:::Revista Metro::: Procuraduría deberá investigar contratos para el Sorteo del Mundial Sub

::.Síganos también en--.>

INICIO OPINIÓN POLÍTICA CONFIDENCIALES DEPORTES BOLÍVAR EMPRESAS

Cartagena

Siete hallazgos ad- ministrativos con al- cance disciplinario (lo que significa que, de quedar en firmes, de- berán compulsarse a la Procuraduría) es- tableció la Contralo- ría Distrital de Car- tagena en la audi- toría realizada a los contratos que por un valor total de $1.600 millones suscribió la Corporación de Tu- rismo de Cartagena para el desarrollo del xxxxxxx

HALLAZGOS N° 1

Durante el desarrollo a la evaluación de la gestión fiscal del convenio Interinstitucional N° 341 suscrito ente el Distrito de Cartagena, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER y la Corporación Turismo Cartagena de Indias por valor de mil seiscientos millones ($1.600.000), se pudo evidenciar que no se cumple con los requisitos previos de la justificación del objeto del convenio en cuento y en tanto se adolece de estudios previos por parte de las entidades intervinientes, que cumplan formal y sustancialmente los requisitos del artículo 3º del decreto 2474 de 2007, principio de planeación y el artículo 209 de la C.P., sin precisarse alcance y contenido de lo que sería el evento del sorteo del mundial de futbol sub - 20, como tampoco que este fuera un gasto prioritario y pertinente. Hallazgo Administrativo con alcance Disciplinario.

HALLAZGO N° 2

HALLAZGO N° 3

HALLAZGO N° 4

Durante el desarrollo a la evaluación de la gestión fiscal de los contratos celebrados en virtud del convenio Interinstitucional N° 341 suscrito ente el Distrito de Cartagena, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER y la Corporación Turismo Cartagena de Indias por valor de mil seiscientos millones ($1.600.000), la CTCI celebró cuatro contratos bajo el régimen de derecho privado, siendo una entidad sin ánimo de lucro, de participación mixta, donde el Distrito cuenta con la mayor participación en su patrimonio de constitución, siendo por tanto una entidad descentralizada indirecta del Distrito, que cumple servicios y funciones administrativas del ente territorial, orientadas al cumplimiento de su política de turismo, según su Plan de Desarrollo, por lo que había de sujetarse a la Ley 80 de 1993 en su contratación de de conformidad con el Art. 2, numeral 1, literal a) de la Ley 80 de 1993, pueda ser considerada como una "entidad estatal, por tanto se violó el régimen de contratación estatal, máxime cuando ejecuta recursos del presupuesto distrital. Hallazgo Administrativo con alcance Disciplinario.

HALLAZGO N° 5

Durante el desarrollo a la evaluación de la gestión fiscal del convenio Interinstitucional N° 341 suscrito ente el Distrito de Cartagena, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER y la Corporación Turismo Cartagena de Indias por valor de mil seiscientos millones ($1.600.000), se pudo establecer que el proyecto y el convenio antes señalado, no evidencian logros, ni alcance de indicadores en proporciones similares a la inversión, con relación a las estrategias del plan de desarrollo de "Una Sola Cartagena" a las que se acudieron y en las que se sustentó el convenio, como son las de la promoción de la ciudad como destino turístico en los mercados internacionales; ubicar la ciudad en destino turístico de clase mundial, y posicionar a la ciudad internacionalmente en este segmento importante para la generación de divisas e ingresos, y para el IDER fue la de convertir a la ciudad en capital nacional e internacional del Deporte. Hallazgo administrativo.

HALLAZGO N° 6

La CTCI celebró cuatro contratos bajo el régimen de derecho privado, siendo una entidad sin ánimo de lucro, de participación mixta, donde el Distrito cuenta con la mayor participación en su patrimonio de constitución, siendo por tanto una entidad descentralizada indirecta del Distrito, que cumple servicios y funciones administrativas del ente territorial, orientadas al cumplimiento de su política de turismo, según su Plan de Desarrollo, por lo que ha de sujetarse a la Ley 80 de 1993 en su contratación de de conformidad con el Art. 2, numeral 1, literal a) de la Ley 80 de 1993, pueda ser considerada como una "entidad estatal, por tanto se violó el régimen de contratación estatal, máxime cuando ejecuta recursos del presupuesto distrital. Hallazgo Administrativo con alcance Disciplinario.

HALLAZGO N° 7

Con la celebración del convenio Interinstitucional N° 341 suscrito ente el Distrito de Cartagena, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER y la Corporación Turismo Cartagena de Indias por valor de mil seiscientos millones ($1.600.000), se pudo establecer que se viola el Art. 78 del Decreto 2474 de 2008, reglamentario de la Ley 1150 de 2007 por cuanto el fundamento de los contratos o convenios interadministrativos, según esta norma, requiere que las relaciones interadministrativas que se puedan dar entre entidades públicas deben soportarse en una capacidad de contratación no solo desde el punto de vista formal sino evidentemente material, de lo contrario pueden resultar relaciones artificiosas para eludir los procesos de licitación, como en el caso que nos ocupa donde la Corporación Turismo Cartagena de Indias, se ocupó solo de adelantar procesos contractuales para que los bienes y servicios requeridos fueran ejecutados por terceros, utilizando además un régimen de contratación que no es el suyo, en los términos y alcance del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, de la ley 80 de 1993 articulo 2º y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y Consejo de Estado, en forma tal que cada entidad participante en el convenio debió emplear el régimen de Ley 80 de 1993. Hallazgo Administrativo con alcance disciplinario.

Contraloría asegura que Corturismo violó la Ley de Contratación

Procuraduría deberá investigar contratos para el Sorteo del Mundial Sub - 20

sorteo del Mundial de Fútbol FIFA 2011 Sub-20.

Según el análisis realizado, la violación al régimen de contratación estatal por parte de Corturismo es evidente, "máxime cuando ejecuta recursos del presupuesto distrital".

Los hallazgos

De acuerdo con las indagaciones de la Contraloría Distrital de Cartagena, revisados los expedientes de los contratos realizados es claro que "la falta de indicadores adecuados por parte de la administración y las expresiones utilizadas en la justificación del convenio de forma tan amplias y generalizadas no permiten delimitar el alcance y contenido de las mentadas estrategias y objetivos" contempladas en el plan de desarrollo del actual Gobierno, "lo que hacen imposible determinar sus logros como también conocer los efectos de esta inversión. Por lo que en este contexto, no hay máximos ni mínimos para evaluar y medir las metas alcanzadas, haciendo de paso difícil el ejercicio de una evaluación a los mismos".

Ante la ausencia de estudios previos en todos los casos analizados, lo cual es una grave omisión según la Ley de Contratación, no es posible determinar, de manera objetiva, como se impone en la administración de recursos públicos, "si esta era la forma menos costosa de realizar las intervenciones en los mismos para alcanzar los objetivos que se enuncian en el convenio".

Según el órgano de control fiscal, también se evidencia que las entidades que intervienen en el convenio "mediante el cual se gastan estos importantes recursos financieros" no tuvo en cuenta "cuál es la prioridad del gasto público social en el ente territorial, entendido este como aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población".

En su informe, suscrito por el contralor Hernando Darío Sierra Porto, la Contraloría advierte que "los estudios previos del Convenio, a cargo de las partes intervinientes en el mismo (Distrito - IDER), adolecen de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 3º del decreto 2474 de 2008, toda vez que, conforme a esta normatividad de contratación estatal, toda decisión de comenzar un proceso de contratación debe estar precedida de la planeación, la cual empieza a partir del momento en que la entidad estudia y evalúa la forma de satisfacer una necesidad específica en cumplimiento de sus fines constitucionales y de la Función Pública, lo que no está justificado en este caso, pues es insuficiente citar en el documento del estudio previo xxxxxxxxxxx

las normas sobre los procedimientos contractuales, sino que se hace indispensable enmarcar el gasto en la función pública especifica, competencias y responsabilidades constitucionales y legales del bien o servicio a contratar, dirigido este, siempre, a satisfacer el interés general y a cumplir con los programas trazados en el Plan de Desarrollo".

Otra de las irregularidades encontradas es que en el convenio investigado tampoco se cumplió, "ni en forma explícita ni implícita, el principio de eficiencia del gasto, que exige tener en cuenta conceptos propios del gasto publico social, como buscar soluciones al menor costo y que produzcan el mayor beneficio; conceptos que se fundamentan en la idea de buscar la solución del problema a menor costo, pero no sólo económico sino también social, es decir, de generar un beneficio colectivo".

Para el órgano de control, "no hay una fundamentación de hecho y de derecho que explique y justifique ninguno de los anteriores aspectos", y, por el contrario, lo que es evidente es que "se aprovecha un evento que podía darse en cualquier otra ciudad, para dar una denominación a un proyecto de inversión que se formula ante esta coyuntura, lo que habla en forma negativa de la planeación de los proyectos para alcanzar las metas del Plan de Desarrollo".

Para la Contraloría, es aún más grave el caso del IDER, que aporta recursos por $300 millones sin que el evento sea en sí deportivo, "aunque sea el lanzamiento de un evento deportivo".

Los auditores le dan la razón a quienes cuestionan los desmesurados gastos cuando dicen que es inaceptable que no se haya acudido a una "fuente formal como el mercado u otra similar que dé certeza sobre el monto del convenio como al igual de los contratos que se celebraron". Según ellos, se pudo constatar que "no existe estudio de precios de mercado que permitiera saber sobre el justo precio de lo que se contrataba y pagaba por dichos bienes y servicios, lo que es violatorio de los principios de la función administrativa del Estado, artículo 209 de la Constitución Política y el Decreto 2474 de 2008, artículo 3º."

Para la Contraloría, la Corporación de Turismo "desconoció el estatuto contractual de la administración pública", al realizar una "convocatoria privada con el objeto de contratar los servicios de conceptualización, diseño, creación y coordinación del evento sorteo oficial de los países clasificados del Mundial de Futbol Sub-20".

Tweet to @RevistaMetro