junta directiva de Transcaribe que actuaran con mesura ante la gravedad de la suspensión del tramo 5-A, la cual, según reconoció el representante del ministerio de Transporte, Juan Gonzalo Jaramillo, "es una situación muy difícil".
Tras escuchar las justificaciones del gerente de Transcaribe, José López Amarís, a su propuesta de rescindir unilateralmente el contrato para la ejecución de las obras del tramo Bazurto - Pie de la Popa, varios de los concejales asistentes recomendaron revisar muy bien los escenarios presentados y, concretamente, los pros y los contras que podrían darse en un proceso jurídico con los contratistas.
Apoyado en la jefe de la Oficina de la entidad, Ercilia Barrios, el ingeniero habló de la necesidad de dar por terminado el contrato, ya que, en la práctica, los responsables de la obra "la habían abandonado".
"Más vale un mal arreglo que un buen pleito": Dáger Lequerica
Al advertir los riesgos de liquidar unilateralmente el contrato con el consorcio que adelanta las obras del tramo 5-A de Transcaribe, el concejal liberal David Dáger recordó que, lamentablemente, "los procesos jurídicos son perdidos casi siempre por los gobiernos".
Para Dáger, no es claro que se pretenda actuar -desde la gerencia de Transcaribe - de manera unilateral, cuando los contratistas habían ofrecido liquidar el contrato de común acuerdo y "siempre será mejor un mal arreglo que un buen pleito", sobre todo cuando, como en este caso, las consecuencias que este tendría en términos de costos y de retraso de obras "son incalculables e impredecibles".
El concejal recordó que el Distrito tiene el compromiso de entregar el sector "sin vendedores estacionarios, particularmente el solobús", lo cual, por haberse incumplido, podría ser un as que tendrían los contratistas bajo la manga.
"Hay que revisar los procedimientos de la liquidación": Guerra Varela
Por su parte, el concejal conservador Antonio Quinto Guerra Varela sugirió insistir en la búsqueda de una salida concertada al impasse presentado, para lo cual recomendó "revisar con mucha atención, detallada y responsablemente, el proceso de liquidación" que se ha propuesto.
Según Guerra Varela, quien además es un reconocido abogado especializado en Derecho Administrativo y Alta Gerencia, "lo recomendable es propiciar un diálogo entre las partes y, si es del caso, buscar una fórmula que permita liquidar de manera bilateral el contrato". En caso extremo -acotó - que se sometan las diferencias a un tribunal de arbitramiento.
"Hay una serie de compromisos adquiridos por la Administración, como el cambio de unos diseños, el desalojo de los sectores invadidos, entre otros", señaló el concejal, "que obliga a pensar que la fórmula del mutuo consentimiento es la más recomendable".
Al término de la reunión, Guerra aclaró a este medio que los concejales participaron fue de una reunión informal con el alcalde y otros miembros de la junta directiva de Transcaribe, la cual se llevó a cabo antes de la reunión formal realizada poco después. "Esto" -aclaró - "para que no haya lugar a equívocas interpretaciones, ya que somos conscientes de que no podemos ir más allá de lo que son nuestras atribuciones legales y constitucionales; por eso siempre hablamos de sugerencias; serán ellos quienes, en últimas, tomen las correspondientes investigaciones".