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Al día siguiente de su posesión, tras señalar públicamente que "estamos definiendo la planta administrativa y lo concerniente al día a día porque es necesario organizar la casa para poder comenzar a trabajar en cada uno de los problemas que presenta la ciudad", el alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, se reunió con su secretaria privada, Marcela Ariza, su secretario general, Carlos Coronado, y su asesor jurídico, Jaime Ramírez. Pero antes había asistido a un desayuno con los miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio, con quienes habló -según habría decir esa misma tarde - "sobre su propósito de trabajar para sacar a Cartagena adelante y reafirmarles que ellos son muy importantes para el desarrollo de la ciudad".

Durante ese encuentro, de acuerdo con una fuente de alta fidelidad, el director ejecutivo de la importante institución, el oficial en retiro Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres, le habría hecho varias sugerencias a Vélez, particularmente para la implementación de un buen gobierno. Lo que no le dijo fue que, pocas horas antes, había suscrito con el exalcalde designado, Carlos Otero, un convenio de asociación: el número 001 de 2013 - por $2.400 millones, para la "elaboración de estudios de diseño constructivo y modelo de gestión integral para el centro de eventos y ferias de Cartagena".

Y menos dijo -eso se habría de develar después - que dicho acto administrativo aparecía con tres fechas distintas, no contaba con asignación presupuestal, y tenía un sello notarial fechado el 12 de julio no obstante que, según el documento, este fue suscrito el 16 de julio -según un folio - o el 17 del mismo mes - según otro, entre otra serie de inconsistencias o, como creen ya varios veedores y algunos dirigentes gremiales, serias irregularidades.

De acuerdo con las indagaciones realizadas por varios analistas, el convenio tiene varias fechas porque, luego de haberse suscrito, asesores de la Alcaldía o de la Cámara habrían caído en cuenta que el gobierno nacional había promulgado y publicado el Decreto 1510 del 17 de julio de 2013, "por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública", el cual contempla varias disposiciones que el convenio no cumpliría. Por ello -se supone - aparece un folio con una fecha anterior a la del citado decreto. Es claro que, para cualquier investigador sagaz, si un mismo convenio, con idéntica asignación de identificación: la número 092362, aparece con dos fechas distintas, se está ante una irregularidad que podría tipificarse como falsedad en documento público.

Grave -además - que un documento suscrito el 16, o el 17, de julio, aparezca con un sello de autenticación notarial fechado varios días antes. Aquí, por lo que se ve, podría estarse ante otra falsedad.

Para el dirigente gremial William Murra Babún, además de los anteriores hechos, es grave que "en ninguna de las dos hojas fechadas con 16 y 17 de julio aparece la asignación presupuestal, requisito indiscutible para que el acto administrativo sea legal o por lo menos tenga validez", como le habría de decir al alcalde Dionisio Vélez en carta a la cual tuvo acceso Metro.com.

En su misiva, Murra reconoce que Vélez "no tiene velas en el entierro, pero desafortunadamente la Administración es una sola y, como quiera que este caso lo conocen la prensa y los gremios de la Ingeniería, lo más sensato es que sea su Administración la que resuelva las inquietudes y, si es del caso, llegar a un acuerdo con la Cámara de Comercio de Cartagena para abortar el convenio".

Sobre el particular también se ha pronunciado la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar -SIAB, cuyo presidente, Alfredo Pineda Corena, se manifestó "totalmente de acuerdo con William", y dijo que, por lo visto "apareció otro competidor para las firmas de ingeniería locales, que además tributan y pagan registros mercantiles bien costosos. Esto es competencia desleal. Valdría la pena averiguar si la Cámara de Comercio, en sus estatutos y objetivos, tiene la contratación de "Elaboración de estudios de diseño constructivo...", etc., para lo cual debe contar con un departamento especializado en el tema; o hará lo mismo: contratar un supervisor del convenio y este a su vez contrata ingenieros y arquitectos a sueldos de hambre y hacen un diseño conceptual que no reúne las condiciones de ser un proyecto nivel 3".

La presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros -ACIEM, Lucy Rico, también expresó sus críticas al mencionado convenio, tras lo cual manifestó que "ojalá la carta del doctor Murra le llegue oportunamente al señor alcalde. Debemos seguir siendo vigilantes de la transparencia en la contratacion y defensa de las ingenierías".

"Las ías deben investigar": veedores

El presidente del movimiento ciudadano Frente Contra la Corrupción, Milciades Garcés Argel, cuestionó la decisión del saliente alcalde de "suscribir en la sombra un convenio abiertamente ilegal". En similares términos se refirió al hecho el director de la Red de Veedurías Ciudadanas de Cartagena, Eduardo Ugarriza Fontalvo, quien -además - manifestó que dicho acto administrativo debe ser investigado por los órganos de control.





















sobre las cuales las partes han guardado silencio, el convenio y su acta de inicio serán puestos en conocimiento de la Procuraduría.

lo cual tiene indignados a los gremios de la ingeniería de la ciudad.


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        CARTAGENA
El acta de inicio fue firmada por Otero poco antes de dejar el cargo
Convenio de la Cámara de Comercio con la Alcaldía, plagado de inconsistencias

Curiosamente existen dos actas de inicio: una fechada el 16 de julio, y otra un día después: el 17. Sólo la primera tiene el visto bueno del supervisor del convenio.
El exalcalde designado, Carlos Otero, suscribió con la Cámara de Comercio un convenio de asociación por $2.400 millones para "elaboración de estudios de diseño constructivo y modelo de gestión integral para el centro de even tos y ferias de Cartagena", lo cual tie ne indignados a los gremios de la inge- niería de la ciudad. Con tres fechas distintas y otra serie de inconsisten- cias sobre las cuales las partes han guardado silencio, el convenio y su acta de inicio serán puestos en conocimiento de la Procuraduría.

A dirigentes gremiales y veedores les llama la atención que el docuemnto supuestamente se haya firmado el 16 o el 17 de julio, pero haya sido autenticado varios días antes: el 12 de julio de 2013.