínez y el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, quienes sí asistieron, la pregunta es si los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 disponen algún tipo de fuero especial.

¿Qué dicen la Constitución y la Ley?

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 69, señala que "Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior".
 
Y la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, en su Capítulo VI, AUTONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, dispone en su artículo 28 que "La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional".

Y en su artículo 29, establece que "La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos. b) Designar sus autoridades académicas y administrativas. c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos. d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes. g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional".

Es claro que por ningún lado se determina, por ejemplo, que -amparado en tales normas - un jefe de compras, o un jefe de unidad de un centro de educación superior puede comprar por $7 millones 586 mil un computador portátil, o por $1 millón 900 mil una bombilla de video - beam, (<<< leer documentos), si en el mercado dichos artículos se consiguen por menor valor, y por mucho menos si las compras son al por mayor.

En general, no hay dudas de que, de ser cierto que en la UdeC se habrían realizado compras con sobrecostos cercanos a los $15 mil millones, o se hayan suscrito contratos con empresas no existentes; o se hayan fraccionado contratos; o se hayan vinculado docentes -de tiempo completo - a pesar de que también laboran de tiempo completo en otras instituciones estatales, entre otros hechos denunciados por el representante William García, éstos no podrían justificarse en lo determinado en las normas sobre autonomía. 

Espere -mañana - tercera parte "Autonomía Universitaria, ¿patente de corso para hacer y deshacer?"

La UdeC en los medios

Las acusaciones del congresista William García sobre hechos de corrupción en la UdeC fueron profusamente divulgadas por los más importantes medios de comunicación del país.

El magazín La Luciérnaga, uno de los de mayor audiencia, informó sobre el hecho en su tradicional tono humorístico:








        EDUCACIÓN
Tal como se indicó en este mismo portal (<<< leer), tras el debate sobre presuntas irregu- laridades en la Universidad de Cartagena -UdeC, convocado por la Cámara de Repre- sentantes, quedó planteado otro debate, en este caso sobre los alcances de la autonomía universitaria de que tratan el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.  

En efecto, luego de escuchar, por un lado, al representante William García Tirado denunciar supuestos sobrecostos, como los evidenciados en las compras de computadores portátiles por más de $7 millones cada uno, y de bombillos para video-beam por casi $2 millones cada uno; y por el otro, a congresistas como Her- nando Padauí, Alejandro Chacón y Carlos Andrés Amaya defender la actuación del rector de la UdeC al amparo de la citada autonomía, comenzaron a escucharse voces a favor de que las citadas normas sean aclaradas.
Denuncias por corrupción en la Universidad de Cartagena abren otro debate:
Autonomía  Universitaria,  ¿patente  de  corso 
para  hacer  y  deshacer? - II


Por su parte, el diario El Espectador publicó la noticia bajo el título "Corrupción ha arrojado pérdidas por $15 mil millones en universidad de Cartagena" (<<< leer).